TITULARES

Confianza en la Justicia aumentó en Latinoamérica

Finaliza Seminario de Justicia Civil en Chile

Conclusiones de XXIX Cumbre Ordinaria del SICA

A partir del 2007:
Programa Regional desarrollado por CEJA y el BID favorecerá la evaluación del desempeño judicial en la Región

Existen divergencias sustantivas en los criterios de información y la forma de recoger los datos estadísticos judiciales en los países de la Región, métodos que van desde sistemas automatizados hasta modos de recolección manual. Esta realidad hace difícil una adecuada medición del desempeño o una discusión acerca del posible establecimiento de estándares judiciales.

Con el objetivo de homologar estas estadísticas, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, desarrollará a partir del 2007 el Programa ?Definición y Medición de Indicadores y Estadísticas Judiciales Homologables?, a través de una Cooperación Técnica Regional con fondos no reembolsables que será financiada por el Banco Interamericano del Desarrollo, BID.

El programa busca establecer variables y estándares fundamentales de la administración de la justicia a través del cálculo de indicadores medibles y comparables que den cuenta del desempeño de los Poderes Judiciales de los países participantes en los cinco ámbitos definidos: capacidad de resolución de casos, tiempo de procesamiento, gasto en justicia, confianza pública en la justicia y satisfacción de usuarios.

Con el fin de calcular y discutir los estándares por cada indicador homologable en la Región, el programa se enfocará primeramente en analizar la brechas existentes entre los datos básicos y definir los datos factibles de obtener en la actualidad; elaborar recomendaciones, informes y análisis comparativos por país; y calcular los indicadores relevantes con los adecuados rangos de variación de estos.

La iniciativa, que tiene por plazo 18 meses, permitirá capacitar a través de talleres a miembros de los Poderes Judiciales en el uso y análisis de información para la toma de decisiones.

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Según Latinobarómetro 2006:
Confianza en la Justicia aumentó en Latinoamérica

Un aumento del 31 al 36%, en la confianza de la opinión pública en el Poder Judicial, entre el año 2005 y el 2006, fue uno de los resultados arrojados por la encuesta que realiza cada año la Corporación Latinobarómetro.

Se confirma de esta manera, la tendencia leve a la mejora de percepción que desde 2004 venía dándose con un 32% y 31% en el 2005, luego de varios años de bajos resultados que desde el año 2001 había caracterizado al Poder Judicial, según la misma encuesta. En efecto, las cifras anteriores indicaban un 27% para 2001; 25% el 2002; y 20% en 2003. Siento este año la cifra más alta desde 1996.

Entre las causas identificadas por Latinobarómetro que determinan la confianza en las instituciones, está el trato por igual. Otros factores mencionados son: la capacidad de cumplir promesas, la rendición de cuentas de sus actos, admitir responsabilidades en caso de errores, y la respuesta de los servicios públicos a las demandas.

Los países que cuentan con mayor confianza en el Poder Judicial son: Brasil, Uruguay, Venezuela, República Dominicana y Costa Rica.

La encuesta Latinobarómetro, producida por la Corporación del mismo nombre, una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, se aplica a 18 países de América Latina y representa las opiniones, actitudes y comportamientos de una muestra representativa de los habitantes de la región Latinoamericana. La versión 2006 contó con 2.034 entrevistas.

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Experiencias Internacionales:
Finaliza Seminario de Justicia Civil en Chile

Con el objeto de aportar en la discusión de la reforma de justicia civil chilena, se desarrolló en Santiago, Chile, el día 28 de diciembre de 2006, el Seminario Experiencias Internacionales para la Reforma a la Justicia Civil, organizado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA.

En la ocasión, se presentaron los aspectos más relevantes de la experiencia española, francesa e inglesa en reformas de la justicia civil a través de la experiencia de intercambio que durante octubre de 2006 desarrollaron un grupo de representantes del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y de CEJA durante una visita a esos países.

