III. Descripción Institucional y Organización del Sistema de Justicia

4. Instituto Federal de la Defensoría Pública.

4.1 Estructura Constitucional

A partir de la propia definición del Instituto Federal de la Defensoría Publica: es un órgano del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia técnica y operativa, cuya función es garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias administrativa, fiscal, civil y derivada de causas penales, permitiendo atender a la población menos favorecida del país, bajo los principios de gratuidad, probidad y profesionalismo, contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el estado de derecho[40].

El Instituto es dirigido por una Junta Directiva. Existe una Dirección General, las unidades administrativas, personal técnico y una estructura regional de 27 delegaciones en todo el territorio nacional.

4.2 Gobierno y Gerencia

4.2.1 Requisitos de Ingreso

Para revestir la calidad de defensor público o asesor jurídico se requiere:

• Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

• Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente.

• Mínimo tres años de experiencia profesional en las materias relacionadas con la prestación de sus servicios.

• Gozar de buena fama y solvencia moral.

• Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes; y

• No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año.

El proceso para seleccionar los defensores públicos y asesores jurídicos federales, se realiza por concurso en un sistema abierto de oposición, y para ascender vía promoción a las categorías de supervisor, evaluador y delegado se realizan procedimientos internos de selección. Con el fin de permitir un igualitario derecho de defensa se crean los Defensores públicos federales versados en diversas lenguas aborígenes, entre ellas náhuatl, maya, huichol, yaqui, chontal, chinanteco, zapoteco del istmo, tzotzil, tzeltal, zoque y p´hurepecha.

4.2.2 Control disciplinario interno

Los defensores públicos y asesores jurídicos federales están sujetos a un régimen de supervisión y evaluación. El control disciplinario de los defensores lo ejerce el Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública. El fin de este control es verificar el cumplimiento de las normas que rigen las funciones del defensor público y el asesor jurídico, asegurando el correcto desempeño de su cargo.

Se realiza la calificación personalmente a través del cuerpo de supervisores, adscritos a la Unidad de Supervisión y Control de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica, así como, de manera documental, por el delegado correspondiente. El objetivo de la evaluación es determinar desempeños y elevar la calidad de los servicios que presta el Instituto.

Otras de las funciones que tiene el Director General de la Defensoría Pública, son el conocer de las quejas o denuncias que se presenten contra los defensores públicos, asesores jurídicos y demás empleados del Instituto, investigar la probable responsabilidad del servidor público, vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a los defensores, propone al Consejo de la Judicatura Federal las sanciones y correcciones disciplinarias que deban imponerse a los defensores y presentar denuncias penales ante el Ministerio Público de la Federación, en el caso de que la conducta de los servidores públicos del Instituto pueda implicar la comisión de algún delito, independientemente de las sanciones aplicables en los ámbitos laboral o administrativo.

4.3 Proyectos de Reforma o Mejora

• Se actualizaron las bases generales de la organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública.

• Se acordó la creación de la Delegación Baja California Mexicali, sumando en total veintisiete Delegaciones, cinco de ellas regionales, es decir, que comprenden más de un Estado de la República.

• Se profesionalizaron los sistemas de supervisión y evaluación, y se actualizaron sus disposiciones normativas.

• Se cuenta con 669 defensores públicos federales, 14 de los cuales son bilingües (español/lenguas indígenas), 143 asesores jurídicos federales y 28 supervisores, 23 especializados en materia penal y 5 en materia de asesoría jurídica.

• Se ha dado cumplimiento al sistema de carrera institucional mediante la celebración de tres concursos abiertos de oposición, para la selección de defensores públicos y asesores jurídicos federales, y seis procedimientos internos de selección de supervisores, evaluadores y delegados.

• Se rediseñaron los cursos de capacitación y actualización de defensores públicos y asesores jurídicos federales en la Sede Central. Se consignaron cambios en el programa uniforme de capacitación en las Delegaciones, instituyéndose las especializaciones en Defensa Penal y Asesoría Jurídica.

4.4 Medios Personales y Materiales

La cantidad de defensores públicos ha aumentado del 2005 al 2008 en un 12.4%, según el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Respecto a la cantidad de defensores públicos mujeres, su participación aumentó en un 18.7% entre los años 2005 y 2008.

En lo referente a la dotación de computadoras en la Defensoría Pública, se puede observar que aumentó en un 35% entre los años 2005 y 2008.Asimismo, se obtuvo un gran incremento en la cantidad de computadoras conectadas a Internet, que alcanzó en el periodo 2005-2008 un 92%.

4.5 Movimiento de Causas

Ante el excesivo número de defensas reportadas por algunas adscripciones y las bajas cargas de trabajo existentes en otras, se hicieron reubicaciones al interior de la institución.

Los doscientos cincuenta y un defensores adscritos, asistieron a 4.828 personas en actas circunstanciadas y defendieron a 80.714 en averiguaciones previas, llegando a un total de 85.542 acciones de defensa, en relación con las cuales llevaron a cabo 89.079 entrevistas a defendidos y asistidos.

Es pertinente comentar que el servicio de defensa en órganos investigadores se ha vuelto impredecible en cuanto al número, ya que en algunas Agencias las defensas han disminuido sensiblemente, en tanto que en otras el incremento es notable.

Los defensores adscritos a Juzgados de Distrito, que alcanzan la cifra doscientos noventa. Tienen como labor tramitar procesos penales, tuvieron a su cargo 30.299 defensas desde la preinstrucción hasta la sentencia definitiva, promovieron 783 juicios de amparo y efectuaron 123.983 visitas a detenidos en los centros de reclusión.

Los ciento veinticinco defensores adscritos a Tribunales Unitarios que conocen de procesos penales, intervinieron en 36.679 casos, promovieron 3.550 juicios de amparo y realizaron 49.359 visitas carcelarias a sus defendidos.

Resumiendo las actuaciones en averiguación previa, primera y segunda instancias, informo que seiscientos sesenta y seis defensores tuvieron a su cargo 152.520 defensas, promovieron 4.333 juicios de amparo, practicaron 173.342 visitas a defendidos y realizaron 89.079 entrevistas a defendidos y asistidos.

Ahora bien, en una institución de profundo contenido social, la efectividad de los servicios no se mide sólo por el resultado final del juicio, sino por todo lo que a través del mismo los defensores aportan a los justiciables. Con esa visión el Instituto analiza los resultados de su actuación, con criterios estrictamente objetivos, no para calificarlos porque ese rubro corresponde al proceso de evaluación del servicio, sino para obtener lecturas que permitan diseñar estrategias de superación.

Bajo esa premisa, informó que los índices de efectividad fueron los siguientes: en averiguación previa 76.53%, en primera instancia 28.94% y en segunda instancia 71.34%. En consecuencia, de los resultados obtenidos en las tres fases procedimentales, se llega a la conclusión de que el índice general de efectividad fue de 58.93%.