TITULARES

Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia es discriminatorio en la Región

Acceso a la justicia en las Américas

Miembro del Consejo Directivo de CEJA jura como Fiscal General de Ciudad Autónoma de Buenos Aires

XVI Reunión Consejo Directivo de CEJA en Buenos Aires

Impacto de las tecnologías en la administración de la justicia será tema central en Taller regional

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, y la división del Sector Público de Microsoft Latino América, convocaron a un grupo de expertos de justicia en la región para participar en el Taller de discusión ?Perspectivas de uso e impactos de las tecnologías de información en la administración de justicia?.

La reunión se desarrollará los días 12 y 13 de abril en Santiago, Chile, con el objetivo central de elaborar un documento final, que permita generar un debate abierto en las iniciativas presentes y futuras de Justicia y Seguridad Pública de América Latina.

En el taller se examinarán las perspectivas de mejoramiento de los sistemas de justicia apoyadas o posibilitadas por las nuevas tecnologías enfocadas en las distintas áreas de aplicación, tales como la administración de recursos; seguimiento de casos (litigación a través de Internet, expediente virtual, desformalización de notificaciones, indicadores de tramitación); capacitación vía e-learning; coordinación e intercambio de información entre distintas reparticiones estatales para mejorar la eficacia en la persecución del delito y sistema de registros públicos y notarios.

inicio

Según Informe CIDH:
Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia es discriminatorio en la Región

?La brecha existente entre el reconocimiento formal y jurídico por parte de los Estados americanos de la violencia contra las mujeres y la efectividad de las instancias judiciales de protección para remediar dichos actos?, es una de las conclusiones primordiales que destacó el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, al presentar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el 7 de marzo de 2007 en Washington, D.C., según consta en el comunicado de prensa de la organización.

El informe, titulado Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, trata sobre la situación que atraviesan mujeres en la región cuando son

víctimas de violencia y acuden a los tribunales. En él se documenta el problema de manera detallada y comparativa basado en un diagnóstico sobre los principales obstáculos que las mujeres enfrentan cuando procuran acceder a una tutela judicial efectiva para remediar actos de violencia.

Entre los obstáculos adicionales en el acceso a la justicia, se hace referencia a la inexistencia de unidades especiales en las fiscalías, los tribunales y la policía que cuenten con los conocimientos técnicos especializados para abordar temas de violencia. Además, destaca la ausencia de centros judiciales en zonas rurales, pobres y marginadas, y la falta de abogados de oficio para las mujeres de pocos recursos y víctimas de violencia. Por otro lado, también subraya la discriminación que viven las mujeres afrodescendientes e indígenas cuando enfrentan distintas instancias judiciales del Estado.

El informe presenta recomendaciones a los países miembros para que ellos adopten medidas que pongan fin a esta situación, las que incluyen el diseño de una política estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para garantizar que las víctimas de violencia por género tengan un acceso pleno a una protección judicial, entre otras.

inicio

Encuentro en Washington DC:
Acceso a la justicia en las Américas

Los días 7 y 8 de marzo se dio lugar al ?Encuentro de expertos y expertas en acceso a la justicia?, quienes congregados en Washington DC, Estados Unidos, revisaron el estado actual, experiencias de innovación y estrategias futuras en el acceso a la justicia en los países de las Américas.

El encuentro cerrado contó con el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Academia de Derechos Humanos de la American University, y tuvo una metodología participativa y de discusión de temas.

La reunión comenzó con la presentación del documento preliminar hecho por el abogado David Lovatón, miembro de IDL ?Perú, acerca del ?Acceso a la Justicia y Gobernabilidad Democrática: retos y desafíos?, el cual planteó preguntas a ser respondidas posteriormente por los expertos, con la finalidad animar y orientar el debate del resto de la jornada.

En tanto, los paneles se organizaron en torno a exposiciones de los expertos, -todos invitados especiales-, cuyos temas se concentraron en los obstáculos en el acceso a la justicia; experiencias nacionales exitosas, y estrategias para la promoción del acceso a la justicia.