La actividad se realizó en el marco del programa de acción de intercambio de experiencias del Programa EUROsociAL, iniciativa puesta en marcha por la Oficina de Cooperación EuropeAid, que tuvo como fin el interiorizarse sobre el proceso de reformas a los sistemas de justicia civil que estas naciones han emprendido en los últimos años, cubriendo aspectos tales como los cambios legales, de estructura y gestión que las reformas significaron; los problemas que motivaron estos cambios; los resultados obtenidos; las dificultades encontradas durante el proceso, entre otros temas.

El seminario generó un espacio de debate sobre los desarrollos teóricos y las experiencias innovadoras en Europa con el fin de aportar en el contexto de la discusión de la reforma a la justicia civil en Chile.

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Declaración de San José:
Conclusiones de XXIX Cumbre Ordinaria del SICA

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), se dieron cita en la XXIX Cumbre Ordinaria, en la Ciudad de San José, el día 16 de diciembre de 2006, donde firmaron la Declaración de San José ?Hacia el Fortalecimiento de la Institucionalidad Regional?, donde se comprometen con el espíritu, principios y propósitos de la integración centroamericana.

Los presidentes de Belice, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana adoptaron la ?Declaración de San José?, que entre otros asuntos, ratifica la voluntad conjunta de los centroamericanos de adelantar las conversaciones con Europa, cuya primera reunión birregional se espera ocurra durante el primer trimestre de 2007.

Los mandatarios centroamericanos acordaron un formato de negociación de una vocería regional rotativa. De acuerdo con dicho formato, el Consejo Intersectorial de Ministros (conformado por los titulares de Relaciones Exteriores, de Comercio e Integración Económica) es el órgano rector del proceso de negociación centroamericano.

El Acuerdo con la Unión Europea, comprende un eje de Diálogo Político, otro de Cooperación y un tercero de Comercio, que prevé un acuerdo de libre comercio.

Entre los demás temas abordados están: revisión de los mandatos presidenciales, fundación de un ente contralor regional, e integración aduanera.

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Seguridad Ciudadana y la Reforma Procesal Penal

Por Vargas, Juan Enrique (*)

Esta presentación formula algunos comentarios sobre el Ministerio Público y su relación con la seguridad ciudadana en Chile. Para ello se ha seguido, básicamente, el libro ?Desafíos del Ministerio Público Fiscal?, publicado por CEJA en octubre de 2006, que analiza los antecedentes, problemas y desafíos más relevantes que los Ministerios Públicos Fiscales presentan en América Latina. Dicho texto es el resultado del trabajo de seguimiento a las reformas procesales penales que en varios países de las Américas emprendió CEJA desde el año 2000. Fue elaborado centralizadamente por un equipo de profesionales del área de justicia criminal del referido Centro, y contó con la validación de expertos de varios países de la región, quienes lo analizaron, comentaron y enriquecieron. Posteriormente, el estudio fue presentado en un seminario internacional, en diciembre de 2005 en Mar del Plata, Argentina, ante expertos de toda América Latina.

El estudio da cuenta de un primer nivel de problemas bastante básicos y graves que afectan a una porción no desdeñable de países de la región. Se trata de Ministerios Públicos que no han logrado un nivel mínimo de desarrollo institucional, que permita situarlos como actores independientes frente al poder político, con poder autónomo y capacidad de asumir sus funciones más elementales con independencia.

Aún más común que lo anterior es encontrar en Latinoamérica fiscalías que no han sido estructuradas ni organizadas en forma adecuada para el cumplimiento de sus cometidos. Siendo así, no logran niveles mínimos de eficiencia. Se trata de organizaciones que adoptan una forma cuasi judicial, formuladas a imagen y semejanza de los antiguos Poderes Judiciales. En muchos países, las oficinas de los fiscales son imposibles de diferenciar de las de los jueces, pese a que las funciones de unos y otros, sobre todo en los sistemas reformados, son completamente diversas. Por eso mismo, también existen fiscales diversos para las distintas instancias con que cuentan los procedimientos, generándose múltiples descoordinaciones entre ellos, que no se ven a sí mismos como parte de una institución que debe actuar coherentemente, sino como funcionarios aislados, dotados de un grado de independencia en su actuar similar al que se otorga a los jueces.

