Fuente: www.cejamericas.org

TITULARES

Asamblea General de la OEA, gobernabilidad y desarrollo del conocimiento

CAN y PNUD impulsan agenda andina de cohesión social

Protección de Víctimas y testigos será tema de la Primera Reunión Regional de la Asociación Mundial de Fiscales para América Latina

XI Congreso Internacional del CLAD en Guatemala

Ministros de Justicia de las Américas proponen fortalecer vínculos contra el crimen

Cupos limitados:
CEJA y Fundación Carolina convocan a Seminario Interamericano sobre Gobierno Judicial

Ya se encuentran abiertas las inscripciones -sin costo- para participar en el I Seminario Interamericano de Gobierno Judicial, a realizarse los días 26 y 27 de junio en Ciudad de Buenos Aires, Argentina, bajo la organización de la Fundación Carolina y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

El objetivo que persigue la actividad es proponer la discusión en torno a los siguientes temas: problemática del Gobierno Judicial; las Cortes Supremas y las reformas a la justicia en América Latina; la política judicial y la gestión administrativa; la información y el Gobierno Judicial; y la Carrera Judicial, en relación a sus elementos de evaluación, formación y entrenamiento de los jueces.

Con este fin se utilizará una metodología participativa que contempla dos tipos de actividades. La primera estará a cargo de un expositor, quien presentará un tema de manera magistral; y en segundo lugar, se efectuarán paneles de debate, en los cuales estarán presentes expertos tanto de la región, como fuera de ella, para discutir abiertamente los temas, sin presentación de ponencia escrita y con la participación del público.

El seminario está dirigido a jueces, actores del sistema, tomadores de decisiones, miembros de la academia y ONG?s que quieran conocer sobre el tema, con énfasis en quienes tienen proyectos de contribuir al mejoramiento del gobierno judicial en sus países.

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Santo Domingo, República Dominicana:
Asamblea General de la OEA, gobernabilidad y desarrollo del conocimiento

Gobernabilidad y Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento, será el tema central del XXXVI Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, foro que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, del 4 al 6 de junio y que reunirá a los Cancilleres y delegaciones representantes de los 34 países miembros de la organización internacional, observadores de unas 60 naciones y empresarios que participarán en el ?Foro Económico?, que tendrá lugar en el marco de la cumbre.

La cita de tres días, analizará variados temas entre los que destacan: cumplir con las promesas de la Carta Democrática Interamericana para los pueblos de las Américas; promover una cultura democrática; avanzar en la lucha contra las drogas; mejorar las condiciones de los pueblos indígenas; combatir la trata de personas; reforzar el sistema interamericano para la

protección de los derechos humanos; combatir el crimen organizado de pandillas juveniles; intercambiar experiencias en materia de gobierno electrónico y evaluar los avances propuestos para que 2006 fuera el año de la lucha contra la corrupción.

Los ministros participantes firmarán la llamada "Declaración de Santo Domingo: Gobernabilidad y desarrollo en la sociedad del conocimiento", tras un debate del adecuado uso de las tecnologías de la información como "poderosas herramientas contra la pobreza y la corrupción, y una plataforma que garantice el desarrollo, la democracia, la transparencia y la gobernabilidad?, como destacó el canciller dominicano, Carlos Morales Troncoso, al momento de firmar a mediados de marzo el acuerdo correspondiente al Proyecto de Declaración junto con el Secretario General José Miguel Insulza, en la sede de la OEA.

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En Lima, Perú:
CAN y PNUD impulsan agenda andina de cohesión social

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), coordinaron durante abril en Perú una nueva agenda de cooperación, vinculada principalmente con el cumplimiento de las Metas del Milenio de Naciones Unidas.

Las reuniones se celebraron en la sede del organismo andino en Lima, con la participación del secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, Allan Wagner, y la directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Rebeca Grynspan, quienes acordaron avanzar de forma conjunta en el seguimiento de las Metas del Milenio en aspectos vinculados a la integración andina y el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) de la CAN, con el fin de identificar acciones de convergencia comunitaria en materia de políticas sociales.

Asimismo, se evaluaron los tres programas conjuntos de ambos organismos: el sistema sub-regional de propiedad intelectual, la Veeduría de la Secretaría de la CAN para el restablecimiento de la máxima instancia del Poder Judicial en Ecuador y el Programa Agora Democrática.

