TITULARES

Seminario Internacional de Buenas Prácticas en los Nuevos Sistemas Procesales Penales en Chile

CEJA capacita a Fiscales de América Latina a través de Internet

Según Informe disminuye Confianza en Justicia en la sociedad argentina

Poder Judicial de Bolivia publica recomendaciones para la Justicia Civil y Comercial

Con representantes de 14 países:
Comienza Curso Base de Instrumentos para la Implementación de un Sistema Acusatorio Oral

60 profesionales, entre los que figuran fiscales, defensores investigadores, abogados, docentes y operadores de los sistemas de justicia, pertenecientes a 14 países de las Américas, participarán en el Curso Base Instrumentos para la Implementación de un Sistema Acusatorio Oral, que corresponde a la primera etapa de la cuarta versión del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal, que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, desarrolla con el patrocinio de la Agencia

Canadiense de Desarrollo Internacional, CIDA.

El Curso Base, que comienza el lunes 7 de mayo en Viña del Mar, Quinta Región de Chile, y se extiende hasta el viernes 11 de mayo, tiene como objetivo principal transmitir un conjunto de conocimientos y destrezas indispensables para aquellas personas que cumplen -o lo harán en el futuro- roles relevantes en la implementación de procesos de reforma a la Justicia Criminal en América Latina.

Como metas específicas se ha planteado entregar a los alumnos un análisis de las fortalezas y debilidades de los procesos de reforma procesal penal en la región; la presentación de nuevos instrumentos y prácticas para la implementación de las reformas; y mostrar, de manera práctica y mediante visitas, el funcionamiento de un modelo procesal penal oral y acusatorio.

De esta manera, los modelos de organización y gestión en las Defensorías Penales Públicas, Ministerios Públicos, observación en terreno de un sistema reformado, y experiencias específicas de mejoramiento de los procesos reformados en América Latina, serán los principales tópicos a tratar.

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Ponencias ya seleccionadas:
Seminario Internacional de Buenas Prácticas en los Nuevos Sistemas Procesales Penales en Chile

Ya se encuentran seleccionadas las 31 ponencias que participarán en el Seminario Internacional Buenas Prácticas en los Nuevos Sistemas Procesales Penales Latinoamericanos que se llevará a cabo en Santiago, Chile, entre los días 22 al 25 de mayo.

El seminario es organizado por el Proyecto EUROsociAL Sector Justicia, coorganizado por el Centro de Justicia de las Américas, CEJA y la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile. La actividad cuenta con el auspicio de la Agencia de Cooperación Internacional Canadiense, ACDI.

La metodología propuesta para el seminario consiste en la presentación de las experiencias concretas de los países de América Latina seleccionadas a través del Concurso de prácticas innovadoras y exitosas en los nuevos sistemas procesales penales adversariales. Además contemplará visitas de observación a terreno y foros de discusión, con el objetivo central de analizar los procesos de implementación de las Reformas Procesales Penales en la región, particularmente las ideas innovadoras en la gestión interna y extrainstitucional de las principales instituciones involucradas.

La justificación que tiene la realización de este Seminario Interamericano, radica en el importante número de países de América Latina que han emprendido reformas a la justicia criminal, observándose cambios que han implicado una nueva organización institucional, normativa, infraestructura, recursos humanos y materiales, aparejado a un alto costo económico. Los métodos y sistemas empleados en cada país han sido distintos, como también los resultados obtenidos, entre los que se observan experiencias, soluciones y prácticas exitosas, y en otros casos, iniciativas menos afortunadas.

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Abiertas las inscripciones:
CEJA capacita a Fiscales de América Latina a través de Internet

Hasta el 11 de mayo se recibirán las inscripciones para participar en la primera versión del Programa de Capacitación Virtual para Fiscales: ?Desafíos para el Ministerio Público Fiscal y la Persecución Penal en América Latina?, desarrollado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, con el patrocinio de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos.

El primer ciclo del Programa, a efectuarse entre el 21 de mayo y 29 de julio, tiene como objetivo entregar a los fiscales de los Ministerios Públicos, conocimientos y herramientas necesarias para desarrollar nuevos métodos de trabajo, enfoques y dinámicas para afrontar los problemas prácticos en la implementación y funcionamiento del sistema procesal penal en virtud de las diversas reformas a la justicia ocurridas en la últimas dos décadas en la región y las complejidades que hoy revisten las labores de persecución penal.