Como nunca se ha completado el ejercicio de entender cuáles son las diferencias entre jueces y fiscales, y como siempre la carrera de los primeros ha sido la dominante y más apetecida, los fiscales han terminado siendo una mala copia de los jueces, siendo su función vista como una etapa del camino para llegar, con suerte, a ser jueces. En todo esto, las ideas vinculadas a la gestión ?que hoy advertimos como de la mayor relevancia? han estado ajenas a la discusión, y los temas organizacionales, cuando son tratados, lo son por abogados sin mayores conocimientos en la materia, pues los administradores profesionales brillan por su ausencia en la mayoría de las fiscalías de la región.

Los problemas anteriormente descritos son aquellos que podríamos llamar propios de una ?primera generación?, de la cual muchos países de la región no han podido aún desprenderse. Chile, en cambio, junto a un grupo menos numeroso de países, debe enfrentar problemas más complejos, que podrían denominarse pertenecientes a una ?segunda generación?, pero que, por eso mismo, son más difíciles de abordar. Tales problemas están directamente vinculados al tema de la seguridad ciudadana.

Es necesario advertir que, al hablar del Ministerio Público en Chile como un todo, se está haciendo una simplificación que puede ser injusta con algunas realidades regionales. El modelo chileno, que admite grados significativos de flexibilidad organizacional entre las distintas Fiscalías Regionales, ha llevado a una situación bastante compleja y heterogénea. Por eso, algunas regiones han descubierto y abordado con grados relativos de éxito problemas que en otras regiones todavía ni se plantean. Sin embargo, en lo esencial, creemos que los comentarios que siguen son válidos para la generalidad de la institución.

Esta mesa redonda gira en torno a la pregunta de cuál es la responsabilidad que tiene el nuevo sistema de justicia criminal en el fenómeno de la (in)seguridad ciudadana. En lo relativo al Ministerio Público, la ambigüedad de la respuesta a esa pregunta ?en específico, sobre su papel en esa materia? es la clave para entender los problemas que hoy exhibe la institución. Falta, pues, definir cuál es el Ministerio Público que debería existir en Chile. Y hay, por así decirlo, dos modelos en competencia.

En palabras simples, hay un primer modelo en el que los fiscales son abogados que aplican el derecho; que hacen lo que el derecho les dice respecto de qué tienen que hacer en cada caso específico; que actúan una vez que el delito se ha cometido y que, por lo tanto, no tienen ninguna responsabilidad frente al fenómeno delictivo.

Y hay un segundo modelo competitivo, más cercano al mundo anglosajón, en el cual se parte por reconocer que el Ministerio Público tiene una variedad de instrumentos que le permiten operar estratégicamente. Esto significa que el Ministerio Público, en el marco de la ley, lo que hace, por definición, es tomar decisiones entre diversos caminos alternativos. Esas decisiones no sólo afectan la persecución del delito sino en forma más general la ?decisión? de delinquir que toman los delincuentes. Desde esta perspectiva, el Ministerio Público puede tener una gran influencia en los temas de seguridad ciudadana.

Mirado el tema desde otra perspectiva, puede afirmarse que la reforma procesal penal chilena ha funcionado muy bien para los delitos graves. Sin embargo, ha tenido problemas para hacerse cargo de una gran masa de casos leves. Existe la sensación de que estos casos, que son el grueso que entra al sistema, no son bien abordados.

