Washington, 21 de abril 2017 

Ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA, el Director Ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, presentó ayer, en la sede de la OEA, Washington, el Informe de Actividades 2016, el Plan de Actividades del año 2017 y el Plan Estratégico 2017-2021 del organismo internacional. 

Tras la exposición – a la que asistió la Presidenta de la Comisión y Embajadora de Canadá, Jennifer May Loten, y las delegaciones de la OEA – la CAPJ acordó felicitar al Director Ejecutivo de CEJA y su equipo, por la labor que se está realizando. 


En la reunión, Arellano dio cuenta de las actividades realizadas durante el año 2016 en materia de apoyo a las reformas en la justicia penal y civil en la región, acciones de capacitación, convenios de cooperación suscritos, los programas de pasantías y la participación del equipo CEJA en en conferencias y seminarios. 

Asimismo, presentó el Plan de Actividades 2017, que se encuentra en plena ejecución, donde se destacan las acciones orientadas a constituir un movimiento de reforma a la Justicia Civil y al fortalecimiento de una red de trabajo en esta materia en la región, dada la ejecución del proyecto multianual que desarrolla CEJA con aportes del gobierno canadiense, denominado “Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América Latina”. En materia penal, informó Arellano que se proyecta continuar apoyando los procesos de reforma, sobre todo en los dos últimos países en iniciar sus procesos, Uruguay (inicia reforma en julio próximo) y Brasil. Se espera también recoger y difundir la experiencia aprendida en procesos de reformas anteriores. 

Arellano destacó también la reciente entrega de resultados de la décima versión del Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet (IAcc) y los planes de redefinición metodológica del Índice de Servicios Judiciales en Línea (ISJL), para su tercera versión.

Otro aspecto destacado fue el inicio del trabajo en la región del Caribe durante este año, que se materializará en un primer encuentro en Trinidad y Tobago con el objetivo de articular una red de colaboradores, que permita obtener información de los sistemas judiciales del Caribe e incorporarlos al proceso regional. Se suma a ello el trabajo que CEJA está desarrollando en Haití, a través de la asociación con Chemonics en la ejecución de un proyecto financiado por USAID, cuyo objetivo es apoyar en la propuesta de modificación del Código Penal (Penal Code Reform) de Haití e implementación de los cambios.

También se presentó el Plan Estratégico 2017-2021 de CEJA, cuyas líneas generales son la extensión de la presencia de CEJA a toda la región de América Latina y el Caribe; la mantención de la atención en las reformas civiles y penales, incorporando aspectos transversales de los sistemas de justicia; y la incorporación de la perspectiva de género en materia de estudios y capacitación. 

Informó Arellano que en materia penal se espera en los próximos cinco años avanzar en las reformas en los países que todavía no la han implementado; en consolidar el paradigma de la persecución penal estratégica; y fortalecer el ejercicio del derecho a la defensa en la región. 

En materia civil, la futuras líneas de acción son la consolidación de una red de trabajo en materia civil; la generación de información empírica sobre las reformas procesales civiles y sobre las experiencias exitosas en esa materia; y la promoción de nuevos sistemas civiles que incorporen un sistema amplio de resolución, como la educación en derechos, la resolución de conflictos a través de métodos consensuales, entre otros. 

En lo referido a temas transversales de CEJA, Arellano informó que  en los próximos cinco años se espera generar información sobre lo que 

significa ser abogado en el siglo XXI en América Latina y la enseñanza judicial en la región. También se espera incorporar información de calidad acerca de cómo deben organizarse los Poderes Judiciales en las sociedades modernas, cómo deben prestar sus servicios a los usuarios y cuál es el rol que deben tener las Cortes Supremas en este proceso; avanzar en el perfeccionamiento de los instrumentos que permitan analizar el grado de transparencia activa y prestación de servicios judiciales en las páginas web de instituciones relacionadas con los sistemas de justicia de la región, así como seguir promoviendo el buen uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), para mejorar el acceso a la justicia y  volverla más eficiente y trasparente.