Los contenidos del Programa abarcarán de manera introductoria un diagnóstico acerca del estado actual de los Ministerios Públicos Fiscales y los principales desafíos que debe enfrentar. Con ese fin, el curso tratará con mayor detalle: la seguridad ciudadana, persecución penal, cuestiones de género, y tratamiento y protección de víctimas, sugiriendo en todos ellos caminos de acción.

Al término del Programa de Capacitación Virtual para Fiscales, se realizará un Seminario Internacional de clausura, durante el mes de noviembre del presente año, en la ciudad de Caracas, Venezuela. En la ocasión se becarán a los mejores alumnos del Programa en su estadía.

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Datos de marzo 2007:
Según Informe disminuye Confianza en Justicia en la sociedad argentina

Durante el mes de marzo, FORES, la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, y la Fundación Libertad presentaron el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), herramienta de sondeo cuatrimestral acerca de la evolución de la confianza de la sociedad argentina en la Justicia.

Como resultados generales, el estudio reflejó una baja de un 2% en la confianza en la justicia argentina respecto a la medición realizada en noviembre de 2006, alcanzando en marzo de este año un valor de 47,7 (en una escala donde 0 expresa el mínimo de confianza y 100 el máximo). Este descenso se registra por cuarto período consecutivo desde la medición de marzo de 2006, que presentaba un 50,1.

El Índice está compuesto por dos subíndices, uno conductual y otro perceptual. El primero de ellos registra el comportamiento que los encuestados manifiestan que tendrían ante conflictos jurídicos en materia patrimonial, familiar y laboral. El segundo expresa la opinión de los encuestados respecto de atributos que se esperan de la justicia, en términos de imparcialidad, eficiencia y honestidad. El resultado final se obtiene promediando los dos subíndices (conductual y perceptual) y tiene -al igual que los dos subíndices- una amplitud que varía entre 0 y 100.

Su diseño capta el comportamiento posible de la población ante conflictos jurídicos concretos y la opinión general que tienen los ciudadanos acerca de la Justicia argentina.

Se calcula sobre la base de una encuesta de opinión pública que se realiza cuatrimestralmente a la población mayor de 18 años de los grandes centros urbanos de Argentina.

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Poder Judicial de Bolivia publica recomendaciones para la Justicia Civil y Comercial

El Poder Judicial de Bolivia, en conjunto con el Programa de Administración de Justicia de la agencia de cooperación USAID presentaron a fines de marzo la publicación ?La Justicia Civil y Comercial en Bolivia: Diagnóstico y Recomendaciones para el Cambio?.

El libro tiene como objetivo ser una herramienta para avanzar significativamente en la mejora del servicio de justicia en Bolivia, a través de la generación de información para la toma de decisiones que refleje la situación actual de la justicia civil y comercial de Bolivia.

Entre algunas recomendaciones del trabajo se encuentran: reformular completamente la legislación que rige las quiebras y concursos comerciales; reducir las Ordenes Judiciales y trámites delegables en el Registro Civil; disminuir las oportunidades de prácticas reñidas con la ley y la ética; fortalecer la gestión judicial; fortalecer la conciliación en los procesos; fortalecer el sistema de información estadístico en materia civil y comercial.

El estudio, supervisado por Nora Luzi, especialista en Seguridad Jurídica, pretende será un insumo fundamental para la reforma de la justicia civil en Bolivia y Latinoamérica.

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El plan piloto en Mar del Plata, reflexiones desde la justicia de garantías

Por Saúl Roberto Errandonea (*)

Fruto de nuestra formación universitaria y necesidad de acomodarnos a estructuras definidas, es que, desde el ámbito judicial, venimos augurando la falta de salidas, como también cerrando la posibilidad de que reformas logren una mejora en el servicio de justicia.

El ?no se puede? se ha instalado en nuestras organizaciones, y con adaptaciones, hemos sabido neutralizar cambios legislativos para que nada cambie. Seguramente estos no han sido todo lo felices que uno espera, por la inoportunidad de estos, como por la falta de recursos humanos y materiales; pero más allá de los beneficios y desaciertos, se ha tratado de minimizar sus efectos.

