TITULARES

Seminario de Ciencias Criminales en Brasil

Reforma Procesal Penal comenzó a regir en el Estado de Oaxaca en México

Concluye II Reunión Preparatoria para la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana 2008

Jornadas Provinciales sobre Procedimiento Penal

10 y 11 de octubre en Lima, Perú:
V Seminario Internacional de Gestión Judicial

Los días 10 y 11 de octubre de 2007 en Lima, Perú, se llevará a efecto el V Seminario Internacional de Gestión Judicial: ?Herramientas modernas para el mejoramiento de la gestión judicial?, organizado por el Poder Judicial de la República del Perú, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, y el Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia del Banco Mundial.

En esta quinta versión, anteriormente realizada en Chile, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, el objetivo central será analizar en profundidad dos de las herramientas con mayor potencial para mejorar la gestión judicial, cuales son, el presupuesto asociado a resultados e incentivos y el uso productivo de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), en un amplio espectro de labores asociadas al desempeño de las instituciones y operadores de justicia.

Además se quiere conocer y dimensionar los pasos a seguir para la elaboración de una estrategia de implementación de los usos de las TIC, a partir de experiencias prácticas y desarrollos teóricos de nivel mundial, en la gestión pública y privada.

El Seminario además se sesiones plenarias y paneles de comentarios cuenta con la presentación de 18 ponencias de países de toda la región, las cuales participaron previamente en un concurso público convocado por las instituciones organizadoras del evento. Dicho llamado sobrepasó las expectativas, puesto que 35 fueron los trabajos recepcionados por un Comité compuesto por profesionales de la Corte Suprema de Perú y de CEJA, quienes finalmente decidieron sobre las postulaciones.

La actividad está dirigida ? en lo principal- a altos representantes de los poderes judiciales de las Américas y funcionarios de unidades administrativas de las instituciones de conforman los sistemas de justicia en la región, además de consultores, empresas proveedoras de TIC y agencias de cooperación internacional, entre otros.

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Organizado por el IBCCRIM:
Seminario de Ciencias Criminales en Brasil

Entre el 8 y 11 de octubre se efectuará el XIII Seminario Internacional sobre Ciencias Criminales, organizado por el Instituto Brasilero de Ciencias Criminales, IBCCRIM, instancia que reúne cada año a cerca de mil profesionales y estudiantes ?de las ramas del derecho, las ciencias criminales, sociología, psicología, entre otros- de varios puntos y regiones del país, además de expertos locales e internacionales.

Los objetivos de este seminario efectuado anualmente en dicho país, son la difusión de conocimientos del área de las ciencias criminales, la entrega de actualización a la comunidad jurídica y el análisis de temas relevantes y de actualidad relacionados.

Algunos de los temas a tratar en esta oportunidad son: delitos informáticos, delitos de terrorismo, cooperación internacional penal, crimen organizado y reforma procesal penal, presentados por expertos nacionales, entre ellos, Antenor Madruga, Calmon de Passos y René Ariel Dotti; el principio de la proporcionalidad como limitador del Derecho Penal, sociedad de riesgo y seguridad ciudadana, y delitos de terrorismo, cuyos expositores son europeos, tales como, Ulfrid Neumann, José Luis Díez Ripollés y Manuel Cancio Meliá.

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Reforma Procesal Penal comenzó a regir en el Estado de Oaxaca en México

El 9 de septiembre fueron inaugurados en el Estado de Oaxaca, México, cuatro Tribunales de Juicio Oral en lo Penal en distintos municipios del Istmo de Tehuantepec, los cuáles marcarán la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en Oaxaca, - sancionada en 2006- que implementa un nuevo sistema de corte acusatorio oral y público, cuya etapa final es el juicio oral y contradictorio, y que reemplaza el antiguo sistema inquisitivo escrito.

