TITULARES

Experiencias de Innovación en los Ministerios Públicos se presentan en la II Reunión Regional de la IAP

Conferencia Hemisférica acerca del Poder Judicial y la Prensa se desarrollará en República Dominicana

XII Congreso Internacional del CLAD en República Dominicana

Concluye XXXVII Asamblea General de la OEA en Panamá

Presidentes de Cortes Supremas de la Región Andina analizaron tema de la Independencia Judicial en reciente Encuentro

Inscripciones abiertas:
II Curso Virtual para Fiscales de América Latina

Hasta el 3 de agosto se recibirán las inscripciones para participar en el segundo ciclo del Programa de Capacitación Virtual para Fiscales: ?Desafíos para el Ministerio Público Fiscal y la Persecución Penal en América Latina?, impartido por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, con el patrocinio de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos.

Este segundo ciclo, a efectuarse entre el 20 de agosto y 26 de octubre, tiene como objetivo entregar a los fiscales de los Ministerios Públicos, conocimientos y herramientas para el desarrollo de nuevos métodos de trabajo, enfoques y dinámicas para afrontar los problemas prácticos en la implementación y funcionamiento

de los sistemas procesales penales reformados.

El curso se compone de 4 módulos, con una duración total de 10 semanas, que incorpora la revisión de materiales, diversas actividades, foros y evaluaciones.

Las temáticas de cada módulo son las siguientes: la RPP en América Latina, reforma y seguridad ciudadana, la víctima en el nuevo sistema procesal penal, e impacto de la RPP en materias de género.

Por otra parte, en el mes de noviembre del presente año se realizará en Venezuela un Seminario Internacional de Clausura, para lo cual se otorgarán becas de estadía y alimentación a alumnos destacados.

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En Isla Margarita, Venezuela:
Experiencias de Innovación en los Ministerios Públicos se presentan en la II Reunión Regional de la IAP

Propiciar el intercambio de información y experiencias entre los representantes de los Ministerios Públicos, sobre los avances e innovaciones implementados en sus respectivas instituciones, para incrementar su capacidad de respuesta en el ámbito de la persecución penal, es el principal objetivo que dará pie a la realización de la Segunda reunión Regional para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), a efectuarse los días 11, 12 y 13 de julio en Isla de Margarita, Venezuela.

En la reunión, a la que asisten fiscales y otros representantes de los Ministerios Públicos, profesores e investigadores especializados en la materia, se abordarán diversos ejes temáticos, que a partir de conferencias, charlas magistrales y talleres, darán espacio para el debate con los asistentes. Estos tópicos son: Ministerio Público y Políticas de Persecución Penal; Modelos Organizativos Innovadores; Fiscalías Especializadas, Gestión de los Casos y Apoyo Tecnológico; y Resolución de Casos: Salidas Anticipadas y Conciliación.

El programa de actividades comienza el día 11 de julio, con la ceremonia de inauguración encabezada por el Presidente del Instituto Iberoamericano del Ministerio Público, Dr. Isaías Rodríguez Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela; el Presidente de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos, Dr. Guillermo Piedrabuena, Fiscal General de Chile; y el Presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (AIP), Dr. Henning Fode, Fiscal General de Dinamarca. Acto seguido, Juan Enrique Vargas, Director Ejecutivo de CEJA dictará una Charla Magistral, con el tema, Ministerio Público y los desafíos del siglo XXI.

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En Santo Domingo:
Conferencia Hemisférica acerca del Poder Judicial y la Prensa se desarrollará en República Dominicana

Entre los días 18 y 20 de julio tendrá lugar en la Ciudad de Santo Domingo en República Dominicana la ?Conferencia Hemisférica: Poder Judicial, Prensa, Impunidad?, reunión a la que asistirán varios presidentes y magistrados de Cortes Supremas de las Américas, directores de medios de comunicación, entre otros profesionales involucrados en los sistemas judiciales y en temas de comunicacionales.