Al analizar los dos primeros programas, coincidieron en expresar su satisfacción por la conclusión satisfactoria de ambos, en especial, el de la Veeduría de la Secretaría General de la CAN que permitió a la Comunidad Andina contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el Ecuador.

Sobre el Programa AGORA Democrática, del área de fortalecimiento de la gobernabilidad -financiado por AECI a través del PNUD y la Secretaría General de la CAN-, señalaron su importancia de continuar impulsándola, como un instrumento útil para acompañar los procesos de consolidación democrática en la región.

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Julio 2006, Santiago de Chile:
Protección de Víctimas y testigos será tema de la Primera Reunión Regional de la Asociación Mundial de Fiscales para América Latina

Coorganizado por el Ministerio Público de Chile, la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la Asociación Mundial de Fiscales (Internacional Association of Prosecutors - IAP), durante los días 25 al 27 de julio del presente año, se realizará la Primera Reunión Regional de la Asociación Mundial de Fiscales para América Latina, y cuyo tema central será la protección a víctimas y testigos.

Como principal objetivo de la actividad, se busca congregar a fiscales de ministerios públicos de América para conocer, analizar y discutir, en ámbito de la protección de testigos, el desarrollo de programas estatales y/o gubernamentales y procesos de trabajo relativos al tema.

La metodología del evento se basará en sesiones plenarias que girarán en torno a los siguientes temas: programas de protección y modelos de trabajo; ubicación institucional de modelos de protección; y desafíos regionales de cooperación internacional para la protección de testigos. Además, se han programado talleres que versarán sobre los mecanismos de protección durante la investigación, durante el juicio oral y después del mismo; relocalización nacional e internacional como mecanismo de protección; y mecanismos de financiamiento y sistemas de administración financiera de los programas de protección, entre otros.


De los organizadores

El Ministerio Público de Chile es creado en 1999, en el marco de la implementación del nuevo sistema de justicia criminal chileno, que rige de manera gradual desde el año 2000. El MP es el ente encargado -en exclusiva- de la investigación de los delitos. Sobre la base de su investigación, debe ejercer la acción penal pública formulando acusación en contra de los responsables. Además, debe adoptar medidas destinadas a proteger a las víctimas y a los testigos de los delitos.

La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), integra a los Ministerios Públicos de Iberoamerica. Fundada en 1954, sus principales desafíos han sido, estrechar los vínculos de cooperación, solidaridad y enriquecimiento profesional recíprocos entre los Ministerios Públicos de los países miembros; y facilitar la comunicación con los Ministerios Públicos de otros países.

En tanto, la Asociación Internacional de Fiscales es una organización no gubernamental y no política que se constituye como la primera y única entidad mundial de fiscales. Su principal motivo de fundación fue el aumento de los delitos graves transnacionales, entre ellos, el tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude. Entre sus objetivos figura la promoción de una persecución penal justa, eficiente, imparcial y efectiva; y la asistencia internacional a los fiscales en el combate de los crímenes graves u organizados.

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Reforma del Estado y de la Administración Pública:
XI Congreso Internacional del CLAD en Guatemala

El CLAD y el Gobierno de Guatemala, a través de su Comisión Presidencial para la Reforma, Modernización y Fortalecimiento del Estado y de sus Entidades Descentralizadas (COPRE), y del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), desarrollarán en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, que se realizará del 7 al 10 de noviembre de 2006.

El objetivo del Congreso es conformar un espacio de debate e intercambio de experiencias sobre las principales dimensiones del proceso de reforma del Estado y de modernización de la administración y gestión de los asuntos públicos en los países de Iberoamérica y el Caribe.

El programa preliminar del Congreso está estructurado a través de conferencias plenarias y paneles simultáneos referidos a las seis áreas temáticas definidas como prioritarias, cuales son: innovaciones jurídicas para la reforma del Estado y de la administración pública; profesionalización de la función pública; planificación, presupuestación y evaluación por resultados; políticas públicas y modelos de gestión para enfrentar la pobreza y la exclusión; desarrollo local y gestión del territorio; Estado y gobernabilidad democrática.

