III. Descripción Institucional y Organización del Sistema de Justicia

2. Poder Judicial

2.1 Estructura institucional [17]

2.1.1. La Corte Suprema de Justicia (Supreme Court of Judicature)

La Constitución de Trinidad y Tobago, en su artículo 99, establece que habrá una Corte Suprema de la Judicatura “Supreme Court of Judicature,” la cual estará constituida por la Corte Superior “High Court of Justice” y la Corte de Apelaciones “Court of Appeals”.

La Corte Superior es un tribunal superior de registro y salvo en los casos previstos por el Parlamento, tendrá todas las atribuciones de ese tribunal, incluidas las facultades que se confieren a la Corte Suprema de Justicia de Trinidad y Tobago[18]. Conoce de asuntos penales, asuntos de la familia en el que las partes están casadas y asuntos civiles por montos superiores al límite de TT$15.000,00.

En materia de integración, la Corte Superior se compone por el Presidente de la Corte y la cantidad de Jueces Superiores (puisne judges)[19] que la ley establezca (20 jueces tanto de materia penal, civil y matrimonial).
 

La Corte de Apelación o “Court of Appeals,” está compuesta por un juez que la preside y tantos jueces de corte como la ley determine, llamados Justices of Appeal[20]. Conoce las apelaciones de la Magistratura y la Corte Superior y las apelaciones de este tribunal van al Consejo Privado, en Inglaterra, a veces de pleno derecho y en ocasiones, con autorización de la Corte de Apelación.

2.1.2. El Consejo Privado (The Privy Council) [21]

La última instancia de apelación en el sistema judicial de Trinidad y Tobago es el Consejo Privado. El cual es uno de los elementos más antiguos del gobierno inglés, se remonta a los primeros días de la Monarquía cuando sus integrantes estaban para asesorar sobre asuntos de Estado. Con el tiempo ha ido adaptándose con el fin de reflejar que el Reino Unido es una monarquía constitucional. El nombramiento de los miembros de este Consejo Privado es de por vida, pero sólo los ministros del Gobierno participan en su política de trabajo.

El Consejo Privado, se reúne periódicamente una vez al mes. La mayoría de sus asuntos son resueltos en la discusión entre sus miembros y los departamentos gubernamentales que lo asesoran.

Las reuniones se informan en la Circular de la Corte, junto con los nombres de los ministros que deben asistir, generalmente cuatro. Las resoluciones efectuadas en cada reunión del Consejo son de dominio público, y cada una lleva la fecha y el lugar en la que se realizó.

2.1.3. Corte Caribeña de Justicia (Caribbean Court of Justice) [22]

La Corte Caribeña de Justicia (CCJ), es un tribunal judicial regional establecido el 14 de febrero de 2001 por el Convenio Constitutivo de dicha Corte. El acuerdo fue firmado en esa fecha por la Comunidad del Caribe (Caricom), que incluye los estados de: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suriname y Trinidad y Tobago. Posteriormente, se le sumaron en el 2003 Dominica y San Vicente y las Granadinas. La CCJ fue inaugurada el 16 de abril de 2005 en Puerto España, Trinidad y Tobago. Tuvo un largo período de gestación, que comenzó en 1970, cuando la delegación de Jamaica en la Sexta Conferencia de Jefes de Gobierno, que se reunió en Jamaica, propuso la creación de un Tribunal de Apelación del Caribe en sustitución del Consejo Privado del Reino Unido.

A pesar que Trinidad y Tobago forma parte de dicha Corte, la misma no está siendo utilizada aun por el país, por lo que siguen utilizando el Consejo Privado; sin embargo, la Ley 6 -2008[23], de fecha 27 de mayo de 2008, busca la implementación por parte del Gobierno de la República de Trinidad y Tobago del Acuerdo constitutivo de la Corte Caribeña de Justicia.

2.1.4. La Magistratura Inferior (the Magistracy).

La Magistratura se divide en 13 distritos, en materia civil se ocupa de los asuntos civiles que implican sumas inferiores a TT$15.000,00[24]. En materia penal, ejerce jurisdicción sumaria en asuntos penales y escucha las investigaciones preliminares en materia de acusación y determina si es una cuestión que debe conocer un Tribunal de lo Penal “assizes court”[25].

Está compuesta por un (1) Magistrado presidente (chief magistrate); un (1) magistrado adjunto (deputy magistrate), trece (13) Altos Magistrados (senior magistrate), veintinueve (29) magistrados.

Para el nombramiento de un magistrado es necesario un mínimo de cinco (5) años como abogado.