Con una metodología de paneles y exposiciones, los participantes analizarán experiencias prácticas y exitosas para combatir los crímenes contra periodistas; revisarán legislación adecuada sobre no prescripción, tratados de extradición, agravamiento de penas; e identificarán resoluciones y fallos judiciales, así como la jurisprudencia en el sistema judicial interamericano.

Entre las charlas destacadas se encuentra ?La Libertad de Expresión en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?, a cargo de Sergio García Ramírez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este encuentro también servirá para fomentar el mejor entendimiento entre jueces y periodistas, objetivo que la SIP inició en la Cumbre Hemisférica sobre Justicia y Libertad de Prensa en las Américas celebrada en Washington en 2002.

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Reforma del Estado y de la Administración Pública:
XII Congreso Internacional del CLAD en República Dominicana

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de República Dominicana, a través de su a través de su Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD), la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) y el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), desarrollarán en Santo Domingo, República Dominicana, el XII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, que se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2007.

El objetivo del Congreso es conformar un espacio de debate e intercambio de experiencias sobre las principales dimensiones del proceso de reforma del Estado y de modernización de la administración y gestión de los asuntos públicos en los países de Iberoamérica y el Caribe.

La actividad internacional contempla en su programa el tema ?Ética y transparencia en la gestión pública?, en donde se analizará, entre otras aristas, cómo los grupos económicos y la criminalidad organizada influyen para controlar la expedición de normas por parte de la administración pública, e impedir que la administración de justicia opere debidamente.

Las demás áreas temáticas definidas como prioritarias en la ocasión son: Sociedad de la información y gobierno electrónico; Redes académicas: formación y capacitación para la profesionalización de la función pública; Profesionalización de los niveles directivos de la administración pública; Estado y democracia; Desarrollo local; Innovaciones en la gestión de políticas públicas; Construcción de una gestión para resultados.

La metodología del programa contempla la realización de paneles de discusión, presentaciones de ponencias, sesiones plenarias y conferencias.

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Energía para el Desarrollo Sostenible:
Concluye XXXVII Asamblea General de la OEA en Panamá

Los Ministros de Relaciones Exteriores y las respectivas delegaciones de los 34 Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se dieron cita en el XXXVII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General del organismo interamericano, en la Ciudad de Panamá, entre los días 3 y 5 de junio, donde firmaron la Declaración de Panamá, cuyo tema se centró en la ?Energía para el Desarrollo Sostenible?.

La Declaración, entre otros asuntos, ratifica que ?la gobernabilidad democrática, las instituciones democráticas sólidas, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales son elementos esenciales para alcanzar las metas de los Estados miembros y de la región en materia de energía y desarrollo sostenible, el combate a la exclusión social y el avance del bien publico?.

Los cancilleres expresaron su determinación de desarrollar e invertir en las infraestructuras energéticas con el fin de facilitar la disponibilidad y el acceso a la energía, así como protegerlas y avanzar en la integración energética regional. ?Con estos propósitos destacamos la conveniencia, de acuerdo con las legislaciones nacionales, de impulsar alianzas y/o acuerdos entre los sectores públicos y privados, priorizando aquéllos donde el esfuerzo favorezca nuestro desarrollo sostenible?, según la declaración final.

El documento insta al Consejo Permanente de la OEA y al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) a convocar una reunión interamericana de autoridades nacionales y expertos, antes de la próxima Asamblea General, la cual se realizará en Colombia en el 2008, con el objeto de intercambiar experiencias, mejores practicas y otras informaciones relacionadas con la materia de la Declaración que contribuyan al desarrollo sostenible de todos los países del hemisferio.


CEJA en la AG

En la Asamblea General se eligió un miembro para el Consejo Directivo de CEJA, para el periodo 2008-2010. La nueva integrante es la Dra. Lucila Esther Larrandart, quien se desempeña como Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

El Consejo Directivo (Board of Directors), máximo órgano de CEJA, está integrado por siete miembros que son elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA Actualmente, es presidido por el abogado y ex Subsecretario de Justicia de Chile, Jaime Arellano. La vicepresidencia la ocupa Germán Garavano (Argentina). Los otros consejeros son Douglass Cassel de Estados Unidos; Lloyd Ellis (Jamaica); Russell Wheeler (EEUU); Hebe Martínez Burle (Uruguay); y Carlos Eduardo Caputo Bastos (Brasil).

