III. Descripción Institucional y Organización del Sistema de Justicia
1. Estructura y funcionamiento
global del sistema judicial
La mayor parte del poder judicial de los Estados Unidos descansa en los
tribunales estatales, que existían antes de la aprobación de la Constitución de
los EE.UU. en 1787. El Artículo III de la Constitución confiere el “Poder
Judicial de las Estados Unidos” (se refiere al poder judicial del gobierno
nacional o federal) a la Corte Suprema de los EE.UU. y a otros tribunales que se
pudieran establecer por decisión del Congreso. El Artículo III también enumera
los tipos de causas (la jurisdicción) que podrían gestionar los tribunales
federales (por ejemplo, aquellas que surjan del derecho federal), con la
autorización del Congreso. Con excepción de la jurisdicción que confiere el
Congreso a los tribunales federales, las controversias, de acuerdo a esta
disposición constitucional, son de jurisdicción de los tribunales estatales. Sin
embargo, en algunas zonas tanto los tribunales estatales como federales tienen
jurisdicción sobre las mismas.
La Corte Suprema de los EE.UU. acoge las apelaciones de los tribunales federales
y de los tribunales estatales, cuando la causa está relacionada con el derecho
federal. Por ejemplo, un acusado de delito en un estado, podría denunciar que
cuando el tribunal estatal lo declaró culpable de violar el derecho penal
estatal, lo privó de un derecho regido por la Constitución federal, interpretado
por la Corte Suprema de los EE.UU. (Por ejemplo, podría argumentar que el
tribunal estatal no honró su derecho federal de contar con un abogado en un
proceso penal.) En los Estados
Unidos, como en otros países de derecho consuetudinario, los tribunales aplican
el derecho como lo establecen sus constituciones, estatutos promulgados por
asambleas legislativas y decisiones anteriores de los tribunales. Los fallos de
los tribunales de apelación son “precedentes” con los cuales los tribunales
inferiores deben cumplir al fallar causas similares. Más aún, los tribunales de
primera instancia y los tribunales de apelación juegan roles distintos. Los
tribunales de primera instancia deciden cuáles son los verdaderos hechos en una
controversia, y luego aplican el derecho a aquellos hechos para tomar una
decisión. Los tribunales de apelación casi siempre aceptan los hechos tal cual
los declaran los tribunales de primera instancia. El papel de los tribunales de
apelación consiste en determinar si el tribunal de primera instancia aplicó
adecuadamente el derecho a los hechos.
Los tribunales de los Estados Unidos ejercen el poder de “revisión judicial”, en
otras palabras, el poder de decidir si un estatuto de la asamblea legislativa o
acto de una autoridad ejecutiva viola la constitución de la jurisdicción. La
“revisión judicial” está más comúnmente asociada con la Corte Suprema de los
EE.UU., la cual en el famoso caso de Marbury v. Madison de 1803, declaró
inconstitucional una disposición menor de una ley de 1789, que establecía los
tribunales federales. Sin embargo, todos los tribunales tienen autoridad. Los
tribunales estatales, en particular las cortes supremas estatales, ejercen el
poder de revisión judicial respecto a sus constituciones estatales. Los
tribunales federales así lo hacen respecto a denuncias sobre acciones federales
o estatales que violan la Constitución federal, aunque tales decisiones están
sujetas a revisión por parte de tribunales federales superiores, incluyendo la
Corte Suprema. Algunos tribunales
estatales también emiten “opiniones consultivas” respecto a la
constitucionalidad de las acciones propuestas por las asambleas legislativas
estatales o autoridades. Sin embargo, los tribunales federales sólo fallan sobre
lo que la Constitución llama “casos o controversias”, es decir, conflictos que
surgen al margen de las acciones tomadas por las partes.
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