Según lo consigna el matutino ?La Jornada?, este nuevo proceso penal pretende seguir la tendencia de los países latinoamericanos e introducir los juicios orales en la administración de justicia ante la falta de credibilidad y confianza del pueblo en el sistema?, señaló Héctor Mafud, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

El nuevo sistema según Mafud, ?Contiene los elementos necesarios como la inmediación, la concentración, la publicidad, la oralidad y la contradicción, para acceder a una justicia de calidad en la que se dé el debido proceso, operada por jueces, fiscales y defensores con un alto grado de preparación, en el que las partes tengan el mismo nivel; que los indígenas cuenten invariablemente con traductores capacitados, en suma, que se arribe a la impartición de una justicia pronta, clara y humana?, dijo el titular del Poder Judicial de Oaxaca?.

Los actuales tribunales cubrirán un total de 42 municipios y una cantidad de 600 mil habitantes, principalmente de los grupos indígenas Zapoteco, Huave, Mixe, Chontal y Zoque. La reforma será implementada de manera paulatina en las diversas regiones de la entidad con el objetivo de ir perfeccionando su aplicación, mientras se capacita al personal de las instituciones intervinientes del nuevo proceso.

Oaxaca está conformado por 570 municipios, lo que corresponde casi al 25% del total de municipios en México. En total, en Oaxaca viven más de 3 millones y medio de personas, siendo el 10º Estado de México con más habitantes. La misma posee 14 mil comunidades, con 16 grupos étnicos y 100 variantes dialectales.

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Concluye II Reunión Preparatoria para la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana 2008

Entre los días 26 al 28 de septiembre se realizó en Cusco, Perú, la II Reunión Preparatoria con miras a la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana que se efectuará en marzo de 2008 en la ciudad de Brasilia en Brasil. La ceremonia inaugural contó con la presencia del presidente de Corte Suprema de Justicia de Perú, Francisco Távara.

Durante las sesiones contempladas en el programa del encuentro, se examinaron los avances de los documentos preliminares correspondientes a cada uno de los siete proyectos que serán presentados en la Cumbre. Los mismos guardan relación, entre otros temas, con la seguridad jurídica, el acceso a la justicia de grupos vulnerables, las estadísticas judiciales homologables, entre otros.

Cabe destacar que este encuentro se complementará con una tercera instancia de reunión que se llevará a cabo en Andorra, en febrero de 2008. Además, la cita ha convocado III Talleres de Trabajo, dos de ellos ya efectuados en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en febrero de 2007; en Cartagena de Indias, Colombia en julio de 2007 y uno próximo en noviembre del presente año en la ciudad de San José de Costa Rica.


CEJA y la Cumbre Judicial

Durante la reunión, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, presentó el avance del Plan Iberoamericano de Estadísticas Judiciales, proyecto liderado por el Centro y desarrollado en conjunto a una Comisión formada en la I Reunión Preparatoria y que incorpora a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Colombia, Chile, República Dominicana y España. Otros países que han sido invitados a participar por el equipo son Guatemala, Nicaragua, Panamá y México.

Los avances del proyecto fueron bien recibidos y aprobados sin reparo por parte de las delegaciones asistentes. El Plan final será presentado en marzo de 2008 durante la Cumbre. Cabe destacar que el proyecto de Estadísticas Judiciales nace de un convenio firmado entre CEJA y la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, reconociendo la experiencia desarrollada por CEJA en esta materia, y los aportes que ha venido desarrollando desde su fundación en el año 2000.

En tanto, y gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CEJA desarrolla a la vez un proyecto que persigue iguales objetivos y líneas estratégicas, y que ha permitido generar indudables sinergias con el Plan Iberoamericano de Estadística Judicial.

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Provincia de Buenos Aires:
Jornadas Provinciales sobre Procedimiento Penal

El Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, organizaron el 27 y 28 de septiembre en la Ciudad de la Plata, Argentina, las Jornadas Provinciales respecto al procedimiento penal en la Provincia, titulada Procedimiento Penal en la Provincia de Buenos Aires: Oralidad como factor de eficacia en el proceso.

La cita tuvo como propósito resaltar ante la comunidad especializada los logros del programa de Fortalecimiento del Sistema Acusatorio, -que ya ha completado tres etapas de implementación- y familiarizar con sus contenidos a los operadores de los departamentos que aún no lo han adoptado.