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Concluida la VI REMJA:
Ministros de Justicia de las Américas proponen fortalecer vínculos contra el crimen

Con una declaración que ratifica la voluntad de 34 países del hemisferio para combatir la delincuencia organizada transnacional, la cooperación judicial internacional y la necesidad de que se adopten acciones conjuntas para combatir los delitos cibernéticos, concluyó este miércoles 26 de abril en Santo Domingo la VI Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas (REMJA), entidad, auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) que se reúne cada dos años desde 1997.

Un documento de nueve páginas recoge los acuerdos de los ministros y procuradores del hemisferio que sesionaron durante tres días. En éste, las autoridades expresaron su constatación de progresos satisfactorios en la elaboración de un proyecto de acción hemisférico contra la delincuencia organizada trasnacional e instaron a los Estados "a continuar avanzando con el fin de que las negociaciones en relación con el mismo se puedan concluir a la brevedad posible?.

Otro aspecto ratificado se refiere a las políticas penitenciarias y carcelarias en el hemisferio, al establecerse un compromiso manifiesto para fortalecer ?el intercambio de información y cooperación entre las autoridades responsables? de diseñar las políticas respecto al sistema carcelario.

En ese sentido quedó explícito el deseo de coordinar jornadas de capacitación y se adelantó la posibilidad de convocar a una segunda reunión a los responsables del área penitenciaria de los países miembros de la OEA, con el fin de debatir y analizar profundamente temas como: la sobrepoblación carcelaria, participación del sector privado en la construcción y mantenimiento de centros de reclusión, la rehabilitación y socialización de los internos, la criminalidad en los centros de reclusión, entre otros aspectos.

Para acceder a resoluciones de la VI REMJA pulse aquí.

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Reforma Procesal Penal y Seguridad Ciudadana. Algunas propuestas para la definición de objetivos y alcances de la justicia penal en materia de seguridad ciudadana

Por Nataly Ponce Chauca (*)

La justicia sigue siendo una de las demandas ciudadanas más fuertes en los países de América Latina, en especial, la que corresponde a la persecución y sanción de los delitos, esto es, la justicia penal.

Con la finalidad de lograr una mayor eficiencia en lo penal, a partir de los años 90 los países latinoamericanos vienen impulsando reformas procesales cuyo propósito es la vigencia de un modelo procesal penal acusatorio que, en base a la contradicción de las partes, respete las garantías del debido proceso y fomente una persecución del delito racional y eficaz, con un rol protagónico de los Ministerios Públicos.

Por otra parte, la seguridad ciudadana es una demanda social que viene cobrando protagonismo en las agendas públicas lo que hace evidente la necesidad de delimitar su naturaleza, así como definir sus relaciones con la justicia penal.

Este artículo tiene como propósito plantear, brevemente, algunas propuestas para la definición de los objetivos y alcances de los operadores del sistema de justicia penal en materia de seguridad ciudadana, específicamente el rol de los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, bajo un enfoque sistémico de ambos conceptos.

En el primer caso, la abundante literatura existente sobre el fracaso de todas aquellas medidas que se concentran únicamente en el tratamiento delictivo mediante estrategias policiales o agravamiento de penas, lleva a la conclusión que la seguridad ciudadana se vincula más con políticas de desarrollo sostenible, estrategias interinstitucionales de prevención, participación comunitaria y sistemas de justicia penal eficientes; en resumen con la vigencia de verdaderas políticas criminales.

Asimismo, la justicia penal también requiere un enfoque sistémico que supere la visión de que sólo los tribunales o jueces son responsables de los éxitos o fracasos en la persecución y sanción de delitos. En consecuencia, a los Poderes Judiciales y particularmente a los Ministerios Públicos les corresponde ámbitos concretos en la seguridad ciudadana, espacios en los cuales pueden incidir. Esta eficacia sostenible requiere de políticas integrales interinstitucionales y multidisciplinarias en aspectos preventivos y de rehabilitación.

Bajo este panorama, a continuación formulamos algunos planteamientos sobre lo que podrían ser los objetivos y ámbitos de intervención de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos en la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta los procesos de reforma procesal penal que vienen implementándose en los países latinoamericanos.


Participación en sistemas interinstitucionales para la seguridad ciudadana

Un primer espacio para el involucramiento de los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos en la problemática de seguridad ciudadana son los comités, consejos o mesas de trabajo que a nivel central o local se vienen conformando, para analizar y formular políticas interinstitucionales frente a la inseguridad en diferentes niveles.