Por otra parte, en la Cuarta Sesión Plenaria del 5 de junio, se aprobó la Resolución 2281 relativa al Fortalecimiento de las Actividades de CEJA, resolviendo la AG lo siguiente:

• ?Renovar el llamado a los Estados Miembros a que consideren realizar contribuciones voluntarias al Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) con el objeto de financiar sus gastos básicos


• Invitar a los Observadores Permanentes de la Organización a realizar contribuciones voluntarias al Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)


• Solicitar al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, incluya en su agenda un diálogo con el CEJA para que considere buscar formas de ampliar la cooperación entre los Estados Miembros y el Centro, tomando en cuenta las recomendaciones y conclusiones de las REMJA sobre la materia; y


• Que el Consejo Permanente informe del cumplimiento de esta resolución en el trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.?

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En Quito, Ecuador:
Presidentes de Cortes Supremas de la Región Andina analizaron tema de la Independencia Judicial en reciente Encuentro

?Independencia Judicial y acceso a Justicia de los Ciudadanos? se llama el Encuentro de los Presidentes de Cortes Supremas de la Región Andina que convocó entre el 27 y 29 de junio a las máximas autoridades judiciales de Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Chile y Bolivia, quienes debatieron acerca de estos temas y firmaron la Declaración de Quito, que señala como deber de los Estados, garantizar las vías más idóneas de acceso a un sistema de justicia adecuado a las realidades socio económicas y culturales de sus habitantes, al considerar la importancia de la independencia de la justicia para la consolidación de la democracia.

El evento, que tuvo el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), contó con las exposiciones de cada uno de los presidentes asistentes. De esta manera Eddy Fernández Gutiérrez, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia trató el tema de las "condiciones necesarias para un acceso efectivo a la justicia"; Francisco Távara Córdova, presidente de la CSJ del Perú, expuso sobre el "afianzamiento de la independencia interna de la función judicial"; Enrique Tapia Witting, presidente de la CSJ Chile, presentó "La carrera judicial como garantía de la independencia judicial?; Julio Valencia Copete, presidente de la CSJ de Colombia, habló sobre "los medios de comunicación e independencia judicial"; y Luisa Morales Lamuño, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, se refirió al "presupuesto e independencia judicial".

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Corrupción y Sistemas Judiciales

Por Alberto M. Binder (*)

Actualmente la palabra ?corrupción? tiene muchos significados y un alto componente emocional. Para algunos, este problema es moral. Otra perspectiva es que la corrupción debe ser planteada en el contexto organizacional. Según una tercera perspectiva, circunscribir el problema de la corrupción al ámbito organizacional supone desconocer que detrás de un funcionario corrupto hay otro que es quien corrompe. Ello vincula a la corrupción con otras realidades externas a la propia organización, en particular al modo como se generan negocios y riquezas en nuestros países.

Los sistemas judiciales, por su parte, no sólo no han estado al margen de este problema sino que lo han enfrentado desde una doble perspectiva. Por un lado, combatiendo sus propias corrupciones; por el otro, avalando y permitiendo aquéllas que debiera controlar y castigar. Esta doble dimensión en los sistemas judiciales hace que la percepción del problema por parte de los observadores externos esté influida por cada una de esas dimensiones y repotenciada por ello.

Por una parte, el observador percibe los niveles de corrupción del propio sistema judicial; pero, también percibe que ese sistema nada hace al respecto en otros sectores del Estado y ello aparece como una nueva forma de corrupción aunque en muchos casos no sea más que la ineficiencia normal del sistema.

Este análisis no debe ser entendido en el sentido de que la corrupción dentro del sistema judicial es sólo un problema de percepción. Al contrario, en los últimos años, en cada país se podrían encontrar razones que demuestran que existen niveles de corrupción cuya extensión y profundidad es difícil de generalizar.