La iniciativa forma parte del Programa de Fortalecimiento del Sistema Acusatorio iniciado en 2004 mediante un convenio entre el Ministerio de Justicia, la Procuración General, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y CEJA. Se aplica para casos de flagrancia, con el objetivo de profundizar el sistema acusatorio, mejorar la capacidad de respuesta del sistema penal a los conflictos de los ciudadanos, optimizar el modelo de gestión de los recursos materiales y humanos, agilizar las causas penales y acortar los plazos judiciales.

En las Jornadas se trató y analizó la experiencia bonaerense; la oralidad en la etapa de Investigación Penal Preparatoria; la coordinación en la gestión de audiencias; Experiencias de Provincias Argentinas y otros países de la región, tales como Chile, Colombia y Costa Rica.


La implementación del Plan

El plan comenzó hace dos años como una experiencia piloto en el Departamento Judicial de Mar del Plata con resultados altamente positivos. Luego se inició progresivamente en otros departamentos del territorio bonaerense y funciona en los departamentos judiciales de Zárate- Campana, San Martín, Mercedes, La Matanza, Necochea y Pergamino. Desde el mes de noviembre se implementará en los departamentos judiciales de Bahía Blanca, Junín, Trenque Launque y Morón.

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La Justicia Penal y el control de los delitos económicos y de corrupción

Por Pedro M. Biscay (*)

I. Estado, Justicia y Corrupción

Las reformas de mercado en Argentina dejaron como resultado un proceso gradual de captura institucional del Estado por parte de los principales grupos económicos. El reconocimiento de este fenómeno implica que las empresas tienen capacidad para manipular mercado y Estado, por lo que la corrupción debe ser entendida como un poder oculto que define las relaciones entre economía y política. Por lo tanto no es un problema de delitos en el sector público, sino relacionados con criminalidad de actores económicos.

Si la justicia es el garante último de los derechos fundamentales, la independencia del Poder Judicial depende de la capacidad que los jueces tienen de sancionar los delitos cometidos por políticos en ejercicio y por empresarios beneficiados con la extracción ilegal de rentas públicas. Por ello, medir niveles de eficiencia en materia de persecución de la corrupción tanto en el Poder Judicial y Ministerio Público, facilita la construcción de una muestra reveladora de la capacidad e independencia del sistema de justicia frente a los delitos emparentados con el poder en sus manifestaciones políticas y económicas.


II. El estudio elaborado por el Cipce

Sobre la base de las consideraciones precedentes, en el marco de los últimos dos años el Cipce desarrolló una investigación sobre Justicia Penal y persecución de delitos de corrupción, para medir la capacidad de persecución del aparato de justicia frente a estos. Con este fin se elaboró una base de datos que reúne información sobre investigaciones judiciales en curso o que tramitaron en distintas jurisdicciones del fuero penal, y que permitió la construcción de un Banco Nacional de Datos contra la Corrupción y Criminalidad Económica.

La base almacena información de causas de fueros ordinarios, federal, penal económico y penal tributario. Se presentan resultados de un muestreo de causas investigadas en el Fuero Federal de la Jurisdicción de la Capital Federal, donde tiene asiento el Poder Ejecutivo Nacional.


A. Principales ilícitos detectados

Las investigaciones producidas muestran que los delitos contra el Estado mediante maniobras fraudulentas representan el 40% de los delitos detectados, lo cual expresa una fuerte participación de las corporaciones empresarias en la corrupción. Esta modalidad ilícita, generalmente se efectúa a partir de contrataciones públicas con el sector privado para el desarrollo de proyectos de envergadura que luego desembocan en perjuicios fraudulentos contra el erario nacional.


B. El estado procesal de la justicia penal frente al delito económico y la corrupción

Un aspecto central para medir la independencia del sistema de justicia frente al poder político consiste en determinar niveles de eficiencia en la persecución de delitos emparentados al poder.