Consideramos que estos espacios brindan posibilidades para que las organizaciones se vinculen no sólo con las entidades policiales, sino también con otros operadores responsables de contribuir en la seguridad ciudadana, tales como municipios, instituciones educativas, redes de apoyo social, la propia comunidad e incluso la sociedad civil organizada o representantes del sector privado.

En este escenario, los jueces y fiscales serán responsables de compartir información relevante y exponer las políticas, logros y dificultades presentadas para la persecución y sanción de los delitos, a efectos de lograr un análisis, propuestas y compromisos interinstitucionales respecto a la problemática delictiva.

Igualmente, estos espacios brindan la oportunidad para que estas instituciones identifiquen las actividades de prevención que podrían ejecutar para un impacto efectivo, tales como capacitación, tareas educativas o diálogo con la comunidad.


Referente de información indispensable para abordar el problema delincuencial

Del punto anterior se deduce que la capacidad de desarrollar información certera sobre la persecución penal y las respuestas judiciales frente al delito es otro aspecto fundamental para la formulación de políticas objetivas de seguridad ciudadana, máxime en los países latinoamericanos cuyos deficientes sistemas de información policial y judicial obstaculizan la formulación de diagnósticos realistas sobre el delito.

Por ende, le corresponde a los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos contar con información fidedigna y actualizada sobre los procesos penales, en especial a los Ministerios Públicos que en el contexto de las reformas procesales penales son responsables de dirigir la investigación y persecución del delito, determinar la carga de trabajo que se judicializará y proteger a las víctimas.

Pero no sólo bastará con que los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos cuenten con adecuados criterios de recolección de información, sino que éstos guarden coherencia y se complementen con los aplicados por otras organizaciones que trabajan en labores de prevención y control del delito.


Eficacia en la persecución y sanción de la delincuencia organizada y los delitos graves

Uno de los objetivos de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos en seguridad ciudadana debe ser la eficiencia en la persecución penal y la sanción de los delitos complejos. Sin bien en algunos países, como Perú o Chile, esos ilícitos no inciden tanto en la percepción de inseguridad como los delitos menores, en general, implican altos costos para la inversión, convivencia democrática y crecimiento de un país.

En este sentido, iniciativas para descubrir, perseguir y sancionar sistemáticamente el terrorismo, crimen organizado, secuestros, graves violaciones a los derechos humanos o corrupción política, entre otros, atacará medularmente la inseguridad pública, con efectos más ambiciosos que la sola percepción de inseguridad.

Por ello la necesidad de fortalecer la coordinación entre los fiscales y policías especializados, así como fomentar la capacitación y adiestramiento de sus recursos humanos, cuestiones indispensables para el éxito en la persecución de los delitos complejos, los mismos que generalmente exigen enfrentar fuertes defensas privadas.

Eficacia en la persecución y sanción de delitos menores a través de salidas alternativas, procesos rápidos y penas alternativas a la prisión

Contrariamente a los objetivos para la persecución penal de los delitos graves o complejos, consideramos que bajo un enfoque sistémico de la seguridad ciudadana, los ilícitos menores deben merecer respuestas rápidas, eficientes y que den señales de no impunidad o ineficiencia de los operadores frente a estos ilícitos.

Por lo tanto, planteamos que para los delitos menores la contribución de los operadores de la justicia penal en materia de seguridad ciudadana se efectúe mediante la aplicación de salidas alternativas a la judicialización -como los acuerdos reparatorios que propugna la reforma procesal penal- o la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos previos a la formulación de la denuncia penal.

Asimismo, de optarse por la vía judicial, el aporte consistirá en la verificación de procesos penales rápidos y con resultados concretos que por un lado satisfagan los intereses de las víctimas y que por otro, conlleven la aplicación efectiva de penas alternativas a la prisión, tales como la prestación de servicios comunitarios.


Eficacia en la protección de las víctimas de delitos

En algunos países de América Latina la reforma procesal penal ha delegado en los Ministerios Públicos la protección de las víctimas y testigos de los delitos. Respecto a esto, a nuestro criterio la contribución en seguridad ciudadana requiere que la ?protección? de las víctimas o testigos se desarrolle en función de la utilidad probatoria de las personas protegidas, como también de la ?protección? de los derechos fundamentales de las víctimas de delitos, especialmente cuando se trata de la integridad física y psicológica de niños o niñas víctimas.