Por su parte, el Departamento para la Promoción de la Gobernabilidad de la Subsecretaría para Asuntos Políticos de la OEA, copatrocinador de la actividad invitó a sumarse como experta a esta iniciativa a Nataly Ponce, investigadora del área de Estudios de CEJA, quien se refirió en su intervención al Acceso a la justicia en las Reformas Procesales Penales en América Latina, tópico que ha sido estudiado en varios países de las Américas por el Centro.

inicio

El 27 de marzo de 2007:
Miembro del Consejo Directivo de CEJA jura como Fiscal General de Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El doctor Germán Garavano, actual vicepresidente del Consejo Directivo de CEJA, asumió el cargo de Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras efectuarse ante las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, la ceremonia de Juramento el día 27 de marzo.

El dr. Garavano fue Juez y Consejero del Consejo de la Magistratura de la C. A. B. A. Además, entre otras actividades ha sido: Investigador de Unidos por la Justicia; Consultor en proyectos de justicia del CEJA, BID, USAID. PNUD y BIRF en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Perú; Coordinador del Plan Nacional de Reforma Judicial y del Programa Integral de Reforma Judicial, Ministerio de Justicia; Primer Secretario de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino; Director Académico de FORES; Coordinador Académico del Programa en Administración y Modernización Judicial de la Fundación Carolina dictado por la UBA y la Univ. Carlos III de Madrid; y Autor y Coautor de siete libros.

inicio

XVI Reunión Consejo Directivo de CEJA en Buenos Aires

En las dependencias de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional ubicada en Buenos Aires, Argentina se efectuará la XVI Reunión del Consejo Directivo de CEJA, cita que tiene como objetivo analizar las actividades realizadas y por ejecutar para este año.

Según los estatutos que reglan el funcionamiento de CEJA, el Consejo Directivo es su máximo órgano, integrado por siete miembros elegidos en pleno por la Asamblea General de la OEA, quienes tienen la función de definir estrategias y políticas de la institución y aprobar los planes de trabajo y actividades que el Director Ejecutivo de la entidad les presenta en cada reunión.

Actualmente el Consejo Directivo es encabezado por su presidente, Jaime Arellano, chileno; Germán Garavano de Argentina (vice-presidente del Consejo), quien actualmente se desempeña como Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver nota aparte); y los consejeros: George Thomson de Canadá, Lloyd Ellis de Jamaica, Rossell Wheeller de Estados Unidos; Hebe Martínez de Uruguay, y Carlos Eduardo Caputo de Brasil.


Miembros Asociados

En la ocasión se dará lugar a un taller de discusión, acerca del tema ?El Estado y el Futuro de la Reforma Judicial en la Argentina y el Rol que CEJA puede jugar en ella?, en la que participan el Consejo Directivo y los Miembros Asociados, quienes son, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP; el Consorcio Justicia ? Argentina, ARGENJUS; y la asociación civil Unidos por la Justicia, también de Argentina.

Cabe destacar que los observadores permanentes de la OEA y cualquier organización nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental, especializada en temas de justicia, puede constituirse en miembro asociado de CEJA, con derecho a participar en todas sus actividades y reuniones del Consejo Directivo. En este momento además de los anteriormente nombrados, es además miembro asociado de CEJA, el Instituto Mexicano para la Justicia, IMEJ.

inicio

Apuntes para avanzar en el debate sobre cómo mejorar el Gobierno Judicial

Por Linn Hammergren (*)

El tema de gobierno judicial involucra una serie de asuntos de más amplia trayectoria, tal como el rol del Poder Judicial, su relación con los ciudadanos y otros poderes del Estado, y los valores que deben guiar sus acciones. Para contestar el por qué no avanzamos más rápido, un simple modelo podría servir, pero para tratar con la debida importancia los demás temas, las respuestas no son fáciles. Los modelos institucionales, igual que los nuevos códigos e insumos de las reformas, no son meras fórmulas. Así es que, si vamos a promover mejoras, lo principal es explicar el porqué y explorar la serie de temas relacionados.

Una buena parte de las reformas anteriores se enfocaron en lo que los donantes llamamos ?creación de capacidad?. Por medio de ello, se realizaron cambios sustanciales en la estructura del sector justicia. Lo decepcionante es que mucha de esta nueva ?capacidad? no se ha usado para mejorar la calidad de los servicios. Hay, sin duda, ejemplos de cortes que han utilizado sus nuevos recursos a la introducción de programas para aumentar el acceso y responder a las necesidades de poblaciones marginadas, que han inventado maneras de agilizar el procesamiento de causas, y promovido coordinación con otras entidades. Sin embargo, he entrevistado a presidentes de cortes cuyas respuestas al problema en la demora eran ?es cosa de la Asamblea, que sus miembros modifiquen las leyes?.