Más de un 80% de las causas se encuentran en etapa de instrucción y menos de un 5% de casos resultaron en una condena. Este indicador pudo ser corroborado cuando se proyectó para la totalidad de casos almacenados en la base, al momento de realizarse la medición. Así, sobre un total de 750 casos almacenados a octubre de 2005, solo en 14 causas se llegó a una condena definitiva como resultado de la tramitación del proceso penal, mientras que 439 permanecen en etapa de instrucción.


C. El tiempo de la justicia

La demora de estos procesos es una característica constante en casi todas las investigaciones. La distribución de causas entre los índices temporales mantiene un comportamiento proporcional. El 12% de causas con más de 15 años no ocupa el mayor porcentaje, pero no por eso pierde un lugar principal. Dentro de esta región se encuentran los casos que mayor perjuicio generaron al Estado y la economía nacional, básicamente mediante vaciamientos bancarios.

Es reveladora la cercanía porcentual entre el 34% de casos con duración de 5 a 10 años y el 48% de casos entre 1 y 5 años. Si se analiza se puede concluir que la prolongación del tiempo se extiende de tal manera que los casos de 1 a 5 años pasan a engrosar gradualmente la lista de casos en las demás regiones temporales. En ello incide el estancamiento de los casos en la etapa de instrucción. La medición del tiempo de duración de los procesos en las franjas temporales no puede pasar por alto la yuxtaposición de dos modelos de enjuiciamiento procesal totalmente distintos. Por un lado, el modelo escrito regulado en el Código de Procedimientos en Materia Penal inquisitivo y el modelo mixto del actual Código Procesal Penal de la Nación.

La reciente sanción de la ley 25.990 sobre interrupción de la acción penal modificó el artículo 67 del Código Penal definiendo con exactitud las causales interruptivas. Si bien es saludable para el Estado de Derecho contar con un respeto del principio de máxima taxatividad legal, la sanción de esta ley impactó beneficiando con la prescripción a empresarios y funcionarios corruptos que estaban procesados en grandes causas. Así, durante 2006 aproximadamente 14 causas por corrupción fueron resueltas bajo esta forma anormal de culminación del proceso. Esta reforma normativa sobre el instituto de la prescripción omite una circunstancia esencial para la demostración de los ilícitos de corrupción: el valor probatorio que reviste la pericia contable.


D. Algunos problemas detectados

La serie de indicadores evidencian situaciones problemáticas: escaso nivel de condenas; alto número de investigaciones concentradas en la etapa de instrucción; y tendencia creciente a la prescripción de causas por el transcurso del tiempo. Estos abren paso a una serie de problemas.

Falta de entrenamiento suficiente para entender maniobras delictivas; Dificultades para circunscribir con precisión el objeto procesal; Problemas de valoración de la prueba útil; Proliferación de trámites incidentales; Falta de un programa claro en materia de investigación; Falta de un modelo de persecución penal apto para enfrentar delitos de naturaleza económica.

El crecimiento de acuerdos de cooperación y asistencia jurídica mutua que se viene produciendo en los últimos años muestran este problema. El punto es que no es suficiente con celebrar acuerdos de entendimiento entre países o leyes de cooperación recíproca, si no hay una contrapartida en el reconocimiento del tiempo que se ?gasta? en tramitar un exhorto internacional, o un pedido de identificación de cuentas en el extranjero.


III. El universo amplio de delitos de corrupción en la justicia

A principios de julio de este año, Argentina presentó la respuesta al cuestionario del Comité de Expertos de la OEA para dar seguimiento al proceso de implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este refleja el estado normativo e institucional frente a tres cuestiones esenciales de la CICC. Sólo nos referiremos a la tercera de ellas, atinente a los actos de corrupción y a la cantidad de causas seguidas en la justicia federal de la capital por estos delitos.

Si bien el número es mucho mayor que la muestra realizada en la investigación reseñada en el punto anterior, se observa una coincidencia de comportamientos en algunos datos relevados en la respuesta enviada por la Oficina a la OEA.