Igualmente, con relación a las víctimas de delitos menores, cuyo nivel de satisfacción puede incidir en la percepción de inseguridad, la contribución de los Ministerios Públicos en materia de seguridad ciudadana se concentraría en brindar calidad en la atención y orientación de las víctimas sobre las salidas alternativas o judiciales aplicables a los casos, a efectos de contrarrestar cualquier sensación de inoperancia de los operadores del sistema de justicia.

(*) Abogada, master en Estudios Latinoamericanos, investigadora del área de Estudios y Proyectos de CEJA.

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Revista Sistemas Judiciales: Gobierno Judicial

Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) e Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Nº 10, año 5, marzo de 2006, 142 páginas.

Por Equipo Editorial Revista Sistemas Judiciales

La existencia de un adecuado sistema de gobierno judicial es clave para el desarrollo de las reformas y el éxito de las políticas públicas judiciales. Podría afirmarse que en esta premisa han acordado los distintos autores que participan del Tema Central de este nuevo número, que aborda el Gobierno judicial. Los primeros tres artículos de la revista son el resultado de una iniciativa de CEJA, que durante 2004 propuso la elaboración de materiales de discusión con la intención de colocar al tema del gobierno de los poderes judiciales en las agendas de los procesos de reforma en los países de la región. Juan Enrique Vargas, Director Ejecutivo de CEJA y codirector de Sistemas Judiciales, escribió el artículo disparador que fue comentado en los trabajos de Alberto Binder y Linn Hammergren. Luego, con el objetivo de profundizar el análisis se organizó un Foro Virtual en el que participó el Comité Editorial de la revista, en la reunión anual conjunta del Comité y el Consejo Directivo del CEJA, cuyo resultado se publica en la sección Debates.

Vargas afirma que "liderar y gestionar el proceso (de reforma) es sin dudas lo que distingue una iniciativa que triunfa de una que fracasa", y advierte sobre la necesidad de una conducción clara y firme de los poderes judiciales que posibilite el trazado y el cumplimiento de metas, y se haga cargo de la administración de cuantiosos recursos, esta última tarea claramente separada de las funciones jurisdiccionales.

Atraviesan el trabajo de Vargas temas íntimamente relacionados al Gobierno Judicial como la independencia del poder judicial, tanto interna como externa; la manera de estructurar la carrera judicial y la necesidad de su existencia; las facultades disciplinarias sobre los jueces; las designaciones y promociones internas; el control de los presupuestos y la administración de los recursos, materiales y humanos, que se han asociado desde algunos sectores a la independencia judicial misma; el funcionamiento de los consejos de la magistratura o judicatura, y los problemas que se han detectado a una década de su generalización en la región; la capacitación de jueces y funcionarios; y la representación política de la rama judicial. Y una de las propuestas centrales del trabajo es ubicar el gobierno judicial en las cortes supremas, y asignar funciones diferenciadas de gobierno a entidades especializadas internas a ella.

Para Binder, la idea de gobierno judicial debe identificarse con la preservación de la independencia de cada uno de los jueces, por lo que disiente con Vargas al afirmar que "todo gobierno judicial debe estar radicalmente separado de las cortes supremas, ya que no existe ninguna razón para que un juez de los Tribunales Superiores ejerza el poder en nombre de los restantes miembros del poder judicial". En este sentido, hace hincapié en la necesidad de diferenciar la presidencia de los poderes judiciales de la de las cortes supremas, proponiendo la democratización de la selección de la primera a través de una votación en la que a cada juez le corresponde un voto. Así, asegura, el presidente tendrá legitimación, margen de maniobra para cumplir las metas trazadas y mayor capacidad para defender con acciones concretas la independencia judicial de todos los jueces.

También advierte Binder que la carrera judicial y la selección no es un tema de gobierno judicial, sino que atañe a todo el sistema político. Hammergren plantea como tesis principal que la justicia, "igual que otros servicios públicos, tiene que planificarse estratégica y dinámicamente". Y afirma que el problema más grave es la falta en casi toda la región de una instancia real de gobierno judicial, ya que será difícil superar las otras funciones sin una instancia responsable de fijar las políticas institucionales globales. La autora enumera una serie de principios o lineamientos a ser tomados en cuenta por cada país en el proceso de hacer su propio diseño, colocando el enfoque en los resultados como el principal dentro de ellos.

