BOLIVIA[1]

I. Datos Generales del País

 Bolivia se divide política y administrativamente en nueve departamentos, 112 provincias y 327 municipios [2].  Su capital es Sucre. Según proyecciones de la CEPAL, a mediados del 2009 la población total del país habría ascendido aproximadamente a 10.227.000 habitantes[3]. Según cifras del Banco Mundial, la tasa de crecimiento de la población al año 2007 era de 1,7%[4]. Para el mismo año, un 65% de la población vivía en zonas urbanas[5] . Por otro lado, durante el 2008, la población indígena en zonas rurales fue de 4.665.880[6] .

Al año 2007, aproximadamente un 54% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y un 31,2% bajo la línea de indigencia, lo que implica una disminución de un 9,9% y un 3,5%, respectivamente, en comparación al año 2004 [7].

Para el año 2009, Bolivia ocupó el puesto 113 en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD [8]. El Índice de Gini correspondiente al año 2007 es de 0,565[9]. La tasa de desempleo urbano durante el 2007 fue de 7,7% [10].

El Producto interno bruto (PIB) total en 2008 fue de US$ 16.674 millones a precios constantes de mercado, con una tasa de variación del 6,1% (porcentaje sobre la base de cifras en dólares a precios constantes de 2000). El Producto Interno Bruto per cápita del año 2008 fue de US$ 1.662 [11] .

II. Hechos relevantes del sistema judicial

• Luego de ser aprobada en el referéndum del 25 de enero del 2009, el 07 de febrero de 2009 fue promulgada y entró en vigencia la Nueva Constitución Política del Estado, la que modifica íntegramente la composición el Poder Judicial y los órganos que integran el sistema judicial de Bolivia.

• Una de las principales innovaciones de la Nueva Constitución Política del Estado se refiere a las funciones jurisdiccionales y de competencia indígena originaria campesina, la cual es ejercida por sus propias autoridades, en aplicación de sus propios valores culturales, principios, normas y procedimientos, respetando los derechos a la vida, a la defensa, y demás derechos contenidos en la Constitución[12] .

• El presupuesto aprobado del Poder Judicial para el año 2007 fue de US$ 47 millones, cifra mayor al 2003 en un 2,2% [13].

• En el 2007 se da una nueva orientación institucional al SENADEP en el en el marco de las políticas y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, para así ocupar un rol protagónico en la transformación del sistema de justicia penal[14] .

• Se da inicio por parte del Inspector General del Ministerio Público al primer proceso de evaluación de los Fiscales de Materia de la primera convocatoria interna y de la primera convocatoria externa de acceso definitivo a la carrera fiscal, lo que marca un hito en la consolidación de la Carrera Fiscal, toda vez que de esta forma se garantiza la permanencia de los Fiscales de Materia sujetos a evaluación al interior del Ministerio Público[15] .

• El presupuesto del Ministerio Público para el año 2008 fue de Bs$111.980.176 de bolivianos, un 15% más que en 2006.

• En 2009, Bolivia ocupó el lugar 19 en el Índice Global de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet publicado por CEJA, con un índice de 36%, lo que implica una disminución de 10 lugares respecto al índice 2006[16] .

• El presupuesto ejecutado de la Policía Nacional en 2008 fue un 14,3% superior al de 2005[17].

• En 2008 la Policía Nacional de Bolivia contaba con 34.548 efectivos, o sea, 16,41% más respecto con 2007[18].

• En 2008, la población penitenciaria alcanzó a los 7.433 internos, lo cual implicó un aumento de aproximadamente un 16,7% respecto a 2005. La tasa de privados de libertad cada 100.000 habitantes fue de 74[19].

• El 10 de diciembre de 2008, se promulga mediante Decreto Supremo el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2009-2013), diseñado por el gobierno. Se trata de un instrumento público por medio del cual Bolivia asume, como política de Estado, el respeto, la garantía y la promoción del ejercicio de los derechos humanos en los niveles nacional, departamental, regional, municipal e indígena. el Plan contempla las normas nacionales e internacionales pertinentes; las recomendaciones efectuadas al Estado boliviano por organismos internacionales de derechos humanos; los objetivos y resultados esperados; las dificultades en el ejercicio de los derechos sujetos a protección en la jurisdicción nacional; las instancias del poder público competentes para la implementación; y el presupuesto asignado[20].