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Santiago, 4 de agosto de 2014

Un diagnóstico e identificación de desafíos para mejorar la seguridad pública en Chile, hizo el Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, Jaime Arellano, durante su participación en la Sesión Especial de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado de Chile, actividad en la que participaron las máximas autoridades de Justicia de Chile, como el Presidente de la Corte Suprema; los Ministros de Interior y Seguridad Pública y de Justicia, el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional, los máximos jefes de las Policías, entre otros.

 

En la sesión especial, que se extendió por todo el día, los senadores miembros de la Comisión escucharon los distintos diagnósticos que autoridades públicas y centros de estudio realizaron de los problemas específicos que se presentan en el ámbito de la prevención, control, sanción y rehabilitación de las conductas que afectan la seguridad pública, junto con distintas propuestas de acción para mejorarlos.

El director de CEJA, Jaime Arellano expuso sus las propuestas, junto a los representantes de la Fundación Paz Ciudadana; del Centro de Análisis y Modelamiento en Seguridad, y del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

Un primer desafío planteado por Arellano fue el diseño de un nuevo modelo de persecución penal inteligente (PPI), generando capacidad de análisis delictual instalada en el Ministerio Público (MP) de Chile. En este tema, CEJA realizó recientemente un estudio sobre el nuevo modelo de gestión centrado en la persecución penal inteligente del MP de Guatemala, y va a colaborar en el diseño del MP Federal argentino. Es así como propone la instalación de Unidades de Análisis Delictual (UAD) y protocolos de trabajo que lleven a la Fiscalía a tener capacidad de liderar investigaciones criminales, procesando, analizando y agregando valor a la información levantada por las policías de forma autónoma; asimismo propone desarrollar persecución penal inteligente, que no se limite a los delitos de flagrancia, sino que se centre en delitos complejos.

Un segundo desafío es el tema penitenciario: controlar eficazmente el cumplimiento intramuros de penas como herramienta de reinserción y disuasión. Señaló Arellano que el sistema penitenciario es de vital incidencia en el ciclo delictual y la seguridad pública, por lo que se hace necesario contar con un sistema eficaz y seguro de cumplimiento de penas en su función retributiva y de prevención general. “Dependiendo de cómo invirtamos y aprovechemos el tiempo de encierro, especialmente en primerizos y jóvenes infractores), podemos contribuir a aportar sujetos que se reinserten en la sociedad, o podemos contribuir activa o pasivamente a la reincidencia, el contagio criminógeno y la formación de culturas criminales”, dijo.

Como medidas para enfrentar este desafío propuso la separación de las funciones del sistema penal en Control y Reinserción; consensuar nuevos estándares penitenciarios (de privación de libertad), que aborden aspectos físicos (infraestructura) y programáticos (tratamiento); un nuevo programa de Infraestructura Penitenciaria; un mejoramiento del sistema de clasificación, segmentación y protección de la población penal; mejorar la seguridad penitenciaria; y fortalecer la profesionalización del personal de Gendarmería de Chile.

Un tercer desafío que plantea CEJA es impulsar una ley de ejecución de penas y reinserción social para garantizar una política pública permanente en materia de ejecución, reinserción social y solucionar debilidades del reglamento penitenciario. Dicha ley, explica Arellano, debería regular la ejecución de las penas privativas de libertad; derechos y deberes de la población intramuros, uso de la fuerza, modelos de trabajo penitenciario y oferta de reinserción; apoyo post-penitenciario y soporte para el reingreso de los condenados a la vida libre; regular las sanciones disciplinarias y establecer el debido proceso y derecho a la defensa en su aplicación. Otro aspecto relevante es avanzar en el sistema de eliminación de antecedentes penales.

Asimismo, la normativa pendiente es regular un sistema de libertad progresivo, evaluar los mecanismos existentes de control externo de penas con el fin de aportar al diseño del sistema de ejecución de penas y reinserción social.

Un cuarto desafío es aprovechar las oportunidades que da la ley de penas sustitutivas de las privativas y restrictivas de libertad, que significó un cambio de paradigma hacia una “prevención especial positiva”, y que introduce el sistema de planes de intervención aprobados judicialmente, con consideración del perfil del condenado y a los factores de riesgo criminógeno del individuo. Para ello, Arellano hace dos propuestas: realizar un levantamiento y monitoreo actualizado e integral de la puesta en marcha de la ley para identificar, diseñar e implementar las soluciones necesarias y mantener en funcionamiento la Mesa de Coordinación Técnica de Gendarmería (sevricio de prisiones), Ministerio de Justicia y Poder Judicial.

El quinto desafío es avanzar hacia una nueva definición del código penal chileno para recuperar su legitimidad, fuerza y obediencia. Para ello propone redefinir un catálogo armónico y omnicomprensivo de las conductas típicas y sancionadas penalmente; unificar y armonizar el catálogo de delitos y penas, poner límite a la “inflación penitenciaria”, entre otras medidas. Propone para este trabajo,establecer por ley la Comisión de Principios y Diseño Armónico del Nuevo Código Penal de Chile, cuya misión sea la discusión de los principios del nuevo código, su estructura, y el modo en que se incorporarán a él todas las legislaciones especiales, asegurando la armonía del sistema punitivo chileno. Posteriormente, sumar a esta comisión a especialistas técnicos legislativos, que conformen la Comisión Redactora del Nuevo Código Penal de Chile.

La Sesión Especial de la Comisión de Seguridad del Senado, que preside el Senador Felipe Harboe, recogió todas las exposiciones para realizar un estudio más completo de las propuestas planteadas.

 

 

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