En este sentido, otra problemática que incide en la seguridad ciudadana es la relación entre el Ministerio Público y las organizaciones policiales. Hoy, existen todavía indefiniciones importantes entre el rol de los fiscales y el de los policías, que atenta contra la idea de un equipo de trabajo formado entre ambas instituciones, con la misión de esclarecer y sancionar los delitos.

Otro problema que tiene repercusión en la eficacia del trabajo del Ministerio Público es la gran heterogeneidad que existe en el modo de funcionar de las distintas fiscalías. Una gran fortaleza del Ministerio Público, en sus inicios ?como antes lo señalamos?, fue que cada Fiscalía Regional pudo probar distintos modelos de organización, diseñar su propio sistema de funcionamiento y gestión, y modificarlo cuantas veces lo estimare conveniente, lo que le dio vitalidad al sistema, y gracias a ello se consiguieron grados sorprendentes de innovación. Sin embargo, a más de seis años de la reforma en el país, deberíamos saber ya qué modelos funcionan y cuáles no, para poder tomar las mejores iniciativas y extenderlas a toda la institución.

Pero volvamos a la importancia de dar un nuevo rol a los fiscales. El fiscal tiene un papel claro en la persecución del delito y, tradicionalmente, se ha pensado que hasta allí llega su función, no teniendo, por ejemplo, mayor compromiso ni responsabilidad con las tareas de prevención o rehabilitación. Sin embargo, el problema es que estas distinciones ?por ejemplo, entre prevención y persecución? pierden relevancia a pasos agigantados, de la mano de las nuevas estrategias para afrontar los problemas de seguridad ciudadana. Cualquier política en materia de prevención, para ser eficaz, requiere necesariamente una coordinación estrecha con la de persecución, de tal modo de ir acompañada de una amenaza creíble del uso del aparato represivo en caso de quebrantamiento.

En términos más amplios aún, sostenemos que el trabajo de un fiscal no debería consistir solamente en perseguir el delito, sino en pensar su trabajo de manera mucho más integral. Esto se llama, comúnmente, ?persecución penal inteligente o estratégica?, e implica hacerse cargo de un problema delictivo.

La forma alternativa de aproximación sería reunir información, para ver si se está frente a un robo anecdótico o ante un problema delictivo, constituido por el robo sistemático de radios de autos en un determinado sector o por una determinada banda. Si es esto último, podría coordinadamente con la policía y actores sociales el diseño de una política destinada a desbaratar a esa banda directa o indirectamente, atacando al mercado de reducidores que le da vida y que permite que se sustente. Si los fiscales actúan de esta última manera, atacando un delito habitual en sus cimientos, la distinción entre prevención y persecución penal tiende a desaparecer, ya que forman parte de un mismo conjunto de políticas. En Chile ya existen experiencias interesantes de trabajo en esta dirección, pero todavía son minoritarias y no siempre cuentan con un claro y decidido apoyo la dirección de la institución.

Hoy existe consenso sobre que, así como la delincuencia tiene un componente objetivo, relacionado con el volumen de delitos, también tiene un componente subjetivo, que se basa en la percepción de temor frente al delito. Por eso mismo, se podría esperar que el Ministerio Público aborde también este segundo enfoque mediante una política comunicacional adecuada, que implique transmitir determinada imagen de seguridad a la ciudadanía.

Considero que esto no ha sido suficientemente transmitido, y si se les pregunta a los fiscales, muchos no tienen claro que su trabajo es fundamental para contrarrestar la inseguridad ciudadana. Éste es un asunto complejo, que tiene directa relación con el Ministerio Público y con su posible contribución a la seguridad ciudadana. Una forma adecuada para abordarlo implicar alinear las metas e incentivos en el Ministerio Público en función de cuánto están contribuyendo la institución en general y, cada fiscal en particular, a la seguridad ciudadana.

