TITULARES

Brasil será sede de la séptima Reunión de Negociación de Derechos de los Pueblos Indígenas

Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial de España

Reporte sobre la Justicia en las Américas 2004-2005 es distribuido en toda la región

Arbitraje, Mediación y Evaluación Neutral serán claves en IIº Congreso Internacional de Métodos Alternos

Tercera versión:
Curso Base Instrumentos para la Implementación de un Sistema Acusatorio Oral da inicio al Programa de Capacitación de CEJA

El lunes 3 de abril comienza en Viña del Mar, Quinta Región de Chile, el Curso Base Instrumentos para la Implementación de un Sistema Acusatorio Oral, que corresponde a la primera etapa de la tercera versión del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal, que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) desarrolla con el patrocinio de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA).

El Curso Base, que se extiende hasta el viernes 7 de abril, tiene como objetivo principal transmitir un conjunto de conocimientos y destrezas indispensables para aquellas personas que cumplen -o lo harán en el futuro- roles relevantes en la implementación de procesos de reforma a la Justicia Criminal en América Latina.

Como metas específicas se ha planteado entregar a los alumnos un análisis de las fortalezas y debilidades de los procesos de reforma procesal penal en la región; la presentación de nuevos instrumentos y prácticas para la implementación de las reformas; y mostrar, de manera práctica y mediante visitas, el funcionamiento de un modelo procesal penal oral y acusatorio.

De esta manera, los modelos de organización y gestión en las Defensorías Penales Públicas, Ministerios Públicos, observación en terreno de un sistema reformado, y experiencias específicas de mejoramiento de los procesos reformados en América Latina, serán los principales tópicos a tratar.

En la actividad participan en total 54 personas, entre los que figuran fiscales, defensores investigadores, abogados, docentes y operadores de los sistemas de justicia, entre otros, pertenecientes a 13 países de las Américas. Para participar en el Curso los interesados enfrentaron un proceso de postulación en formado por 192 personas, de las cuales se seleccionó al grupo final.

Más información del curso en www.cejamericas.org

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Brasil será sede de la séptima Reunión de Negociación de Derechos de los Pueblos Indígenas

En la ciudad de Brasilia, Brasil, entre el 21 al 25 de marzo se reunirán los representantes de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de pueblos y organizaciones indígenas de las Américas, que trabajan en el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Mediante una resolución aprobada el viernes 10 de febrero, el Consejo Permanente aceptó el ofrecimiento del gobierno de Brasil, para que Brasilia sea sede de la VII Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos del Grupo de Trabajo encargado de elaborar la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta es la segunda vez que el grupo de trabajo se reúne fuera de la sede de la OEA en Washington, la primera de ellas fue en Antigua Guatemala, en octubre de 2005.

El encuentro de Brasilia desarrollará dos puntos centrales: el primero, finalizar la revisión general del texto consolidado de la Presidencia que fue emitido en junio de 2003, y el segundo, iniciar el ciclo final o de limpieza de los textos que han quedado pendientes.

El séptimo encuentro se cumplirá en seguimiento a la resolución adoptada en junio de 2005 por la Asamblea General de la OEA, en Fort Lauderdale, Florida, en la que los cancilleres de las Américas solicitaron al Consejo Permanente intensificar la realización de reuniones de negociación para una pronta adopción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También en la Ciudad de Brasilia se efectuará un Cónclave de los Pueblos Indígenas de las Américas, del 18 al 20 de marzo.

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Novena Edición:
Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial de España

El 21 de abril vence el plazo para la postulación de cursos comprendidos en la novena versión del Proyecto Aula Iberoamericana del Pleno del Consejo General Poder Judicial de España (CGPJ) para el año 2006 (ver recuadro).

Aula Iberoamericana es un programa de capacitación para jueces y magistrados Iberoamericanos, organizado por el CGPJ de España, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), de la Generalitat de Catalunya, la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de A Coruña, la Fundación Caixa Galicia-Claudio San Martín, y la Fundación "La Caixa".

El programa pretende proporcionar formación técnico-jurídica a magistrados de los países iberoamericanos, y lograr un fortalecimiento de los lazos existentes entre las Magistraturas de las naciones iberoamericanas.

El Proyecto Aula Iberoamericana, nace a petición expresa de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia celebrada en Madrid en 1998.


Para mayor información de inscripciones y cursos escribir a: aulaiberoamericana@cgpj.es o consultar en: www.poderjudicial.es

Para conocer el documento de convocatoria del Programa, descargar aquí.