La cantidad de delitos detectados revela el arraigo de estas modalidades de ilicitud dentro de la estructura social del país, pero sobre todo la fuerte presencia de una práctica sostenida mediante la que se intercambian rentas políticas y económicas entre política y mercado, mostrando que estas dos esferas constituyen el núcleo del proceso de toma de decisiones. Sin embargo, la alta cantidad de delitos detectados en este informe debería ser analizada también, a partir de la identificación y cuantificación de los casos de mayor perjuicio, evaluando el peso decisivo de los casos graves sobre el continente total de estos ilícitos; y , por otro lado registrando las empresas, bancos y funcionarios del sector publico y privado involucrados en ellos en función a los fines político criminales y preventivos que incumben al control de esta esfera de criminalidad. Estos dos aspectos no suelen estar presentes en la racionalidad de los actores y órganos encargados de hacer aplicar la ley.


IV. Entre el perjuicio económico y el daño social causado

Otro elemento importante consiste en cuantificar el perjuicio económico producido por la delincuencia económica. El cálculo está construido en función de las estimaciones que efectúan los fiscales en los diferentes casos. Si bien puede objetarse que para la medición del perjuicio es necesario previamente contar con una condena o, por lo menos una pericia que verifique y calcule el perjuicio producido por un ilícito económico, el cálculo a partir de requerimientos técnicos del fiscal en nada oscurece el dato producido puesto que el mismo tiene un valor como indicador social del impacto dañoso del delito económico.

La mayor concentración de perjuicio en delitos producidos en este ámbito jurisdiccional explica el lugar estructural que la corrupción juega dentro del funcionamiento de la criminalidad económica como proceso, puesto que esta jurisdicción presenta como característica principal que en ella tiene asiento el poder político central de la República. Como vimos antes, los delitos investigados dentro del fuero involucran en la mayoría de los casos a sectores empresarios y funcionarios públicos de alta jerarquía ministerial. Esta cuantificación busca mostrar el daño social que estos delitos producen. Así se puede contrastar el perjuicio económico con indicadores sociales básicos como salud, educación y verificar en términos reales el costo del daño social producido.

Frente a este panorama, la construcción conceptual de la corrupción debe perder su ligazón directa con los modelos culturales, funcionales o económicos, para pasar a quedar anclada a partir del reconocimiento del poder gravitacional que el poder empresario posee a la hora de definir las reglas de juego en los mercados, y en el ámbito de decisión del poder político.


Para controlar el crimen económico y la corrupción

Es importante resaltar una conclusión ya expresada. El sistema penal mostró su fracaso para reprimir delitos económicos. La ausencia de condenas, escasa cantidad de causas que pasan a juicio oral, estancamiento de los procesos, duración desproporcionada, y lógica culminación de las causas en la salida prescriptoria muestran el fracaso, a la vez que evidencian que ni fiscales ni jueces tomaron decisiones institucionales adecuadas para hacer efectiva la aplicación de la ley en los casos.

La percepción negativa de la corrupción se profundiza en contextos de impunidad como los que se evidencian a partir de las investigaciones reseñadas. Diez mil millones de dólares de perjuicio, menos de un 5 por ciento de condenas, 5688 imputados, deberían ser tomados en serio por los organismos encargados de diseñar la política criminal del Estado.

(*) Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). cipce@ceppas.org

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Cooperación y Asistencia Judicial con la Corte Penal Internacional. Contribuciones de América Latina, Alemania, España e Italia.

Kai Ambos, Ezequiel Malarino & Gisela Elsner, Editores. Programa Estado de Derecho para Sudamérica. Konrad Adenauer Stiftung. Uruguay, 728 pp.

Por Claudio Fuentes Maureira(*)

En materia de derechos humanos, específicamente en lo referente a su consagración y respeto existen diversos sistemas regionales e internacionales para hacer prevalecer su vigencia práctica, que se han caracterizado por tener una competencia y jurisdicción que si bien permite la reparación moral y material de las víctimas, presentan una limitante que a juicio de algunos no concedería una reparación integral, cual es, la imposibilidad de estos sistemas de protección regional de hacer valer la responsabilidad penal individual de los ejecutores de dichas violaciones, haciendo únicamente responsable al Estado respectivo.