Aun sin tomar partido por una de las perspectivas de análisis sobre corrupción, en todos los casos se reconoce que el modelo de organización cumple una función importante. La organización judicial es un modelo en cuyos pliegues las prácticas corruptas se mimetizan con la administración informal, y por lo tanto vuelven invisibles. Por eso, el cambio en la organización no es sólo un problema de la modernización, eficiencia y democratización de las instituciones sino que es una de las condiciones para una política anticorrupción.

En cuanto al problema de la corrupción en los sistemas judiciales, ha quedado atrapado muchas veces en la visión moralista. De este modo, su preocupación central ha sido modificar los sistemas de nombramiento y remoción de los funcionarios judiciales. Pero si no se modifican otras condiciones estructurales ?tales como el contexto organizacional o la situación económica? las posibilidades de que esas prácticas terminen por reaparecer son muy altas. Un enfoque complejo, estructural y una intervención enérgica y múltiple, que trabaje tanto en los casos concretos como las condiciones que lo favorecen parece un camino más rico para los próximos años.

Por otra parte, así como es complejo el problema de la percepción externa de la corrupción en los sistemas judiciales, también existen variables que distorsionan la percepción interna. El primer punto a destacar es el modo como se vive al interior de las instituciones judiciales la ilegalidad de las rutinas. Ellas son, en su gran mayoría, producto de la deficiente organización del trabajo y del anacronismo de procedimientos. Sin embargo, los jueces y funcionarios viven esta situación anómala como un problema de menor importancia.

Otra de las formas de corrupción que no es percibida como tal por el sistema es la que se refiere al tratamiento especial que se otorga a quienes tienen relaciones de amistad con los funcionarios judiciales. Este ?amiguismo?, es favorecido por la falta de transparencia de la forma de la organización judicial.

Otro fenómeno aceptado en el funcionamiento judicial es la delegación de funciones. La estructura del poder judicial, con sus fuertes mecanismos de presión interna, y la estructura procesal, con sus formas de arbitrariedad y secreto, favorecen este tipo de práctica. La delegación de funciones es una forma de corrupción y permite una transferencia de poder muy perniciosa hacia sectores administrativos de instituciones judiciales.

Sin embargo, en relación a la gravedad del problema, el proceso de reforma judicial no ha construido un discurso ?fuerte? sobre el problema de la corrupción judicial porque ello puede significar la pérdida de adhesiones internas o del compromiso de las autoridades judiciales. No obstante, aunque eso puede tener una justificación estratégica, no puede convertirse en una política general.

Todas estas formas de ?pequeñas? y grandes corrupciones, directas e indirectas, no sólo son el resultado del accionar interno de las instituciones sino que cuentan con una participación igual del gremio de los abogados. Para cada una de estas dimensiones existe una práctica paralela en el ejercicio privado de la abogacía.

Por otra parte, sólo una visión ingenua o interesada podría desconocer estas realidades que forman parte de la historia de cada uno de nuestros países. Por ello, una acción concertada a nivel regional debe distinguir. No obstante, estas acciones deben ser completadas con un mayor control sobre las prácticas de las mismas grandes empresas, que hoy manifiestan su preocupación. El efecto corruptor que pueden tener sus acciones es muy grande y posiblemente le sea difícil a cada país prevenirlas, dado el carácter multinacional de muchas de esas empresas. Les compete en consecuencia a los organismos internacionales que regulan la transparencia y equidad en el comercio, completar los planes anticorrupción en el sistema judicial con una política fuerte de control y sanción sobre las empresas. El proceso de reforma debe enfocar este problema y proponer una acción mancomunada entre los países y las organizaciones internacionales para contribuir a resolver un problema que afecta la confianza y distorsiona su inserción en el comercio mundial.