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Reporte sobre la Justicia en las Américas 2004-2005 es distribuido en toda la región

El Reporte sobre la Justicia en las Américas 2004-2005, segunda edición impresa actualizada, desarrollada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), que recopila información y describe los diversos sistemas de justicia de los países miembros de la organización, esto es, los 34 Estados Miembros de la OEA, ya está disponible para su distribución a través de la región de manera gratuita, previo pago de los costos de envío.

Para acceder a esta edición impresa en sus versiones en inglés y español, es necesario completar el formulario correspondiente, con los datos personales y de destino requeridos. El coste final del envío está calculado en base a una tabla de valores que encontrará adjunto al formulario. La edición del Reporte es limitada y su distribución se realizará hasta agotar stock.

Cabe destacar que el Reporte se encuentra en línea en el sitio web de CEJA e incluye íntegramente los contenidos de la edición impresa, en formato de página HTML.


Antecedentes y contenido del Reporte

El Reporte contiene información estándar de cada país, tal como, la estructura institucional del sector justicia, la descripción de los principales procedimientos, indicadores de productividad y estadísticas generales del sistema, tales como volumen y movimiento de causas, tasa de delitos y población penitenciaria, entre otros.

A la vez, el Reporte en su primer capítulo entrega dos secciones de información comparativa entre los países de la Región. El primero de ellos consigna datos a partir de reportes nacionales, como por ejemplo, el número de jueces y fiscales cada 100 mil habitantes en los países de la Región; la tasa de litigiosidad cada 100 mil personas, o el número de homicidios cada 100 mil habitantes, entre otros datos disponibles. Luego, se presenta un conjunto de indicadores de carácter subjetivo que actualizan la información incluida en el capítulo Indicadores Subjetivos aparecido en el Reporte 2002-2003, en el cual se contienen tópicos respecto al funcionamiento de la justicia y sus respectivos indicadores que miden el Estado de Derecho; control de la corrupción; la protección de los derechos; la voz y accountability, y la opinión pública.

Este trabajo es el resultado del esfuerzo de un equipo integral que trabajó en primer lugar con el relevo de información de los 34 países. Además se contó con la cooperación que prestaron algunas instituciones del sector judicial de los mismos países descritos, quienes respondieron y completaron una matriz de información que CEJA distribuyó por toda la región.

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En mayo, Puerto Rico:
Arbitraje, Mediación y Evaluación Neutral serán claves en IIº Congreso Internacional de Métodos Alternos

Organizado por el Colegio de Abogados y con el auspicio de la Rama Judicial de Puerto Rico, se realizará del 8 al 11 de mayo de 2006, en San Juan, el Segundo Congreso Internacional de Métodos Alternos: Arbitraje, Mediación y Evaluación Neutral.

El objetivo del Congreso es discutir y analizar el desarrollo de los métodos alternos y evaluar el lugar que ocupan en la solución de conflictos y controversias en la región. Con este fin se expondrán experiencias puertorriqueñas y extranjeras por medio de proyectos, legislación y reglamentación.

Durante el Congreso las actividades incluirán talleres, conferencias, reuniones de coordinación, sesiones plenarias y actividades informales de discusión en las que participarán personas distinguidas con experiencia amplia en el campo de los métodos alternos.

Asistirán delegados de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, República Dominicana, México, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Puerto Rico, España y de los Estados Unidos.

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La judicialización penal de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados irregulares en Colombia

Por Carolina Villadiego (*)

En Colombia, el reclutamiento de niños/as menores de 18 años para utilizarlos en el conflicto armado es un delito (Art. 162 C. Penal). A pesar de ello, entre 6.000 y 11.000 menores de edad están vinculados a los grupos armados ilegales del conflicto interno, ya que han sido reclutados ilícitamente por estos grupos. Aquellos entre los 12 y los 18 años que se desvinculan de dichos grupos, no solo son considerados víctimas del conflicto sino también, infractores de la ley penal, por lo que, son judicializados por un juez de menores o promiscuo de familia de acuerdo con los procedimientos de la legislación colombiana vigente.

Durante años se discutió en Colombia sí un niño/a víctima del delito de reclutamiento ilícito podía ser, además, infractor de la ley penal. Por un lado, quienes consideraban que esto no era posible, argumentaban que constituía un contrasentido judicializarlos penalmente por haber participado en el conflicto, cuando su participación en éste, era el resultado de un delito que se cometió contra él. Por otro lado, quienes creían que esto era factible, aducían que si bien su participación en el conflicto era el resultado de un delito del que fue víctima, en el marco de su participación en el mismo, pudo haber cometido delitos graves que deberían ser investigados.

