26 de junio 2014

El Modelo de Gestión Fiscal del Ministerio Público de Guatemala, que fue implementado a través del Plan Estratégico Institucional 2011-2014, ha permitido “mejorar notablemente la persecución criminal” en el país, según las conclusiones del informe “Evaluación del Impacto del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal del Ministerio Público de Guatemala”, elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, con el apoyo de Open Society Justice Initiative (OSJI), el cual fue presentado hoy en esta capital.

El estudio, que fue realizado por un equipo de expertos del CEJA, organismo internacional que apoya los procesos de modernización de los sistemas de justicia de la región, encabezados por el jurista argentino Germán C. Garavano, hasta marzo pasado Fiscal General de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), señala que el Modelo de Gestión Fiscal debe ser perfeccionado en varios aspectos para garantizar mejores resultados a mediano y largo plazo.

En la elaboración del informe también participaron los abogados expertos investigadores del CEJA, Marco Fandiño Castro de España, y Leonel González Postigo. El estudio fue presentado en la capital guatemalteca con la colaboración del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El Ministerio Público de Guatemala se encuentra en un proceso de desarrollo institucional complejo, y en caso de que no se continúe avanzando con las transformaciones institucionales realizadas en el periodo 2011-2014, se advierte en las conclusiones del estudio, “existe la posibilidad de que retornen las viejas prácticas inquisitivas y el funcionamiento institucional opaco y poco transparente”.

Además de las mejoras comprobadas en la persecución criminal, el modelo ha permitido “reducir la impunidad de los crímenes más graves; aumentar el nivel de transparencia y rendición de cuentas”, así como el fortalecimiento institucional del Ministerio Público, explicó Garavano.

“Todos estos pasos han contribuido a la mejora de institucionalidad y la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. Esta tarea cobra vital relevancia en una democracia joven y frágil como la guatemalteca, donde las instituciones del sistema de justicia juegan un papel fundamental en la delimitación de poderes y en la consolidación del Estado de Derecho”, se subraya en las conclusiones.

En el acto de presentación del informe participaron, además de los tres autores, el secretario general del Ministerio Público, Carlos Ruiz; el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez; el director ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano; y el director ejecutivo de la OSJI, James A. Goldston.

El incremento en el número de casos ingresados (de 216.111 en 2008 a más de 300.000 en 2013), así como la subida en el número de salidas alternas (de 5.800 en 2008 a 27.950 en 2013); y el aumento del número de condenas obtenidas (de 3.280 en 2009 a 7.122 en 2013), son las mejores muestras del éxito del Modelo de Gestión, subraya el informe.

“Estos tres datos apuntan directamente a que las Unidades de Atención Permanente, Decisión Temprana, Investigación y Litigio están funcionando de forma correcta y, además, están generando datos altamente positivos”, se indica en las conclusiones.

Los autores considera que “el camino a seguir más recomendable para el Ministerio Público de Guatemala es la consolidación del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal en aquellas Fiscalías donde ya funciona y, además, debe analizarse si es recomendable reorganizar aquellas Fiscalías con un volumen de causas más pequeño donde el rendimiento de escala no sería tan beneficioso”.

“El éxito del Ministerio Público de Guatemala es debido al aprendizaje colectivo sobre los procesos de reforma judicial que se han realizado en América Latina. Consideramos que el trabajo realizado por el Ministerio Público de Guatemala debe ser tomado como una referencia para el resto de los países de la región en la lucha contra la impunidad. Hay que recordar que la región centroamericana se encuentra en una situación de violencia extrema, donde muchos países son incapaces de enfrentar la lucha contra los grupos de delincuentes organizados”.

Guatemala impulsó un nuevo modelo de gestión, que se implementó de manera piloto en la Fiscalía Distrital de Quetzaltenango en 2009, durante la gestión del fiscal Amílcar Velásquez, y que luego fue extendido e implementado por la fiscal Claudia Paz y Paz, quien ejerció su cargo entre diciembre del 2010 y mayo de 2014.

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, es un organismo internacional, fundado en el año 1999, a instancias de la Organización de Estados Americanos, OEA, para apoyar los procesos de modernización de los sistemas de justicia en la región.

Su creación obedece al cumplimiento del Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas (1998) y sigue las directrices emanadas de las Reuniones de Ministros de Justicia o Ministros Procuradores Generales de las Américas (REMJAs), las que recomiendan, en general, apoyar las iniciativas que perfeccionen las políticas públicas en el ámbito de la justicia y fortalecer la cooperación internacional en esta área.

 

Ver el informe aquí