Es así que en materia de derecho internacional prima el principio de la subsidiariedad, lo que conlleva a que los sistemas regionales e internacionales de protección solo puedan actuar cuando el Estado en el cual se materializa una violación a los derechos humanos falla en sus obligaciones internacionales de respeto y protección.

Estas situaciones se encuentran en un proceso de cambio y evolución gracias en parte a la Corte Penal Internacional, CPI, y su respectivo estatuto que permite la investigación y juzgamiento de los autores de violaciones a los derechos humanos. Más aún, en determinados delitos, llamados crímenes nucleares de derecho internacional, existe una tendencia a disminuir la necesaria primera investigación y posterior condena por parte de los estados nacionales, para pasar directamente a la jurisdicción internacional.

La presente publicación se involucra en estos aspectos. En efecto, constituye la cuarta investigación del grupo latinoamericano de estudios sobre derecho penal internacional y presenta un informe específico por país respecto de los esfuerzos, proyectos de ley e iniciativas judiciales, que se han o no llevado a cabo y que facilitan una cooperación y asistencia a la Corte Penal Internacional real y no tan solo a nivel normativo o de intenciones.

Por medio de un análisis de legislación comparada, el libro explicita las consecuencias legales de la falta de iniciativas en algunos países y los defectos técnicos jurídicos para permitir realmente la vigencia del estatuto de Roma; situación no menor que incide directamente en la aplicabilidad de dicho Tratado y en la posibilidad certera de investigar, aprehender, juzgar y condenar a sospechosos de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Un ejemplo práctico de esta situación se refiere a la posibilidad en determinados países de que INTERPOL pueda o no ejecutar directamente una orden emanada por la Corte. Otros casos analizan si una orden de la Corte que se refiere a la recolección de evidencia o una diligencia probatoria puede ser directamente enviada a la Policía Nacional o deba necesariamente ser examinada y aprobada por el poder ejecutivo y/o judicial.

El libro contiene informes específicos respecto del estado actual en la materia en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Asimismo, se han incorporado artículos de tres países europeos: Alemania, España e Italia.

En adición a los Informes Nacionales, la edición incorpora un análisis Comparativo de Ezequiel Malarino, que se refiere a la experiencia latinoamericana. Dicho artículo representa una fuente importante de conocimiento sobre aspectos prácticos y jurídicos de la cooperación en la región con la CPI y permite tener una visión real, clara y concisa de cómo problemas de índole práctica pueden tener una importancia extrema en el respeto de los derechos humanos y el castigo de los autores de violaciones. De las normas discutidas y tratadas en el documento, es posible realizar un análisis respecto a la interacción existente entre el proceso establecido para la CPI y los procesos penales nacionales, en particular la vigencia del debido proceso de aquellos que son imputados como violadores de crímenes de lesa humanidad.

En definitiva, la obra que nos presentan los editores Kai Ambos, Ezequiel Malarino y Gisela Elsner, además de sus respectivos autores, tiene la virtud de entregar una visión panorámica del estado en la región de este Tribunal internacional cuya misión en juzgar a individuos que han cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

(*) Chileno. Abogado de la Universidad Diego Portales. Ayudante y asistente de investigación del programa de Justicia Criminal de la Universidad Diego Portales y Asistente de capacitación de CEJA.

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Instituto Brasile?e Ciencias Criminales, IBCCRIM

http://www.ibccrim.org.br/

El Instituto Brasile?e Ciencias Criminales, IBCCRIM, es una organizaci?no gubernamental fundada en 1992 con sede en Sao Paulo, Brasil, y que actualmente cuenta con m?de 4.600 socios, entre ellos, abogados, jueces, fiscales, juristas, soci?os, representantes de las polic? y estudiantes.