También hemos visto que el problema de la corrupción del sistema judicial no sólo se refiere a su situación interna sino que también tiene que ver con el modo como reaccionan las instituciones judiciales frente a la corrupción en otras áreas del Estado. Si su actuación es ineficaz, ya sea porque participa de esos actos corruptos o por su tradicional ineficiencia, de todos modos la ciudadanía lo computará a la percepción total que tiene del sistema. El proceso de reforma judicial debe ocuparse especialmente de este tema.

Frente a este cuadro de situación y la gravedad del problema, se debate cuál debe ser el papel y cuál es la efectividad de las instituciones judiciales en las políticas anticorrupción que llevan adelante nuestros países y cómo se deben relacionar con el conjunto de otras acciones que se pueden desarrollar por fuera de ellas y en el ámbito privado.

Para algunos sectores, ellas no sólo son estructuralmente incapaces de resolver este tema sino que ya forman parte de la red de impunidad con que cuenta el propio funcionario corrupto. El formalismo y la lentitud con que avanzan las instituciones judiciales, sus sistemas de garantías, la falta de recursos humanos y materiales, su debilidad política ?que la convierte en fácilmente controlable desde el poder? y otras tantas características la vuelven inepta para aplicar una política anticorrupción eficaz.

Desde otra perspectiva, no se niega la falta de capacidad actual de las instituciones judiciales para enfrentar este problema, pero se sostiene que sacar la investigación y el juzgamiento del campo judicial abre puertas tan peligrosas como la corrupción misma.

Pareciera que finalmente el camino es diseñar políticas amplias, modernas y dinámicas de lucha anticorrupción, trabajar sobre las medidas preventivas de tipo organizacional y preparar rápidamente a las instituciones judiciales para cumplir su parte en esos planes.

Además, la solución final posiblemente no exista, porque este tipo de instituciones siempre tendrá algún nivel de corrupción. Se trata de llevarla hacia niveles admisibles y demostrar que el sistema no está dispuesto a tolerar esos actos. La disyuntiva que plantea el debate, en definitiva, es falsa. Sí se pueden realizar acciones preventivas o de combate de la corrupción con una relativa autonomía respecto de los planes de reforma estructural.

El estado de los sistemas judiciales respecto de la corrupción, y la actitud general del sistema y de muchos de los jueces y funcionarios judiciales, representan una carga para el proceso de reforma judicial, que debe mostrar una preocupación por el estado general de las instituciones, pero luego es juzgado por los resultados obtenidos en el tema de la corrupción. El mejor indicador del avance de una organización en transformación es su capacidad de detectar y expulsar los casos más graves de mal funcionamiento o corrupción.

Por eso se debe asumir que la respuesta del sistema judicial frente a los casos de corrupción interna, así como su posición frente a los casos de corrupción externa que debe investigar o juzgar, es un claro indicador de avance del proceso de cambio de ese mismo sistema, pero también es mucho más que eso.

Es el modo como la propia organización empieza a reconstruirse a sí misma, a generar sus nuevos valores y a demostrar que está dispuesta a enfrentar al poder que muchas veces genera u oculta la corrupción, con su propio poder de investigación y juzgamiento. Significa que también está dispuesta a comenzar un nuevo diálogo con una sociedad que le reclama cambios tan profundos como concretos y que puede darle tiempo para el cambio, pero sólo si demuestra efectivamente que está cambiando.

(*) Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS). Miembro del Consejo Consultivo del INECIP. Director de Sistemas Judiciales. inecip@inecip.org

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Revista IBERIUS

Red Iberoamericana de Documentación e Información Judicial, IBERIUS, junio 2007.

Por Andrea Cabezón(*)

En esta oportunidad, y luego de tratar temas como la accesibilidad y difusión de la jurisprudencia en Internet y protección de datos personales, la Revista Iberius sorprende con un nuevo tema abordado de manera regional y de suma importancia en estos tiempos, como es la Firma Digital y el Gobierno Electrónico.

Es importante recordar que la Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius, con sede en España, es una comunidad de cooperación en el ámbito de la información y documentación jurídica de los países iberoamericanos. Lo que se enmarca claramente en el objetivo central de esta publicación, que logra informar a los ciudadanos, de una manera ágil y comprensible, acerca de los sistemas judiciales y la legislación básica de los países que integran la Red.