Distintos conflictos de los órganos judiciales con otros poderes en varios países de la región han hecho que muchas de estas discusiones en torno al gobierno judicial hayan tomado una desacostumbrada actualidad en la agenda pública. Por ello son representativos los trabajos particulares sobre Argentina y Venezuela de Germán Garavano, juez y consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Consejo Directivo de CEJA; y de Laura Louza Scognamiglio, quien ha trabajado en la modernización del Tribunal Supremo de Justicia y en el Poder Judicial de Venezuela.

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Justicia Viva

http://www.justiciaviva.org.pe

Justicia Viva es un proyecto a cargo del consorcio integrado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Facultad y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Asociación de jueces para la Democracia y la Justicia. Cuenta con el apoyo de USAID, tras haber ganado un concurso público en el área justicia.

El objetivo del Consorcio es promover las condiciones y procesos necesarios que fortalezcan el sistema de justicia, haciéndolo más eficiente y transparente. Esto a través de líneas de acción que lo posicionan como fuente de información e ideas con calidad técnica, además representar un espacio de expresión de la sociedad civil.

En vista de su rol institucional, Justicia Viva actualmente está patrocinando y difundiendo en su sitio, la 7ma Conferencia Anual sobre Asuntos Legales y Políticas Públicas en las Américas, en torno al tema: creando un consenso para la reforma de la justicia en el Perú. El evento, que se realizará en Lima, Perú, el 25 y 26 de mayo de este año, es organizado por la Universidad de Florida, y se enfocará en la reforma de justicia y la autoridad de la ley en las Américas. El registro, materiales y agenda de la conferencia están disponibles en la web: www.law.ufl.edu

www.justiciaviva.org.pe, es un sitio actualizado a diario, donde el usuario puede conocer mayor información institucional. Dentro de Documentos se puede acceder a informes y artículos, reformas legales, publicaciones. En Entrevistas se encuentran análisis de temas y debates. Normas, contempla un compilado tanto de nacionales como internacionales, al igual que Jurisprudencia, sección en la que puede encontrarse jurisprudencia nacional, internacional, además de los informes desde 1994 del relator especial sobre independencia judicial.

Complementan la información concentrada en la página, links nacionales e internacionales, dossier de prensa e indicadores judiciales de gestión, económicos e internacionales.

Página disponible solo en español.

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Entre las publicaciones ingresadas a la Biblioteca Virtual de CEJA, destacamos:

Título	Abusos Policiales - Informe Derechos Humanos 2005
Autor	Universidad Diego Portales - UDP
Reseña	Los apremios ilegítimos ejercidos por la policía han disminuido significativamente en cantidad e intensidad desde 1990. En efecto, es la entrada a la democracia la que genera un mayor nivel de control y un cambio de paradigma en la sociedad y en el funcionamiento de los mecanismos de control y prevención del delito, que se genera por el mejoramiento evidente de las condiciones institucionales y políticas del nuevo régimen.
Descargar	abusos_policiales_udp.pdf  (448 Kb.)

Título	Condiciones Carcelarias - Informe Derechos Humanos 2005
Autor	Universidad Diego Portales - UDP
Reseña	La información contenida en este informe descansa fundamentalmente en tres grandes fuentes: la visista a recintos penitenciarios a que tuvimos acceso a lo largo del país y las entrevistas que sostuvimos con reclusos de cada uno de tales penales.
Descargar	condiciones_udp.pdf  (851 Kb.)

Título	Reformas para Facilitar el Acceso a la Justicia
Autor	Álvaro Ferrandino
Reseña	Los sistemas de administración de justicia en Latinoamérica se encuentran en permanente crisis, producto de una lenta y pesada transición a una verdadera democracia política y económica. Secuelas del ejercicio incontrolado del poder en el pasado, se entronizan aún en el sistema de justicia a través de grupos que constantemente atentan contra su independencia política y financiera, propiciando su descalabro institucional, la impunidad y la deslegitimación y desconfianza de la población, que tardará muchos años en volver a creer que las respuestas judiciales constituyen verdaderas soluciones a sus conflictos sociales.
Descargar	Reformas_Facilitar_Acceso _Justicia.pdf  (198 Kb.)

