SANTA LUCÍA

I. Datos Generales del País

 Santa Lucía es un país, que comprende una isla ubicada entre el mar Caribe y el Atlántico, al norte de Trinidad y Tobago. Tiene una superficie total de 616 kilómetros cuadrados[1]. De acuerdo con CEPAL, la población del país a mediados de 2009 era de aproximadamente 169.000 habitantes. De acuerdo con la misma fuente, esa cifra representó un incremento del 1,12% en el número de habitantes para el período 2005-2010[2]. En 2010, un 26% de sus habitantes era menor de 14 años, 35,8% tenía entre 15 y 34, 19,5% entre 35 y 49 años, un 11,4% tenía entre 50 y 64 años, y 7% tenía más de 65 años[3].

En 2008 un 28% de la población vivía en áreas urbanas [4]. En 2005 28,8% del total de la población vivía por debajo de la línea de pobreza, y 1,6% era indigente.

El país está ubicado en el lugar 69 en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas (2009), y está incluido en el grupo de países de un nivel de desarrollo humano alto[5]. El coeficiente Gini para 2006 era 0,42[6]. En 2007 la tasa de desempleo era de 13,95% [7], y en 2001, 94,8% de la población mayor de 15 años sabía leer y escribir[8].

De acuerdo al Banco Mundial, el Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2008 era de US$ 1.018 millones, un 19,8% mayor a 2005. El PIB per cápita ese mismo año era US$ 6.109, un 15,9% más alto que en 2005[9]. En tanto, el PIB per cápita en 2008, basado en paridad de poder de compra, fue US$ 11.300[10].

II. Hechos relevantes del sistema judicial

• La Real Fuerza de Policía de Santa Lucía (Royal Saint Lucia Police Force) contaba con 826 oficiales en 2008.

• Se han hecho varias reformas a las Reglas de Procedimiento Criminal (Criminal Procedure Rules) en 2008 y 2009. Las funciones de los magistrados (Magistracy) están ahora concentradas en las Audiencias Suficientes (Sufficiency Hearings), y en el acceso del ciudadano a la justicia que aumentó gracias a la Ley de Corte de Distrito (District Court Act), la Ley de Código Criminal (Criminal Code Act), y las Reglas de la Suprema Corte (Supreme Court Rules). Finalmente, se establecieron limitaciones de tiempo a efectos de hacer más rápido el proceso judicial.

• En 2008 el Ministerio de Justicia tenía 165 empleados, el 12,7% de los cuales estaban bajo contrato. Ese mismo año, el presupuesto del Ministerio de Justicia y el Procurador General (Attorney General) era EC$12.598.233, lo cual representa un incremento de 26.4% respecto del 2006.

• De acuerdo al reporte anual del Banco Mundial acerca del Cumplimiento de Contratos (2009), el promedio de tiempo para hacer efectivos los términos de un contrato, desde la presentación del mismo hasta la recepción del pago, fue de 635 días.