República Dominicana[1]

I. Datos Generales del País

República Dominicana es un Estado unitario compuesto por 31 provincias y un Distrito Nacional. Su superficie total es de 48.730 Km2. Según el World Factbook de la CIA, la población del país a julio 2008 es de 9.650.054 habitantes [2]. Según proyecciones de CEPAL, para el año 2010, el 68,56% de la población residirá en zonas urbanas y un 31,44% en zonas rurales [3]. La misma fuente estima que para el 2010 el 31,4% de la población pertenecerá al grupo de 0 a 14 años; 34,5% al de 15 a 34 años; 17,5% de 35 a 49; 10,5% entre 50 a 64, y 6,1% tendrá más de 65 años [4]. La esperanza de vida al nacer entre 2005-2010 es de 69,2 años para los hombres y 75,5 años en el caso de las mujeres. Para ambos sexos, el promedio alcanzaría los 72,2 años[5].

Se calcula que en 2007, el 44,5% de la población nacional se encontraba bajo la línea de pobreza, distribuyéndose un 43% en las zonas Urbanas y 47,3 % en las Rurales, mientras que un 21,1% era considerada indigente[6]. República Dominicana ocupa el puesto 91 en el Índice de Desarrollo Humano 2008, con un nivel de desarrollo medio y subiendo 3 puestos en relación a 2005 [7]. El país posee un nivel de desigualdad en los ingresos y gastos (Gini) que lo ubica en el lugar número 79 [8]. Para el mes de abril del año 2008 se registró una tasa de desempleo de 14,%[9]. Se estima que para el año 2010, 12,9% de la población mayor de 15 años será analfabeta [10].

El Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes de mercado el año 2008 fue de US$ 45.522 millones, que se traduce en un incremento de 10,9% y 35,7% en comparación al 2007 y 2005 respectivamente[11]. El Producto Interno Bruto per cápita a precios corrientes de mercado en el mismo año fue de US$ 2.370, esto es, un aumento de 9,41% y 24% respecto del año 2007 y 2006.

II. Hechos relevantes del sistema judicial

• Se establece la Ley 13-07 del 5 de febrero de 2007, que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.

• El Poder Judicial crea el Centro de Mediación Familiar, con el fin de llegar a acuerdos mediante el dialogo directo entre las partes en conflicto y que al homologarse en los tribunales adquieran la fuerza de las sentencias.

• Se modificó la Ley No.108-05, Ley sobre Registro Inmobiliario, mediante la ley No. 51-07 de fecha 23 de abril de 2007.

• Se establece por la Suprema Corte, la Resolución No.3687 de fecha 20 de diciembre de 2007. Esta norma dispone la adopción de reglas mínimas de procedimiento para obtener las declaraciones de la persona que es menor de edad, ya sea victima, testigo o co-imputado en un proceso penal ordinario.

• Se promulgó la Ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, No. 53-07 de fecha 23 de abril de 2007.

• El Poder Judicial, implementó el Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB), con el fin de asegurar el acceso rápido, gratuito y seguro a la administración de justicia.

• Se promulga la Ley No. 52-07 del año 2007, que modifica los artículos 174, 176, 178, 181, 187, 192, 194, 195, 197 y 198, de la Ley No.136-03 del 2003, El Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

• Con fecha 4 de abril de 2007, entró en vigencia la Ley No.108-05 sobre Registro Inmobiliario y sus reglamentos complementarios.

• Se dictó la Ley de Arbitraje Comercial Nº 489- 08 del año 2008.

• Con el establecimiento de la Resolución No. 1738-2006, se estatuye y reglamenta el mecanismo del artículo 422 del Código Procesal Penal, aplicable a la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, en ocasión del recurso de apelación, que permite ordenar un nuevo juicio ante un tribunal distinto del que dicto la decisión.

• Se determina la Implementación de políticas de género por parte de la Suprema Corte de Justicia, por medio de la Resolución 3041-2007 del 1ro. de noviembre de 2007.

• Se produjo, durante el año 2007, la creación de la Comisión de Cárceles: conformada por tres defensores públicos y cuya función es propiciar acuerdos, velando por las condiciones de alojamiento en los recintos carcelarios y promover los estándares mínimos de detención establecidos internacionalmente. Este proyecto fue apoyado por la Defensa Pública de Argentina.

• La Suprema Corte de Justicia por Resolución No.1029-2007, del 3 de mayo de 2007, reglamenta los Procedimientos de Resolución Alterna de Conflictos Penales establecidos en la Ley No. 76-02, que crea el Código Procesal Penal.

• Se pone en funcionamiento la Oficina de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial (OAIP-PJ), la cual está diseñada para atender las solicitudes de los ciudadanos e instituciones respecto a asuntos administrativos del Poder Judicial, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública.

• Se crea el Centro de Información y Orientación Ciudadana (CIOC), con el propósito de proporcionar a los usuarios las informaciones y orientaciones necesarias para la solución de su situación judicial.