Y para esto, como ejemplo, la reforma introducida por la ley que introdujo el llamado ?Procedimiento de Flagrancia?. En su inicio, en el departamento judicial Mar del Plata, se instaló la idea de que era imposible llevarla a cabo. Luego, un Fiscal se atrevió a solicitar en las causas en que intervino su aplicación. Y mirábamos sorprendidos que la estructura funcional permitiera cumplir los plazos procesales que se establecían. La actitud del Fiscal nos mostró la viabilidad de poner en funcionamiento tal procedimiento, suscitando la imitación de los operadores.

Similar actitud se plasmó cuando se nos ?invitó? a participar de la experiencia piloto que se llevaría a cabo en Mar del Plata, fruto del acuerdo realizado entre la Procuración General, el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, INECIP y CEJA. Y digo se nos ?invitó? a los jueces de garantías porque no habíamos participado del diseño, no formábamos parte del equipo, y tampoco viajamos a Chile a constatar su funcionamiento, y si bien teníamos conocimiento de la evolución del plan nos considerábamos meros ?espectadores?.

En consecuencia, todo estaba dado para poner en práctica todos nuestros recelos y escepticismos, en orden a ?una vez más? estampar la frase lapidaria ?Esto es imposible de llevar a la práctica?.

Así, luego de reuniones para mostrar las bondades del sistema, comenzamos a derribar barreras y prejuicios. Y creemos que la bisagra se dio cuando en un momento se nos dijo ?Esto no sólo tiene que mejorar el servicio de justicia, sino la calidad de vida de los operadores?. Y esto es tan así, que en tanto no entendamos que ambas cuestiones se encuentran emparentadas, nuestra tarea derivará en un sacrificio sin sentido, cuyas víctimas estarán representadas por los justiciables, y a renglón seguido, Jueces y Funcionarios.


Hacia nuevas formulas de consenso

Y desde aquel punto de partida se instaló otra idea?fuerza que es necesario desarrollar: ?Sin posibilidad de cambio legislativo hay que diseñar un modelo de gestión que permita profundizar el sistema acusatorio?.

Desde allí, y como referente el modelo de gestión de la justicia penal implementado en Chile, se nos ofrecía un arduo e incierto camino, pues es fácil advertir la diferencia de realidades desde los aspectos no solamente jurídicos ante el ejercicio de comparación.

La construcción del sistema esta vez estaba a cargo de nosotros, como la modificación de la gestión y actitud de los operadores, y todo esto sin cambio legislativo, y expuesto descarnadamente, con lo que teníamos. Por ello, jueces, fiscales y defensores, debieron repensar sus esquemas, llegándose con ayuda de técnicos en gestión y administración a lograr lo que se denominó ?Diagrama de Flujos?.

Una vez logrado se pasó a otra etapa: La búsqueda de fórmulas de consenso. Esto es lo que ha permitido superar dificultades, modificando actitudes obstruccionistas y meramente burocráticas, presentando el problema y las soluciones, sin renunciar cada uno a su función y dejando a salvo la independencia de criterios, con pleno respeto al aporte del otro.

Esto significó tener reuniones con fiscales y defensores, y en ellas plantear formas de resolución de los problemas advertidos o futuros, discutiendo sin tapujos los tramos de la experiencia.

Significó además ?acriollar? el modelo. En Chile, el administrador es clave en el sistema, logra la coordinación administrativa, desligando a magistrados de tareas ajenas a lo jurisdiccional. Esto es realizado por un licenciado en Administración de empresas. Esta función no existe en nuestro esquema funcional, y hubo que suplirla. Entre sus funciones se encuentra la labor previa que asegure la realización de la audiencia en el tiempo señalado, que el Juez tenga a su disposición la sala de audiencias, etc., resultando el ?administrador? clave desde el aspecto administrativo debemos sujetar el accionar, toda vez que resulta común para la Justicia de Garantías.

Como consecuencia de esto, una auxiliar letrada, personal de los Juzgados y del departamento de informática, y los Jueces comenzamos a elaborar modelos, rutinas de actuación, formas de notificación de las audiencias, generación de estadísticas y otras tareas conexas, supliendo -y creemos muy satisfactoriamente- la función asignada al símil de la experiencia chilena.


Bases de la experiencia piloto

Los objetivos básicos del plan se han determinado como derivación de aquellas falencias constatadas en la implementación de la reforma procesal llevada a cabo en la provincia de Buenos Aires en 1998, que genera la sensación de que resta un importante camino por transitar.