2.2 Gobierno y gerencia

El Presidente de la Corte Suprema, tiene la responsabilidad general de la administración de justicia en Trinidad y Tobago y encabeza el Poder Judicial. Asimismo, cuenta con la colaboración Departamento Administrativo que se detalla a continuación.

2.2.1. Departamento de Administración de Tribunales (Department of Court Administration )

El Departamento presta servicio al Poder Judicial creando y manteniendo registros precisos, además de suministrar apoyo en los asuntos administrativos, con el fin de asegurar una justicia ágil y efectiva.

En los últimos nueve años, el departamento, ha trabajado en proyectos para reformar el sistema judicial, estas proyectos incluyen, la introducción de un nuevas reglas para el procedimiento civil; suministro de nuevas soluciones tecnológicas para mejorar las funciones de la cortes, incluyendo la grabación de audio y video en las audiencias; modernización de la infraestructuras; entre otras.

2.2.2. Sistema de nombramiento

Las secciones 102 y 104 de la Constitución de Trinidad y Tobago establecen los procedimientos para el nombramiento de los funcionarios judiciales.

El Presidente de la Corte Suprema (Chief Justice) es nombrado por el Presidente de la República, previa consulta con el Primer Ministro y el Líder de la Oposición[26]. Mientras que los funcionarios judiciales, como los jueces de apelaciones (justices of appeal), jueces y maestros de la Corte Superior (High Court Judges and Masters of the High Court), miembros de la Magistratura, son nombrados por el Presidente con la asesoría de la Judicial y Legal Comisión de Servicios (Judicial and Legal Services Comisión).

Para calificar para el nombramiento de un Juez de la Corte Superior, el candidato debe tener al menos diez años de ejercicio como abogado. Los jueces de la Corte Superior con más de tres años en ese puesto, así como los abogados con más de quince años de ejercicio son elegibles para formar parte de la Corte de Apelaciones. Los candidatos para Maestros de la Corte Superior[27] deben tener un mínimo de siete años ejerciendo el derecho, mientras que los candidatos a la Magistratura deben ser abogados por al menos cinco años.

Tanto el Presidente de la Corte Suprema como todos los demás jueces, son inamovibles y pueden ocupar sus cargos hasta la edad de 65 años, excepto si presenta mala conducta. Todos los demás funcionarios judiciales y jurídicos permanecerán en sus funciones durante un período de buena conducta hasta la edad de 60 años.

2.3 Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información

El Freedom Information Act[28] o Ley de libertad de información, que entró en vigencia el 20 de febrero de 2001, incluye los principios de transparencia, rendición de cuentas y de acceso a la información.

La Ley determina que la ciudadanía tiene derecho a una clara comprensión de la labor de todos los poderes públicos; por lo que tienen derecho a saber todo lo que hacen, dándoles acceso a sus registros. En ese orden, el Poder Judicial de Trinidad y Tobago, a través de su página Web posee información sobre su funcionamiento, composición, reportes anuales y discursos del presidente.

Respecto a la accesibilidad de la información judicial en Internet, de acuerdo a estadísticas del estudio realizado por CEJA en 2009, se reveló que el índice de acceso a la información de los tribunales de justicia del Poder Judicial de Trinidad y Tobago descendió de un 37,1% y un catorceavo lugar en el 2006 a un 24,11%[29] y un vigésimo noveno lugar.

2.4 Asistencia jurídica

En 1976 se promulgó la ley sobre asistencia jurídica de la República de Trinidad y Tobago (Legal Aid and Advice Act), posteriormente modificada por la Ley 18-1999. Dicha ley tiene como propósito proporcionar asistencia legal personas de escasos recursos económicos.

2.5 Proyectos de reformas

Según el Reporte anual 2006-2007, del Poder Judicial de Trinidad y Tobago[30], se contemplan los siguientes proyectos:

• Desarrollar un plan estratégico para la modernización judicial

• La instalación de nuevos tribunales con audio digital y el consiguiente empleo de los recursos para garantizar el eficiente registro y notificación de los procedimientos judiciales

• Aplicación de la política de gestión de registros sobre la creación, presentación, almacenamiento, recuperación, conservación y eliminación de expedientes judiciales y el empleo de los recursos correspondientes a la gestión eficiente del proceso

• El establecimiento de un sistema de archivos

• Establecimiento de centros de servicio al cliente en todos los tribunales

• Desarrollo de la Unidad de Recursos Humanos para que sus respuestas para las necesidades del poder judicial en cuanto a los Recursos Humanos sea efectiva.

2.6 Movimiento de causas

Un total de 6.671 casos fueron conocidos ante la Corte de Familia (Family Court) durante el periodo agosto 2006 a julio 2007. Durante este mismo período 4.234 fueron conocidos en el Magistratura y 2.437 fueron conocidas por la Corte Superior.