El presente número de la revista aborda los aspectos más relevantes de la firma digital y del estado del Gobierno electrónico, incluyendo componentes tecnológicos, aspectos prácticos, la perspectiva de e-administración de Justicia en particular y e-gobierno en general, siempre incluyendo un aspecto jurídico.

A través de nueve papers de autores involucrados en la temática de la justicia, la publicación permite dar un enfoque regional al tema abordado en esta oportunidad. Es así como, comienza el análisis del tema con las características mínimas universalmente exigidas a la firma digital, éstas son: confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio, tal como destaca la editorial elaborada por la Secretaría de la Red Iberius y justifican los autores argentinos Hernán L. Elman y Carlos Tate, a través de su trabajo titulado: Firma Digital y Justicia Electrónica Argentina.

Por otro lado, Sérgio Tejada, a través de su trabajo A modernização do Judiciário Brasileiro, nos presenta una reflexión sobre el avance tecnológico y el valor que éste ha tenido en la modernización en el sistema judicial de Brasil. Igual como lo hace, Carlos Manuel Gonçalves de Melo Marinho, respecto al tema en Portugal.

En temas más específicos, respecto al uso y utilidad de la firma digital, autores como José Daniel Sanz y Juan Carlos Garcés, analizan la Firma Electrónica en la experiencia española, con la tesis de que ésta es un facilitadora para la implementación de nuevas tecnologías al ámbito de la Justicia.

Otros países son abordados, es así como, Mirna Lubet Valenzuela, plantea en su artículo la situación jurídica de la Firma Digital en Guatemala. Mientras, Yoselín Vos Castro y José Everaldo Caballero exploran e informan la realidad tecnológica de Panamá, y las iniciativas gubernamentales para avanzar en ese camino.

Finalmente, Rosa Elena Di Martino, justifica a través de su trabajo el Proyecto de Ley de Firma Digital en el Sector Público de Paraguay.

La publicación se puede bajar en PDF en www.iberius.org

(*) Periodista y Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Diego Portales. Se desempeña como Encargada de Prensa del Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA.

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Diálogos por la Justicia

http://www.poder-judicial.go.cr/dialogos

Diálogos por la Justicia es una iniciativa encabezada por el Magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, Rolando Vega Robert, con el objetivo de contribuir al debate sobre el proceso de reforma judicial en ese país, y establecer un espacio virtual de rendición de cuentas de su gestión con el fin de estimular la transparencia informativa del trabajo judicial. El mismo, se encuentra alojado en la página web de la Corte Suprema de Justicia de dicho país.

La iniciativa surge del documento ?Diálogos por la justicia: hacia una reforma judicial participativa?, presentado a inicios de 2003 por el Magistrado Vega a la Corte Suprema de Costa Rica, que incluía distintas propuestas adoptadas durante estos años, entre ellas, la idea de crear los Consejos de Jurisdicción por Circuito Judicial y otras para fortalecer la participación ciudadana. El documento y las actas de la Corte relacionadas se pueden leer íntegros a través del menú principal.

En la sección de Rendición de Cuentas, el Dr. Vega da a conocer su labor como Magistrado de la Corte, incluyendo las comisiones en las que ha participado, proyectos impulsados, detalles de viajes al exterior, informes diversos rendidos a la Corte Plena y otros.

Por otro lado, en Documentos sobre Justicia, se puede encontrar una selección de estudios, exposiciones, conferencias y otros relacionados con el tema judicial.

Además, en www.poder-judicial.go.cr el usuario puede acceder a Foros mensuales, encuestas quincenales, noticias del sector y vínculos relacionados.

Página disponible en español.