Tales deudas se ofrecen nítidamente en lo que hace a la ansiada desformalización por un lado, y la ausencia de la oralidad en la investigación penal preparatoria como forma de resolución de las cuestiones que en dicha etapa se presentan, como medio más ágil y eficiente, por el otro.

En tal entendimiento se determinó como objetivos: Profundizar el sistema acusatorio; Optimizar el modelo de gestión de los recursos; Mejorar la capacidad de respuesta del sistema a los conflictos y la imagen institucional del Poder Judicial.

Instrumentado en cinco etapas, cada una de ellas destinadas a: la formación del equipo interinstitucional y recopilación de información; formulación de un plan; presentación de la propuesta a las autoridades provinciales y a las organizaciones que coadyuvan al cambio; ejecución concreta de las propuestas; documentación y evaluación de lo realizado.


Preparación del equipo de Flagrancia y su operatividad

El sistema requiere la creación de un equipo destinado a hacer posible la realización de la audiencia donde un Juez resolverá en forma oral, luego de escuchar a las partes y cuestiones que le sean sometidas a su conocimiento.

Para ello, y atendiendo a la realidad del departamento judicial, se diseñó un equipo conformado en distintas etapas, el cual resulta común para los tres Juzgados de Garantías existentes.

Primero, el Equipo de Flagrancia, los capacitadores de las Instituciones de la experiencia y los Jueces de Garantía diseñaron el modelo de gestión a través de la determinación de lo que se denominó ?diagrama de flujos?, consistente en el recorrido de la investigación desde su inicio, como también las distintas alternativas en que ésta puede transcurrir.

Luego, ya los Jueces de Garantías con sus colaboradores, revisaron nuevamente el modelo, precisando cada uno de los aspectos. Como ejemplo la confección de los modelos de actas que documentan la realidad de lo actuado en la audiencia, rutina de las notificaciones, etc.

Se culminó con la asignación de una auxiliar letrada como coordinadora de la Secretaría de Flagrancia, la que como función debía generar un espacio común de actuación, tanto para Jueces, fiscales y defensores. Esta Secretaría cuenta además con la colaboración del personal de los Juzgados así en las audiencias como en lo previo y lo posterior a éstas.

Otro tanto ocurrió en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, en cuanto a la creación de esquemas que pudieran dar respuesta a la demanda que irrogaran las causas tramitadas bajo el procedimiento de Flagrancia, con la asignación de fiscales y defensores para cubrir los turnos.


Respuestas a interrogantes y el camino que aun resta

En los albores de la puesta en marcha de la experiencia, muchos han sido los cuestionamientos realizados. Así se ha advertido que:

?Se prioriza la eficiencia y rapidez por sobre las garantías procesales de los imputados?. A esto se puede contestar que la realización de un proceso garantizador de los derechos del imputado depende de la calidad de la labor que realicen los operadores. Ni el sistema tradicional, ni el ideado por esta experiencia, por sí solos dan respuesta a un debido proceso legal. Ahora bien, el contradictorio parece generar un ámbito más propicio.

?Se busca la eficiencia sobre un sector de sujetos que constituye la habitualmente denominada ´Clientela` del sistema penal?. Luego, este argumento se desvanece al reconocer que la experiencia comenzó con los delitos en flagrancia pero tiende a proyectarse a todo el espectro restante. De todas maneras no se puede dejar de mencionar que los casos en cuestión representan más del 80% de los ingresados al sistema penal, trayendo esto en su tratamiento, y como consecuencia necesaria, la mayor disponibilidad ?ahora- del recurso humano y material para avocarse a la investigación y resolución de los casos considerados de mayor complejidad.

Como consecuencia de lo expuesto, la opinión de los operadores, los que a pesar del esfuerzo por modificar los criterios de actuación, se han expresado en forma favorable a la experiencia, y están permanentemente atentos a las variaciones para su mejoramiento.

Para el justiciable el proceso deja de ser inentendible en esta etapa. Las cuestiones se plantean con claridad, utilizando un lenguaje entendible para su destinatario.

La contradicción e inmediación permiten superar rápidamente, y con un nivel de soluciones aceptables, aquellas cuestiones que, escritura mediante, podían llevar días como consecuencia de los traslados y contestaciones.