(*) Director Ejecutivo CEJA, Abogado y Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

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La Policía de Investigación Criminal. Fundamentos, Racionalidad y Operación

Andrés Domínguez Vial, Editorial Gobierno del Estado de Chihuahua, 600 páginas

Por Nataly Ponce Chauca(*)

Uno de los procesos más importante que han conllevado los fenómenos de democratización en diversos países de América Latina a partir de los años 90s, es el inicio de reformas o modernizaciones en la gestión del Estado, cuyo propósito final es lograr la institucionalidad necesaria para garantizar la sostenibilidad de la democracia en la región. Hoy, varios elementos propios de la generación de políticas públicas orientan la gestión de los Estados latinoamericanos; sin embargo, existen dos áreas donde las reformas vienen siendo más lentas y complejas. Nos referimos a las áreas judicial y policial, las cuales vuelven a ser foco de atención y estudio, en esta oportunidad, bajo las exigencias del modelo acusatorio que intenta afianzarse en las Américas.

El profesor y policía investigador chileno Andrés Domínguez nos ofrece el libro ?La Policía de Investigación Criminal. Fundamentos, Racionalidad y Operación?, donde, con cuidadoso detalle, analiza las instituciones policiales latinoamericanas y sus retos frente al nuevo modelo procesal penal. Consideramos que el primer gran valor de este material es el enfoque histórico-político aplicado para analizar la actual situación y retos de las Policías, perspectiva que es enriquecida con planteamientos extraídos de la doctrina jurídica y policial y con comentarios derivados de la reconocida experiencia profesional del autor. En este sentido, una primera conclusión que este libro nos lleva a arribar es que, si bien los problemas de las organizaciones policiales se vincularían con la compleja naturaleza y misiones que les corresponde desempeñar en las sociedades, su origen central se encontraría en los procesos históricos que éstas han presentado en cada país. Determinadas características de las instituciones policiales ?tradicionales? estarían aún vigentes en algunas de las actuales Policías de América Latina, como la multiplicidad de funciones sin estructuras o desarrollos organizacionales que las soporten adecuadamente, la identificación de la disciplina con la militarización y una visión pragmática antes que dirigida hacia resultados, entre otras.

Pero el autor no sólo aborda el pasado y presente de las Policías, sino que fundamentalmente brinda un panorama integral sobre los principales sustentos y la lógica que debe primar para desarrollar y estudiar la operatividad policial bajo el sistema acusatorio. Entre otros temas, plantea la valorización del método científico de la pesquisa policial sustentada en el derecho, la criminología y la criminalística y el enfoque interdisciplinario que el trabajo policial moderno requiere para establecer la verdad del fenómeno criminal. Esto último se concibe como la ?comunidad civil de investigación criminal?, en donde la alianza entre las instituciones policiales y los Ministerios Públicos se concreta en la ruptura de la verticalidad característica del sistema inquisitivo, para dar lugar a la desformalización y horizontalidad en las relaciones interinstitucionales basadas en el respeto de los ?capitales de acción? de cada organización.

Específicamente sobre la operatividad policial bajo el modelo adversarial, el autor destaca que mediante la actividad investigativa, los policías construyen las pruebas que el Ministerio Público ofrecerá ante los jueces y que serán objeto de controversia por los defensores durante el juicio. Ello exige una racionalidad policial moderna, que además de cumplir la legalidad en sus procedimientos y prácticas -lógica que primó bajo el sistema de prueba legal o tasada-, interiorice que con el nuevo modelo procesal penal opera bajo el sistema de libertad de prueba, donde ésta última es entendida como el conjunto de argumentos que pueden sustentarse con elementos introducidos al proceso durante la etapa de investigación que sirven para descubrir la verdad de los hechos alegados en la acusación. Así, ?probar? significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho, bajo el principio de la presunción de inocencia del imputado, lo cual requiere experticia en los policías y fiscales y apoyo multidisciplinario para ambos.