Título	Jóvenes y delitos en la ciudad de Buenos Aires
Autor	Gustavo González Ferrari
Reseña	La publicación de esta investigación realizada por Gustavo González Ferrari es importante y a la vez oportuna en momentos en que se alzan voces que en nombre de un supuesto "reclamo de la gente" intentan justificar medidas de política criminal tales como aumento de penas, mayores atribuciones a la policía, construcción de más cárceles, reducción de la edad de imputabilidad, todas formas asociadas a un modelo de tolerancia cero que cristaliza una situación de marginalidad y exclusión social, restringiendo los derechos de un vasto sector de la población.
Descargar	Jovenes_y_delito.pdf  (594 Kb.)

Título	Carceles sanas y limpias
Autor	Daniel Petrone
Reseña	Mientras el debate sobre el acuciante cuestión de la inseguridad avanza por diferentes carriles muchas veces inconexos y carentes de coordinación, desde Unidos por la Justicia venimos reclamando la necesidad de promover un abordaje integral del problema. A pesar de los esfuerzos de diferentes grupos y sectores, no parece que se logren avances significativos, sino tan sólo resultados parciales. Una detención resonante, el esclarecimiento de un crimen, una condena, una purga policial, una intervención a un organismo penitenciario, un aumento de penas o una remodelación judicial son en general esfuerzos encomiables aunque inconducentes cuando se intenta dar una verdadera solución a una cuestión tan compleja.
Descargar	Carceles_sanas_limpias.pdf  (590 Kb.)

Título	Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer 2002-2007
Autor	Ministerio Justicia del Perú
Reseña	El plan nacional contra la violencia hacia la mujer se aprobó por Decreto Supremo Nº 017-2001-PROMUDEH, dicho documento técnico de gestión fue elaborado por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Para el desarrollo y ejecución del Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer, se crea una estructura orgánica responsable de la supervisión, monitoreo y evaluación del mismo.
Descargar	plan_nacionalviolenciamujer.pdf  (5103 Kb.)

Título	Jurisprudencia penal vinculante
Autor	Miguel Pérez Arroyo
Reseña	Con la entrada en vigencia del artículo 301-A del Código de Procedimientos penales, según el Decreto Legislativo número 959, del 17 de agosto de 2004 se ha inaugurado en Perú un sistema absolutamente novedoso en lo que se refiere al carácter vinculante de las resoluciones judiciales emitidas en sede suprema, denominadas en el Perú Ejecutorias Supremas.
Descargar	Sentencia_Penal_Vinculante.pdf  (390 Kb.)

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3 y 4 de mayo de 2006. Asunción, Paraguay
Primer Seminario Internacional: Desempeño, Transparencia y Acceso a la Información Judicial

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26 y 27 de junio de 2006. Buenos Aires, Argentina
Seminario Interamericano sobre Gobierno Judicial

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4 y 5 de Mayo. Coihaique, XI Región, Chile
Segundas Jornadas Patagónicas de Derecho Penal Contemporáneo

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25 y 26 de mayo del 2006. Lima, Perú
Séptimo Congreso de la Universidad de Florida sobre Temas Legales y de Políticas Públicas en las Américas

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Director Ejecutivo
Juan Enrique Vargas Viancos

Director Académico
Cristián Riego

Secretario del Consejo Directivo
Francisco Cruz

Capacitación
Mauricio Duce
Coordinador

Alvaro Castro Morales
Asistente Capacitación


Mayra Feddersen
Asistente Capacitación


Estudios
Directora de Programas
Mildred Hartmann


Gestión e Información
Cristián Hernández
Coordinador

AREAS DE APOYO

Prensa y Comunicaciones
Ximena Catalán Ancic
Encargada de Área

Andrea Cabezón
Asistente Prensa

Sandra Araneda Jofré
Digitadora


Centro de Información Virtual
Alejandro Fica
Encargado de Área

Claudio Riveros
Asistente



Administración
Cecilia Torche
Encargado de Área

Contabilidad
Ingrid Alvarez
Contabilidad

Gabriel Correa
Contabilidad

Eventos
Pilar Ávila
Responsable de Área

Traducción
Kate Goldman
Traductora

Secretaría
Pamela Varela


Auxiliares
Soledad Soto
Luis Huichaquelen