Se ha dicho que ?con nuestra idiosincrasia el sistema va a fallar?. Esto ha sido totalmente superado, ya que desde el punto de la gestión se han logrado excelentes estándares de eficiencia, en lo que hace a la realización de audiencias e índices de resolución logrado en las mismas.

También es cierto que de proyectarse en el tiempo la experiencia, se torna indispensable el rediseño, en primer lugar, de la Justicia de Garantías y luego, de los demás órganos que componen la justicia penal. Así, se advierte la necesidad de contar con más órganos de decisión, aunque dotados de menores plantas de personal. La delegación laboral se ve acotada, ya que gran parte de los trámites se resuelven en audiencia, debiendo por tanto reforzarse este espacio.

Por último, y como pendiente, todos debemos acordar y propender a la desformalización de la Investigación Penal Preparatoria. Y éste es un camino que en forma gradual se deberá comenzar a transitar. Hoy se advierte la existencia de papeles en el legajo, en algunos casos innecesarios, y otros que seguramente encontraran mejor marco de producción en la etapa de juicio.

Seguramente resta mucho por hacer, y del intercambio de opiniones surgirán alternativas, pero desde mi experiencia ha sido válida la incursión, en pos de una mejor calidad de justicia. Un profesor me refería al respecto un pensamiento de Carlyle, ?Nadie tiene derecho a quejarse de su época ni de su gente; pues si son malos ahí está él para hacerlos mejores?.

(*) Juez de Garantía de Mar del Plata, Argentina errans@copetel.com.ar

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Boletín Aportes DPLF

Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF, EEUU, 2007.

Por Andrea Cabezón(*)

Es un agrado cuando un boletín o revista institucional además de informarnos de actividades y proyectos propios tiene como objetivo generar un espacio de debate que permita intercambiar visiones y experiencias en la región. Este es el caso de la nueva Revista Aportes, que presenta la Fundación para el Debido Proceso, DPLF.

Con una periodicidad trimestral, la publicación reúne reflexiones relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas de los poderes judiciales, en esta ocasión centrada en ahondar y generar debate sobre la corrupción judicial y el fortalecimiento de la independencia de los sistemas de justicia.

A través de cuatro papers de autores involucrados en la temática de la justicia, la publicación permite dar un enfoque regional al tema abordado en esta oportunidad. Es así como se da inicio al tema con el principio de que la corrupción judicial cercena un pilar esencial de la justicia: la independencia judicial. Ya que sin ésta, tal como lo señala Esther Major, de la International Bar Association (IBA), la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia se ven amenazados.

Por otro lado, una de las primeras acciones que se debe emprender es analizar cómo funcionan los mecanismos para controlar la corrupción dentro del poder judicial. El consultor Hernán Charosky, se refiere algunas preguntas y guías básicas al respecto a modo de diagnóstico y evaluación de la corrupción judicial con la mira puesta en establecer herramientas de transformación de esta situación.

Finalmente, Paul Rueda, de Costa Rica, y Carol Zardetto, de Guatemala, nos ofrecen una reflexión sobre el tema de la corrupción judicial en sus países. Por un lado el Poder Judicial de Costa Rica, que según Rueda se caracteriza por altos índices de transparencia y bajos niveles de corrupción interna. Y por otro, Zardetto, quien refuerza la tesis de una necesidad de analizar las anomalías que afectan al sistema de justicia en su totalidad para no caer en la tentación de hablar de un fenómeno de corrupción, lo que implica la necesidad de realizar un examen de las estructuras de poder.

Para acceder a versión digital haga clic aquí.

(*) Periodista y Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Diego Portales. Se desempeña como Encargada de Prensa del Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA.

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Sourcebook of Criminal Justice Statistics Online (Compendio de Estadísticas sobre Justicia Penal Online)

http://www.albany.edu/sourcebook/

El Compendio de Estadísticas sobre Justicia Penal es un sitio Web creado por la Universidad de Albany, State University of New York, que reúne datos de más de cien fuentes sobre muchos aspectos de la justicia penal en los Estados Unidos. Los datos son presentados en más de 600 tablas, y cuenta con un archivo desde 1994.

Actualmente el sitio presenta la versión 2003, edición número 31 de la publicación, que goza del apoyo del Departamento de Justicia de los EE.UU. a través de su Oficina de Estadísticas de Justicia.