Otro interesante aporte del libro se relaciona con el rol del policía investigador y la importancia de su contacto con la comunidad. Sobre este tema, se sostiene que la hipótesis y la teoría del caso que orientan la investigación policial son principalmente el producto contrastado del aporte que la criminalística y la criminología hacen a la labor policial. El trasfondo criminológico y criminalístico del delito determina la necesidad de que los policías investigadores se encuentren insertos en la comunidad a la que sirven, que sean investigadores criminales y sociales al mismo tiempo; es decir, que sean capaces de descifrar las huellas, indicios y rastros objetivos del hecho en concreto, y de determinar los fenómenos sociales vinculados con el delito, las prácticas que los generan, los perfiles sociales de sus actores y las situaciones que los facilitan.

Con respecto a la organización y dinámica policial, siguiendo su interesante línea de revisión histórica y contextual, Andrés Domínguez abarca las principales diferencias que en el transcurso de la historia han evidenciado los modelos de Inglaterra, Estados Unidos y los países de Europa Continental Central que han inspirado la mayoría de los modelos seguidos en América Latina. A partir de ello y coincidiendo con Alberto Binder, el autor considera que uno de los principales retos del modelo procesal acusatorio en la región es evitar la permanencia de la tradición inquisitiva, en el sentido de que no se reconozca la necesidad de abrir un espacio para el fortalecimiento de una Policía de investigación criminal profesional científica y técnica, que ?con autonomía de sujeto procesal no interviniente pueda aportar a la nueva justicia penal?.

Finalmente, un elemento central del material que se nos entrega se refiere a la construcción operativa de la investigación criminal y los medios de prueba que los policías pueden producir en el marco de dicha investigación. Al respecto, el autor se detiene en los cuatro aspectos que de acuerdo a la doctrina, comprenden la investigación criminal: elemento, órgano, medio y objetivo de la prueba, destacando la importancia de la consideración de la víctima como primer órgano de producción probatoria. Con relación a los medios de prueba se analizan sus diferentes tipos: testimonios, peritajes, reconstrucción del hecho, careos, registros, documentos e informes de distinta naturaleza, incorporando un enriquecedor análisis de las ?formas intrusivas? de la acción policial investigativa, como los informantes y los agentes encubiertos.

En estos momentos en que la Reforma Procesal Penal es una tendencia que cobra cada vez mayor fuerza en las Américas, ?La Policía de Investigación Criminal. Fundamentos, Racionalidad y Operación? constituye un material de consulta obligatorio para los operadores penales y académicos que deseen profundizar conocimientos y fomentar el debate técnico acerca de la función policial en el nuevo modelo procesal penal.

(*) Abogada, master en Estudios Latinoamericanos, investigadora del área de Estudios y Proyectos de CEJA.

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Corporación Excelencia en la Justicia

http://www.cej.org.co

La Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, es una organización colombiana privada sin fines de lucro, que cumplió en diciembre 10 años de existencia. El objetivo de la organización es representar la sociedad civil de modo independiente, con un alto nivel técnico, regida por principios modernos de gestión, con capacidad de influir y promover cambios en la Justicia.

Entre los miembros de la CEJ se cuentan universidades, centros de investigación, agremiaciones, empresas del sector productivo, medios de comunicación y profesionales interesados en motivar la participación ciudadana en la tarea de fortalecer el Sistema de Justicia en Colombia.

En www.cej.org.co se encuentran todos los antecedentes, proyectos y planes de trabajo de la institución además de documentos respectos a temas judiciales. El usuario puede ingresar y participar en el Banco de Buenas Prácticas y conocer los Diálogos de Justicia, que recopilan conversaciones con expertos de temas relevantes para la agenda actual de la justicia Colombiana. El primer Diálogo de Justicia del 2006 fue sobre los incentivos económicos de las acciones populares.

Además a través del sitio se puede ingresar a la Biblioteca Virtual de la Institución, Encuestas, foros y conocer el Boletín virtual.

Página disponible en español.

