La existencia de una sociedad plenamente democrática, respetuosa de los derechos fundamentales y humanos de las personas y capaz de ofrecerles desarrollo económico y social, supone el pleno respeto al Estado de Derecho, una gestión pública con participación ciudadana, y la construcción de sólidos sistemas de justicia y el fortalecimiento de amplias y diversas formas de resolución de conflictos para asegurar la pacífica convivencia.