La misi?e IBCCRIM es la defensa de los derechos humanos y derechos de las minor?s y marginados, y la defensa de los principios de un Estado Democr?co de Derecho, con el objetivo de asegurar la dignidad de las personas en el Derecho Penal.

En su sitio Web el usuario puede acceder a la informaci?nstitucional -estatutos, historia, resoluciones, informes de gesti? convenios-, y utilizar un buscador de la Biblioteca Virtual que cuenta con documentos y publicaciones relacionadas.

El sitio contiene informaci?ctualizada sobre jurisprudencia, doctrina, eventos, rese? monografías, estudios e investigaciones en el campo del derecho penal en el ?ito brasile? internacional.

A trav?del portal es posible suscribirse a un bolet? mensual, a la revista del Instituto y a informes semanales de actualidad bibliogr?ca. Algunas secciones son de acceso libre, pero sus bases de datos est?restringidas a los asociados.

P?na disponible solo en portugu?

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Entre las publicaciones ingresadas a la Biblioteca Virtual de CEJA, destacamos:

 

Título	Yerros y aciertos en torno a la edad punible en Honduras
Autor	Marvin A. Valladares H.
Reseña	La tendencia malsana de nuestra sociedad hondureña de buscar culpables inmediatos vrs. soluciones plausibles a los problemas sociales que nos aquejan, (sobre todo cuando estos se salen de nuestras manos) se pone de manifiesto en este escabroso tema de la edad punible para deducir responsabilidad criminal a los jóvenes infractores de la ley penal.
Descargar	yerrosyaciertosedadpunible.pdf  (97 Kb.)

Título	Revista del Servicio Nacional de Menores - SENAME
Autor	SENAME - Chile
Reseña	Publicación Nº 19 de julio del 2007. Fuente: www.sename.cl
Descargar	revista_19_.pdf  (2761 Kb.)

Título	Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley penal
Autor	Ministerio de Justicia - Argentina
Reseña	Para analizar la situación de los niños y adolescentes en conflicto con la Ley penal es necesario hacer una reseña y un breve análisis del estado de la situación legislativa vigente en materia de minoridad. El tema no es sencillo, ya que siempre que se aborda la temática de los menores de edad como autores o víctimas de delitos, se generan reacciones opuestas en la sociedad que pueden ir desde un extremo muy garantista y proteccionista, cuando se habla de menores como víctimas, hacia un extremo más riguroso, demandante de la baja de la edad de imputabilidad penal o aumento de penas para el caso de menores autores de delitos.
Descargar	80-67580.pdf  (476 Kb.)

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10 y 11 de octubre de 2007. Lima, Perú
V Seminario Internacional de Gestión Judicial - Herramientas Modernas para el Mejoramiento de la Gestión Judicial

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16 de octubre de 2007. Santiago, Chile
Seminario Evaluación y Supervisión de las Medidas Cautelares

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21 al 25 de octubre de 2007. Barcelona, España
II Congreso Internacional de la Organización Internacional para la Formación de la Judicatura - OIJT

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Director Ejecutivo
Juan Enrique Vargas Viancos


Secretario del Consejo Directivo
Francisco Cruz


Capacitación
Mauricio Duce
Coordinador

Claudio Fuentes
Asistente Capacitación


Estudios
Cristián Riego
Director Académico

Nataly Ponce
Investigadora


Gestión e Información
Cristián Hernández
Coordinador


AREAS DE APOYO

Comunicaciones y Relaciones Públicas
Ximena Catalán Ancic
Coordinadora

Andrea Cabezón
Encargada de Prensa

Sandra Araneda Jofré
Asistente de Área -Digitadora


Centro de Información Virtual
Alejandro Fica
Encargado de Área

Claudio Riveros
Asistente


Administración
Cecilia Torche
Encargado de Área

Contabilidad
Ingrid Alvarez
Contabilidad

Gabriel Correa
Contabilidad


Eventos
Pilar Ávila
Responsable de Área


Traducción
Kate Goldman
Traductora


Secretaría
Pamela Varela


Auxiliares
Soledad Soto
Luis Huichaquelen