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23 de mayo 2017


En La Paz, Bolivia, se realizó el viernes pasado el taller de validación de un estudio sobre la aplicación de las medidas cautelares en ese país, desde el punto de vista de la dinámica que se produce al interior de las audiencias. Dicho estudio fue encargado por el Tribunal Supremo de Justicia en el marco de un proyecto del Órgano Judicial apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

La realización del estudio fue encargado al Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, organismo internacional que ha estudiado el tema de las medidas cautelares. De hecho, reconoce la existencia de diversos estudios sobre prisión preventiva en Bolivia, tanto del propio organismo internacional, como de otras organizaciones locales. Por eso en este novedoso estudio el foco estuvo puesto en lo que ocurre en las audiencias de medidas cautelares, entendidas como principales espacios de actuación del sistema de justicia.

Fue así como un equipo de investigadores de CEJA observó el desarrollo de más de 30 audiencias cautelares en las ciudades de La Paz, El Alto, Sucre y Cochabamba, identificando buenas y malas prácticas relacionadas con las decisiones sobre aplicación de medidas cautelares, la infraestructura disponible, la información pública de las programaciones de las audiencias y el desempeño de los actores, entre otros aspectos. Asimismo, realizaron 38 entrevistas a operadores de sistema de justicia, mandos medios institucionales, alto mando institucional, especialistas en la materia y usuarios del sistema (imputados en detención preventiva). Todo esto, acompañado de levantamiento de información documental.

 

CEJA ha dado seguimiento a la trasformación de los sistemas penales hacia modelos adversariales y una de sus principales preocupaciones se han referido al uso desmedido de la prisión preventiva, por falta de criterios claros sobre su aplicación o de limitación temporal para su duración – llevando a que las tasas de personas sin condenas privadas de libertad en muchos de los países de la región fuese mayor que la de presos condenados, lo que va en contra de los estándares internacionales para las sociedades democráticas.

El estudio fue presentado ante una audiencia en la que participaron el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistradas de la Sala Penal, representantes del Consejo de la Magistratura, el Viceministro de Justicia, representantes del Viceministerio de Régimen Interior, del Servicio de Defensa Pública, de Defensoría del Pueblo y los presidentes de los nueve Tribunales Departamentales de Justicia del país, junto a jueces cautelares.

El estudio detectó – entra varios aspectos- problemas en la conducción y en la fundamentación de las decisiones de los jueces en las audiencias, una falta en la estructuración de ellas y una tendencia a seguir con prácticas del sistema inquisitivo. En este sentido, el estudio recomienda un trabajo de capacitación a los operadores del sistema de justicia. Para ello trabajó en la elaboración de un protocolo de conducción de audiencias, que podrá aplicarse en el corto plazo. La publicación de dicho documento y la capacitación se realizarán con apoyo del PNUD y la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el Delito UNODC.

Como recomendaciones a mediano plazo, se señala la instalación de la Oficina de Supervisión de Sanciones y Medidas Alternativas, dada la importancia y la necesidad de que las medidas cautelares distintas de las detención preventiva sean monitoreadas por parte de un organismo para generar confianza en el juzgador (que puede acudir a otras medidas de coerción) y en la sociedad. Además, contar con sistemas estadísticos comunes, dado que los distintos organismos de justicia miden determinados aspectos desde ópticas distintas o con métodos diferentes. Eso genera que no pueda conocerse realmente cuál es el estado real de situación de la prisión preventiva.

En el largo plazo las recomendaciones apuntan a una adecuación integral del sistema procesal penal a las exigencias establecidas en el proyecto del Código del Sistema Penal y el desarrollo de políticas de fortalecimiento institucional que generen previsibilidad y estabilidad en la función de los operadores.

La Asamblea Legislativa discute un proyecto de Código de Sistema Penal que busca entre otras cosas hacer ajustes al uso de la detención preventiva. El proyecto fue presentado en diciembre de 2016 y se espera tramitación durante este año.

 

 

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