En el 2005, la Corte Constitucional colombiana definió que los niños/as desvinculados de grupos armados ilegales en Colombia, a pesar de ser víctimas del conflicto armado, podían ser judicializados penalmente, debido a los delitos que hubieren podido cometer con ocasión de su participación en el conflicto. (Sentencia C-203 de 2005)

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe realizar algunas preguntas que serán analizadas en el presente escrito. En primera instancia, ¿cuál es en realidad el tratamiento jurídico que reciben los niños y niñas que son judicializados penalmente en Colombia? Además, dado que el Congreso colombiano expidió la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz -que establece que los miembros de los grupos armados ilegales que entreguen menores de edad que han reclutado ilícitamente y que se encuentren en un proceso de negociación con el gobierno, tienen derecho a no perder sus beneficios jurídicos y económicos, a pesar de haber cometido un delito contra el derecho internacional humanitario- vale la pena cuestionarse si ¿es proporcional el trato jurídico que se le brinda a los menores de edad desvinculados de los grupos armados irregulares, respecto del que se le da a los adultos desmovilizados?

En primer lugar, abordemos la judicialización penal de niños y niñas en Colombia. En este punto, lo primero que se debe tener en cuenta es que la Constitución Política estableció que los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano que reconocen derechos humanos, no susceptibles de ser limitados en estados de excepción, son parte integrante de la Constitución, es decir, pertenecen a lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. De esta forma, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pertenece al bloque de constitucionalidad.

Por este motivo, y aún cuando algunos ?operadores? judiciales y administrativos no lo reconozcan, las disposiciones que dicha Convención introduce sobre los menores en conflicto con la ley penal hacen parte de la normativa colombiana. De esta manera, los artículos 37 y 40 de la Convención que establecen las reglas mínimas que se deben tener en cuenta cuando un niño/a cometa una infracción a la ley penal hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Por otro lado, el Código del Menor colombiano dispone que los menores de edad entre los 12 y 18 años, que cometen infracciones a la ley penal deben ser llevados ante un juez de menores o promiscuo de familia para que éste realice un proceso judicial de ?protección?, encaminado a establecer la condición sociofamiliar y personal del niño/a, la gravedad del delito cometido, y determine la medida que se le va a imponer (Art. 204. Código del Menor).

Ahora bien, ¿este proceso judicial de protección, no es en realidad un proceso penal? ¿La medida que se impone por haber cometido un delito, no es en realidad una sanción penal? Independientemente de las discusiones sobre estos puntos, la realidad es que al adolescente que comete una infracción a la ley penal se le tramita en un proceso judicial y el juez, luego de analizar el caso, le impone una sanción que se llama ?medida?. Más allá de las críticas que se hacen a este proceso por la falta de garantías procesales y excesiva discrecionalidad de los jueces para imponer la medida fundamentando su decisión en el ?estudio? de la situación personal y familiar del niño, lo cierto es que el proceso judicial es penal, y la medida, es una sanción ?diferente a la de adultos, pero sanción al fin y al cabo-.

Por esto, en buena hora la Corte Constitucional colombiana dijo claramente que la responsabilidad penal juvenil es constitucional en Colombia. Esto, por supuesto, no quiere decir que la legislación actual no deba ser modificada. Por el contrario, lo que muestra es la plataforma constitucional que tiene la promulgación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil acorde a los postulados de la Convención Internacional sobre los derechos del niño. Además, señala la importancia de modificar el Código del Menor actual, ya que con sus disposiciones -propias de la doctrina de situación irregular-, y la falta de aceptación de algunos jueces de menores y promiscuos de familia sobre la incorporación de la Convención por vía constitucional, no se admite que existe responsabilidad penal juvenil en Colombia.

De esta manera, los adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales no solo son víctimas del delito de reclutamiento ilícito y su participación en el conflicto armado les niega la posibilidad de crecer en un ambiente digno, sino que además, cuando llegan al Estado y tienen derecho a los beneficios jurídicos, (indulto o cesación de procedimiento) se pueden encontrar con ?operadores? judiciales que consideran que su proceso no es penal y por lo tanto, no pueden obtener los beneficios jurídicos de los que trata la Ley 782 de 2002.