Las tablas de datos se organizan en seis secciones temáticas. Estas son: Características del sistema de Justicia Penal, Actitudes públicas hacia el crimen y temas relacionados a la justicia penal, Crimen y víctimas; Características y distribución de personas arrestadas e Incautaciones; Procesamiento judicial de acusados, es decir temas relacionados a las cortes, persecución penal y sentencias; Personas bajo supervisión judicial, que engloba temas de fianza, cárceles y pena de muerte.

Los usuarios pueden acceder información de interés al revisar el contenido de las secciones, el índice o realizar una búsqueda del sitio. Cada tabla se presenta individualmente en formato Adobe® Acrobat y matrices.

Página disponible sólo en inglés.

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Entre las publicaciones ingresadas a la Biblioteca Virtual de CEJA, destacamos:

Título	La Justicia en Nicaragua - Diagnóstico del sistema de justicia
Autor	Programa de Apoyo Institucional /PAI-NIC
Reseña	El origen del presente diagnóstico se encuentra en la preocupación de la Corte Suprema de Justicia y de las instituciones que integran la Submesa de Justicia, por avanzar en el diseño de políticas de reforma del sistema de justicia y en el diseño de un Plan Sectorial. La Submesa de Justicia, que coordina la Corte Suprema, inició este proceso en el año 2003, asumiendo el liderazgo del sector y dando un importante impulso a la coordinación de las instituciones para lograr implantar el enfoque sectorial.
Descargar	lajusticiaennicaragua.pdf   (5580 Kb.)

Título	Memoria 2006 de la Defensoría Penal Pública
Autor	Defensoría Penal Pública Chilena
Reseña	La Defensoría Penal Pública inició durante 2006 una nueva etapa, tendiente a consolidar su gestión, a partir del hecho de haber completado el año anterior su instalación en todo el país.
Descargar	MEMORIADEFENSORIA_2006.pdf  (7523 Kb.)

Título	Las funciones de la policía y la libertad y seguridad de los ciudadanos
Autor	Juan Bustos Ramírez
Reseña	La acción policial aparece expresa y directamente ligada a la Constitución, pues la policía es parte del sistema de control del Estado y, específicamente, del control formal. Más aún, es pieza esencial de la intervención del Estado sobre los ciudadanos en relación con un efectivo control: la policía constituye el órgano inmediato de aplicación del control penal y uno de los más importantes del control en general. Fuente: www.ilsed.org
Descargar	funcionesdelapolicia.pdf  (90 Kb.)

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7 al 11 de mayo de 2007. Viña del Mar, Chile
Programa de Formación de Capacitadores en la Reforma Procesal Penal

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Desde el 21 de mayo al 19 de octubre 2007. Santiago, Chile
Programa de Capacitación Virtual para Fiscales de América Latina

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22 al 25 de mayo de 2007. Santiago, Chile
Seminario Internacional 'Buenas Prácticas en los nuevos sistemas procesales penales Latinoamericanos'

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2, 3 y 4 de mayo de 2007. Buenos Aires, Argentina
I Congreso Federal de Justicia Penal

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Jueves 17 de mayo 2007. Santiago, Chile
Reforma al Poder Judicial: Gobierno Judicial y Gestión

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Director Ejecutivo
Juan Enrique Vargas Viancos


Secretario del Consejo Directivo
Francisco Cruz


Capacitación
Mauricio Duce
Coordinador

Claudio Fuentes
Asistente Capacitación


Estudios
Cristián Riego
Director Académico

Nataly Ponce
Investigadora


Gestión e Información
Cristián Hernández
Coordinador


AREAS DE APOYO

Comunicaciones y Relaciones Públicas
Ximena Catalán Ancic
Coordinadora

Andrea Cabezón
Encargada de Prensa

Sandra Araneda Jofré
Digitadora - Asistente de Área


Centro de Información Virtual
Alejandro Fica
Encargado de Área

Claudio Riveros
Asistente


Administración
Cecilia Torche
Encargado de Área

Contabilidad
Ingrid Alvarez
Contabilidad

Gabriel Correa
Contabilidad


Eventos
Pilar Ávila
Responsable de Área


Traducción
Kate Goldman
Traductora


Secretaría
Pamela Varela


Auxiliares
Soledad Soto
Luis Huichaquelen