Uno podría concluir que los jueces están interesados solamente en los cambios que les beneficien. No creo que sea cierto. Lo que sí creo es que los jueces no se han organizado para enfrentar la problemática y que esto, en el fondo, se debe a la falta de un sistema de gobierno institucional.

Crear una instancia de gobierno institucional es hasta cierto punto difícil para cualquier judicatura. La situación normal del juez, en el sistema acusatorio o inquisitivo, es relativamente pasiva. Durante las décadas en que el Poder Judicial se ocupaba sólo de resolver los conflictos que se le mandaban y mientras la cantidad de esta demanda no crecía mucho y su calidad era estática, esto fue suficiente. Pero la demanda creció explosivamente, los conflictos son más variados, y el impacto de sus decisiones tiene un peso político más importante. Para responder a esta situación, el Poder Judicial tiene que ser más proactivo. Antes, se administraba; hoy, se gobierna también.

Antes de entrar en la cuestión de cómo debe ser el gobierno es importante considerar lo que hace. Podemos hablar al menos de cuatro funciones esenciales a su buen desempeño: monitoreo del desempeño y fijación de políticas institucionales; manejo de los recursos o, administración normal; selección de recursos humanos, especialmente jueces; y manejo de la carrera judicial y administrativa ?más allá de la selección.

La primera es esencial al gobierno institucional, pero las otras tres funciones son importantes para su éxito. Estas no tienen que ser realizadas por la misma unidad organizacional, pero sí tienen que ser coordinadas. Sin embargo, cada uno tiene objetivos distintos y un dilema de la organización es cómo asegurar la coordinación sin confundir objetivos. Hoy, existe una tendencia de combinar las dos primeras, haciendo de la administración la función principal o exclusiva, y/o de combinar las otras, o de mantenerlas separadas. Efectivamente la administración y selección siguen recibiendo más atención, mientras que el gobierno y manejo de la carrera tienden a ser olvidados.

La razón de la superposición de administración y gobierno se debe simplemente a la falta de desarrollo del segundo concepto. El manejo administrativo de los poderes judiciales ha mejorado, pero sin una instancia de gobierno por detrás, también sufre de un enfoque demasiado estático.

En el caso de la selección y manejo de la carrera entran otros factores, especialmente el deseo de una participación representativa de otros intereses sociales. En algunos casos el manejo de la carrera también ha experimentado la misma política. Obviamente es más fácil diseñar una política coherente de recursos humanos dentro de la institución misma, pero tres consideraciones ?la falta de una capacidad comprobada de hacerlo, el deseo de combatir cualquier tendencia corporativista de los jueces, y la insistencia de las fuerzas políticas en tener un rol ?han funcionado en contra. Si uno acepta como válidas estas presiones la cuestión es cómo organizar y distribuir las demás funciones para asegurar que la institución tenga la capacidad para incentivar, controlar y mejorar el comportamiento de sus funcionarios.

Cambiar la mentalidad y construir estructuras que permitan un nuevo modo de actuar no será fácil, pero urgen si los Poderes Judiciales van a responder a las necesidades modernas. No pienso que el cambio de estructuras sea suficiente. Si se dividen mucho las funciones, el riesgo es seguir en parálisis; si se combinan para permitir más dinamismo, hay que introducir alguna medida de accountablity para evitar varios tipos de abuso. No hay modelo sin riesgos, el secreto está en reconocerlos y tomar las medidas del caso para combatirlos.

Por estas razones, no me atrevo a proponer un modelo para todos. Limito la última parte de la discusión a una consideración de los ?principios? a ser tomados en cuenta por cada país en el proceso de hacer su propio diseño.

1) El primer principio es el enfoque en los resultados, no en la forma. El diseño institucional no es cuestión de crear estructuras bonitas, sino de mejorar el funcionamiento de una organización.