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Entre las publicaciones ingresadas a la Biblioteca Virtual de CEJA, destacamos:

 

Título	El rol del Ministerio Público colombiano en el proceso penal
Autor	Carolina Villadiego Burbano
Reseña	El sistema adversarial que se propuso implementar en algunos países de América Latina se fundamenta en la idea de un proceso entre partes, oral, público y contradictorio. En Colombia, dicho sistema fue adoptado a través de la Ley 906 de 2004, ?por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal? . En este proceso penal se continúa con la intervención del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación) a lo largo de todas las etapas del procedimiento -cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público, o los derechos y garantías fundamentales de las personas -, creando así, un proceso en el que además de las partes, existe un interviniente adicional.
Descargar	RolMPubliccolombianopp.pdf  (119 Kb.)

Título	El Derecho a la defensa con especial atención a la labora de las Ong's en el Ecuador
Autor	Diego Jaya
Reseña	El tema del derecho a la defensa penal en el Ecuador se aborda desde una perspectiva de la implementación del sistema acusatorio, en el que los sujetos procesales pasan cumplir otro rol diferente al del sistema inquisitivo, el Código Procesal Penal vigente desde julio del 2001, tiene falencias en varias normas que no permiten el desarrollo del nuevo sistema, mucho más al ser reformado en enero del 2003, se introdujeron medidas violatorias los derechos como la llamada detención en firme, consultas a dictámenes, también en ciertas practicas de los fiscales, Jueces de garantías y jueces de los Tribunales penales, no se genera un cambio al sistema acusatorio oral.
Descargar	elderechoaladefensa.pdf  (83 Kb.)

Título	La necesaria adecuación de los mecanismos actuales de organización y gestión de los Juzgados Cautelares, a las exigencias del sistema acusatorio
Autor	Jorge Richter Ramallo
Reseña	La reforma procesal penal fue justamente la ?abanderada? en el desafío de lograr el sometimiento de las normas a los lineamientos constitucionales. El solo proceso de cambio normativo ? pensando en que una reforma de este tipo no se agota con la promulgación de nuevas leyes ? fue profundamente resistido por intereses de diversa índole, lo cual implicó que el periodo de diseño normativo y posterior implementación fue prácticamente absorbido por la discusión y análisis de las líneas rectoras de la reforma: fortalecimiento del sistema de garantías, revalorización de la víctima, investigación eficiente, participación ciudadana, simplificación del proceso, respuestas eficientes y diversificadas, oralidad plena y respeto a la diversidad cultural.
Descargar	gyo_juzgcautelares.pdf  (284 Kb.)

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24 de agosto de 2007 (fecha sujeta a confirmación). Santiago, Chile
Segunda Reunión año 2007 del Consejo Directivo de CEJA

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5 y 6 de julio de 2007. Hidalgo, México
Reunión Nacional de Consejos de la Judicatura, Organos Auxiliares y Transparencia

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5 y 6 de julio de 2007. Hidalgo, México
Reunión Nacional de Consejos de la Judicatura, Organos Auxiliares y Transparencia

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29 y 30 de agosto de 2007. Santiago, Chile
Cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia

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Director Ejecutivo
Juan Enrique Vargas Viancos


Secretario del Consejo Directivo
Francisco Cruz


Capacitación
Mauricio Duce
Coordinador

Claudio Fuentes
Asistente Capacitación


Estudios
Cristián Riego
Director Académico

Nataly Ponce
Investigadora


Gestión e Información
Cristián Hernández
Coordinador


AREAS DE APOYO

Comunicaciones y Relaciones Públicas
Ximena Catalán Ancic
Coordinadora

Andrea Cabezón
Encargada de Prensa

Sandra Araneda Jofré
Asistente de Área -Digitadora


Centro de Información Virtual
Alejandro Fica
Encargado de Área

Claudio Riveros
Asistente


Administración
Cecilia Torche
Encargado de Área

Contabilidad
Ingrid Alvarez
Contabilidad

Gabriel Correa
Contabilidad


Eventos
Pilar Ávila
Responsable de Área


Traducción
Kate Goldman
Traductora


Secretaría
Pamela Varela


Auxiliares
Soledad Soto
Luis Huichaquelen