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Entre las publicaciones ingresadas a la Biblioteca Virtual de CEJA, destacamos:

Título	Principios internacionales sobre la independencia y responsabilidad de jueces, abogados y fiscales
Autor	Comisión Internacional de Juristas
Reseña	El sistema judicial de un país es esencial para la protección de los derechos humanos y las libertades. Los tribunales desempeñan una función fundamental para asegurar que las víctimas o potenciales víctimas de violación de derechos humanos sean protegidas, dispongan de un recurso efectivo y obtengan reparación; que los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos sean llevados ante la justicia y que cualquier sospechoso de haber cometido un delito tenga un juicio justo de acuerdo con las normas internacionales. El sistema judicial es un contrapeso esencial de los demás poderes del gobierno, que asegura que las leyes del poder legislativo y los actos del poder ejecutivo respeten los derechos humanos y el estado de derecho.
Descargar	Guia_Practica_CIJ.pdf  (1242 Kb.)

Título	Diagnóstico de Funcionamiento de la Jurisdicción Civil en conflictos comerciales y administrativos
Autor	Héctor M. Chayer
Reseña	Presentación de Héctor Chayer en el Programa de Administración de Justicia en Bolivia / USAID Componente de Seguridad Jurídica
Descargar	Presentacion_DFJC_Sucre.pdf  (694 Kb.)

Título	Reglamento de elección de Jueces de Paz: Hito de legitimidad democrática en la historia judicial
Autor	Jorge Fernando Bazán Cerdán
Reseña	El jueves 30 de noviembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial ?El Peruano? el Reglamento de Elección de Jueces de Paz, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de la Resolución Administrativa N° 139-2006-CE-PJ. La aprobación del Reglamento de Elección de Jueces de Paz constituye un hito importante en la historia judicial del país, en la medida que su adecuada aplicación se oriente a garantizar la participación directa y democrática de los ciudadanos en los ámbitos territoriales donde se ubiquen los Juzgados de Paz, coadyuve a asegurar la coordinación entre el Poder Judicial y las autoridades (estatales o no) encargadas de convocar y desarrollar los procesos de elección de los Jueces de Paz y de sus Accesitarios, y, en definitiva, porque permita contribuir a fortalecer la legitimidad y credibilidad de los Jueces de Paz de la República del Perú.
Descargar	reglamentoeleccionjuecesdepaz.pdf  (107 Kb.)

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8 de enero del 2007. Santiago, Chile
Seminario Seguridad Ciudadana: Un desafío público-privado

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9 de enero de 2007. Santiago, Chile
Seminario Libertad de Expresión y Nuevo Proceso Penal ¿Una relación conflictiva?

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10 de enero de 2007. Santiago, Chile
Coloquios de Mediación - Mediación Penal, Ventajas, Riesgos y Límites

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22 - 26 de enero de 2007. Salamanca, España
II Foro Iberoamericano de Juristas

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Director Ejecutivo
Juan Enrique Vargas Viancos


Secretario del Consejo Directivo
Francisco Cruz


Capacitación
Mauricio Duce
Coordinador

Claudio Fuentes
Asistente Capacitación


Estudios
Cristián Riego
Director Académico

Nataly Ponce
Investigadora


Gestión e Información
Cristián Hernández
Coordinador


AREAS DE APOYO

Comunicaciones y Relaciones Públicas
Ximena Catalán Ancic
Coordinadora

Andrea Cabezón
Encargada de Prensa

Sandra Araneda Jofré
Digitadora - Asistente de Área


Centro de Información Virtual
Alejandro Fica
Encargado de Área

Claudio Riveros
Asistente


Administración
Cecilia Torche
Encargado de Área

Contabilidad
Ingrid Alvarez
Contabilidad

Gabriel Correa
Contabilidad


Eventos
Pilar Ávila
Responsable de Área


Traducción
Kate Goldman
Traductora


Secretaría
Pamela Varela


Auxiliares
Soledad Soto
Luis Huichaquelen