2) Los demás principios son guías; no son reglas absolutas. La primera lección es que hay casos donde lo que va en contra de las reglas funciona. EEUU probablemente usa dos de los sistemas menos recomendables para seleccionar jueces ?la elección y el nombramiento ejecutivo sin muchos criterios formales adicionales. Sin embargo, sus jueces no son malos. Hay una comunidad legal activa que monitorea la selección y actuación de jueces.

3) Cuando los objetivos son múltiples, los conflictos entre ellos son muy probables. Un conflicto no requiere una decisión absoluta, pero sí, priorizar y poner medidas adicionales para asegurar que los objetivos menos importantes no se olviden completamente.

4) Reducir riesgos es un objetivo secundario en el diseño institucional. Es importante, pero no debe ser la primera prioridad, o ?corremos el riesgo? de crear instituciones poco productivas.

5) Los que toman decisiones en un área requieren un buen equipo técnico para informar sus deliberaciones. Viendo las cuatro funciones claves, la situación predominante es que o no tienen un apoyo técnico adecuado o no lo usan. Lamentablemente, el área más abandonada corresponde a la función gubernamental y es justo aquí donde una variedad de información, un buen análisis de ella, y la perspectiva de otras disciplinas urgen.

6) Los miembros de la instancia decisoria deben fijar los lineamientos para sus equipos técnicos y usar los insumos que proveen, pero no deben hacer su trabajo. Hay confusión en la labor del juez, comité, u otro grupo nombrado para usar el trabajo de un equipo técnico o supervisar una estructura administrativa. Fijar la política no es meterse en el trabajo del día a día.

7) Los que toman decisiones deben ser seleccionados por entendimiento de su rol, capacidad de comprender a grandes rasgos parte técnica, y habilidad de distinguir entre su trabajo y el de los técnicos. La composición de la instancia decisoria es igual de importante que la instancia técnica, y muchas veces su selección parece corresponder a criterios no relevantes.

8) Es mejor que la instancia decisoria sea pequeña y que el contacto con su entidad de apoyo técnico sea vía un director de ésta. Esto entra en conflicto con otro valor, la representatividad. Es cierto que algunas entidades pequeñas han provocado su propia parálisis. Sin embargo, normalmente es más fácil decidir entre pocos, siempre que estos entiendan su rol.

9) Las líneas de responsabilidad deben ser claras. La instancia decisoria es responsable por la calidad de sus decisiones, y la instancia técnica por la calidad de su análisis y trabajo. Si el análisis o el trabajo es insatisfactorio se cambia al director técnico o administrativo y el nuevo puede reemplazar a otros técnicos claves.

10) La instancia de gobierno judicial debe ser el centro del sistema, con las demás funciones pendientes de ella. Este es un principio lógico y funciona aún si algunas de las demás funciones se ubican fuera de su esfera real de control.

11) Para concretizar la coordinación es mejor fijar pautas de preferencia, cuantitativas en cuanto al producto colectivo final. Si se pueden poner de acuerdo en cuanto a éstas, la coordinación entre entidades más o menos independientes se puede conversar mejor.

12) Las leyes fueron hechas por hombres y se pueden modificar. La respuesta de un jurista a una lista de recomendaciones presentadas por un consultor del Banco fue en casi todos los casos, ?la Constitución o la ley no permite?. Me permito sugerir que el doctor es parte del problema.

13) No importa cómo dividen o consolidan las funciones, siempre habrá retos de coordinación. Estos pueden ocurrir hasta dentro de una misma entidad así que la concentración máxima tampoco resuelve el problema.

14) Un proceso de cambio institucional es lento, experimental, funciona por etapas, y cada innovación requiere ser evaluada. Lo más importante es entender y ponerse de acuerdo en cuanto a los objetivos globales.

Otra lección de la reforma institucional es que tratar de hacer todo a la vez es imposible. Así, empezaría donde el problema es más grave y para mí es la falta en casi toda la región de una instancia real de gobierno judicial.

Hay algunas judicaturas que no siempre tienen un Director Administrativo y dejan a los directores departamentales cabildear con la junta gubernamental, y hay otros que han invertido poca atención en mejorar la calidad de su personal administrativo. La planificación de recursos humanos es muy débil en casi todas partes. No obstante, las mejoras en las tres otras áreas y la coordinación entre ellas, requieren una cabeza política. Obviamente es el cambio más difícil, siendo más sensible políticamente, menos propicio a realizarse sólo con insumos técnicos, y lo menos consistente con la cultura judicial tradicional. A pesar de estos obstáculos, si los jueces, políticos, y ciudadanos no aceptan la tesis principal ?que la justicia, igual que otros servicios públicos, tiene que planificarse estratégica y dinámicamente? veo poca posibilidad de mejorar su desempeño o su imagen.

(*) Especialista Senior en Sector Público para el Departamento Regional sobre América Latina del Banco Mundial. lhammergren@worldbank.org

inicio

Mujeres Privadas de Libertad Informe Regional: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay

CEJIL, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, CLADEM, CODEHUPY, Coordinación de Mujeres del Paraguay, INECIP Argentina, INECIP Paraguay, SERPAJ Uruguay, Universidad Diego Portales, 2006.

Por Andrea Cabezón(*)

Hacer un llamado de atención a la problemática de las mujeres en un sistema penitenciario regional diseñado para hombres, es el objetivo central del presente documento.

El informe, coordinado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, logra a través de un esfuerzo colectivo de varias instituciones y organizaciones visualizar la situación de las mujeres privadas de libertad en los países del cono sur.

A través de información recopilada, en su mayoría en centros penitenciarios, refleja las condiciones de vida de un número importante de mujeres privadas de libertad, con el fin de aportar en la agenda de género y promover a nivel regional el desarrollo de nuevos estudios que contribuyan a la elaboración de políticas sociales y penitenciarias acorde a las especificidades de género, en base a estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

En la sección I, se presenta una breve referencia a la normativa en vigor en los países evaluados, evidenciando que las leyes penitenciarias sólo contemplan a las mujeres en razón de la maternidad, haciendo caso omiso de otras condiciones.

Posteriormente, bajo el acápite II, se destaca la grave situación del sistema penitenciario en la región, a través de información de los centros penitenciarios de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay ?tanto para hombres como para mujeres? evidenciando que la superpoblación carcelaria y el hacinamiento son problemas que afectan a ambos géneros, haciendo hincapié en la evolución que ha tenido la población penitenciaria femenina en los últimos años.

La tercera sección hace visible el impacto diferencial que posee el encarcelamiento para las mujeres, dando cuenta de la realidad en la que se encuentran sumidas. Para ello, en primer lugar, se centra en la distribución de los centros de detención en los países y los desafíos que ésta presenta. Seguidamente se analiza el régimen de visitas familiares e íntimas y se busca explicar de qué manera esto agrava el encarcelamiento de las mujeres. Además, se presenta información sobre las deficiencias en materia de salud y la poca prevención general en la infraestructura carcelaria en atención especializada para las problemáticas femeninas. Por otro lado, se tratan las actividades recreativas, educativas, formativas y laborales, y se hace referencia a la situación de los hijos que residen en la prisión con sus madres. Para finalizar ese capítulo, se hace referencia al tratamiento disciplinario y a la violencia dentro de las cárceles femeninas.

Finalmente, en la sección IV se recopilan las conclusiones y recomendaciones presentadas durante el 126º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 2006.

El texto se encuentra en versión digital en www.inecip.org

(*) Periodista y Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Diego Portales. Se desempeña como Encargada de Prensa del Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA.

inicio

Programa Desempe?udicial, Transparencia y Acceso a la Informaci? INECIP Paraguay

http://www.inecip.org.py/acceso/

Con el fin de contribuir en la promoci?e la transparencia y el mejor desempe?n el Poder Judicial, INECIP y la Corte Suprema de Justicia con la asistencia t?ica de USAID, desarrolla y ejecuta desde diciembre de 2005 el Programa Desempe?udicial, Transparencia y Acceso a la Informaci?n Paraguay.

Esta iniciativa asiste al Poder Judicial, a trav?de una estrategia que integra componentes destinados a desarrollar indicadores de desempe?n el rea jurisdiccional y administrativo; dise? organizar e implementar un sistema de acceso a la informaci?fortalecer la comunicaci?nstitucional, y promover la concienciaci??ca y desarrollar mecanismos de participaci?iudadana.

En www.inecip.org.py acceso los usuarios pueden conocer los objetivos, resoluciones y disposiciones de la Corte Suprema en torno a las ?as de trabajo del Programa, componentes y enlaces relacionados. Tambi?se logra acceder a los diagn?icos desarrollados en Paraguay sobre el tema, por medio de los ejes tem?cos y circunscripciones abarcadas en sus informes.

Para complementar la labor desarrollada en esta iniciativa, se puede recurrir a la secci?e noticias, que re?informaciones locales y regionales relativas al acceso y desempe?udicial. En este mismo sentido, el Programa cuenta con un sistema de Bolet? Informativo electr?o peri?o, abierto a la suscripci?e quien lo desee.

P?na disponible solo en espa?

inicio

Entre las publicaciones ingresadas a la Biblioteca Virtual de CEJA, destacamos:

Título	Resumen del Informe de la Comisión de Estado por la Justicia
Autor	Centro de Modernización de la Administración Pública (CIMAP)
Reseña	Durante la primera etapa de los trabajos para los cuales fue creada, la Comisión de Estado por la Justicia desarrolló una serie de funciones que puede resumirse de la siguiente manera: Participación ciudadana, Designación de subcomisiones, Sesiones de la CEJ, Contenido del Informe, entre otros.
Descargar	Informe-Resumen-Pacto.pdf  (113 Kb.)

Título	Transparencia Judicial
Autor	J. María Elena Guerra Cerrón
Reseña	Artículo presentado en el Foro: Prensa y Justicia: Hacia una Relación Constructiva, organizada por la Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia del Poder Judicial- Perú JUSDEM. En fecha 21 , 28 Nov y 12 Dic 2006, Lima- Perú.
Descargar	TransparenciaJudicial.pdf  (97 Kb.)

Título	Estudio de la Participación Comunitaria o Ciudadana como modalidad de una Política Criminal Preventiva
Autor	Keymer Avila
Reseña	Desde el enfoque de la Criminología Crítica, el presente trabajo pretende aproximarse a la participación comunitaria o ciudadana como propuesta para la prevención del delito. Después de hacer un breve recorrido por nociones fundamentales como: la política criminal integrada a una política social general, el tema de la seguridad y la construcción social del miedo, se describe la experiencia de la participación ciudadana, como una de tantas propuestas en las que la perspectiva critica ha de materializar su trabajo teórico. La participación ciudadana como política criminal debe desarrollar principios constitucionales y ser un instrumento de protección de los Derechos Humanos.
Descargar	Epciudadana_politcriminal.pdf  (334 Kb.)

inicio

9 de abril de 2007. Buenos Aires, Argentina
XVI Reunión del Consejo Directivo de CEJA

inicio

7 al 11 de mayo de 2007. Viña del Mar, Chile
Programa de Formación de Capacitadores en la Reforma Procesal Penal

inicio

22 al 25 de mayo de 2007. Santiago, Chile
Seminario Internacional 'Buenas Prácticas en los nuevos sistemas procesales penales Latinoamericanos'

inicio

2, 3 y 4 de mayo de 2007. Buenos Aires, Argentina
I Congreso Federal de Justicia Penal

inicio

Director Ejecutivo
Juan Enrique Vargas Viancos


Secretario del Consejo Directivo
Francisco Cruz


Capacitación
Mauricio Duce
Coordinador

Claudio Fuentes
Asistente Capacitación


Estudios
Cristián Riego
Director Académico

Nataly Ponce
Investigadora


Gestión e Información
Cristián Hernández
Coordinador


AREAS DE APOYO

Comunicaciones y Relaciones Públicas
Ximena Catalán Ancic
Coordinadora

Andrea Cabezón
Encargada de Prensa

Sandra Araneda Jofré
Digitadora - Asistente de Área


Centro de Información Virtual
Alejandro Fica
Encargado de Área

Claudio Riveros
Asistente


Administración
Cecilia Torche
Encargado de Área

Contabilidad
Ingrid Alvarez
Contabilidad

Gabriel Correa
Contabilidad


Eventos
Pilar Ávila
Responsable de Área


Traducción
Kate Goldman
Traductora


Secretaría
Pamela Varela


Auxiliares
Soledad Soto
Luis Huichaquelen