Sin embargo, se puede hacer una reflexión mayor: ¿es aceptable que un Estado que dejó que sus niños y niñas fueran reclutados ilícitamente por grupos armados ilegales, considere pertinente judicializarlos penalmente por los posibles delitos que hayan podido cometer durante su participación en el conflicto? La respuesta debe ser debatida y decidida por toda la sociedad colombiana, y no solo por algunas personas que trabajan en la materia o que son ilustres juristas que deciden sobre la constitucionalidad de las normas.

Pero además, los debates deberían tratar de manera seria otra cuestión: la proporcionalidad entre las medidas jurídicas aplicables a los miembros de grupos armados que se desmovilizan en un proceso de negociación, y aquellas aplicables a los niños y niñas desvinculados de dichos grupos. En efecto, la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, estableció en su artículo 64 que ?la entrega de menores por parte de miembros de grupos armados al margen de la ley no será causal de la pérdida de los beneficios a los que se refiere la presente ley y la Ley 782 de 2002?.

Lo anterior, a pesar de que el reclutamiento ilícito de niños/as menores de 18 años es delito en Colombia, que además es penalizado por el Estatuto de la Corte Penal Internacional (ratificado por el Estado colombiano), cuando recae sobre niños/as menores de 15 años.

Aún así, la legislación colombiana recientemente expedida ?Ley 975 de 2005- que da el marco jurídico al proceso de negociación entre el Gobierno y los grupos irregulares, ha previsto que los desmovilizados que entreguen niños/as que se encuentran en sus filas no perderán los beneficios jurídicos a los que tienen derecho (indulto, penas alternativas), mientras que a los niños/as desvinculados, no solo se les deberá iniciar un proceso judicial penal sino que incluso, en caso de comprobarse su participación en delitos no susceptibles de ser indultados, pueden incluso perder sus beneficios jurídicos (cesación de procedimiento).

De esta forma, y aún cuando la Corte Constitucional establece algunos elementos que deben ser considerados por los jueces que tramitan los procesos de los niños y niñas desvinculados, la expedición de la Ley 975 de 2005, genera un mayor desequilibrio entre el trato jurídico que se le brinda a los niños/as desvinculados y el que se le da a los adultos que los han reclutado.

Por ello, se hace necesario recordar que el Estado colombiano ha suscrito instrumentos internacionales que lo obligan a proteger los derechos de la infancia, a restablecerlos cuando éstos han sido vulnerados, y sobretodo, a determinar medidas encaminadas a efectuar dicho restablecimiento sin que éstas puedan ser más gravosas que las que se le aplican a los adultos.

En conclusión, aun cuando la judicialización penal de niños y niñas desvinculados del conflicto armado colombiano es constitucional en Colombia, el trato desequilibrado que se les brinda en la actualidad hace necesario la inclusión de normas acordes con su condición de víctimas del delito de reclutamiento ilícito que, entre otras, considere la posibilidad de no judicialiazarlos penalmente, en razón a que la Convención Internacional sobre los derechos del niño dispone que en los casos de niños/as infractores se deberá tener la menor intervención judicial posible, y además, que los Estados tienen la obligación de restablecer los derechos de los niños víctimas de violaciones a sus derechos.

Para ver el artículo completo clik aquí

(*) Abogada colombiana y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes de Colombia.

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Justicia, Periodismo y Sociedad, una relación controvertida

2005, Damián Alberto Pertile, Argentina, 159 p.

Por Carolina Villadiego(*)

El Poder Judicial de un Estado, al prestar el servicio público de administrar la justicia debe comunicar sus actuaciones a la sociedad en virtud de la publicidad de sus actos. Por esto, el licenciado en relaciones públicas e institucionales Damián Alberto Pertile, señala que existe una estrecha relación entre justicia, periodismo y sociedad, ya que en definitiva, son los medios de comunicación quienes interactúan e informan de forma masiva las decisiones de la justicia.

El libro presenta siete capítulos que ejemplifican la relación de justicia, periodismo y sociedad, donde se destaca: a) la importancia de que el Poder Judicial establezca, de manera seria, políticas comunicacionales para la información adecuada de los asuntos relacionados con la administración de justicia; b) la necesidad de que los medios de comunicación definan parámetros éticos en el tratamiento mediático de la información judicial, y c) el requerimiento de que la sociedad tenga un conocimiento adecuado sobre el funcionamiento del sistema judicial.

De esta forma, en el primer capítulo, el autor establece parámetros de comprensión sobre el acceso a la información pública judicial; y diferencia la comunicación de la actividad administrativa del Poder Judicial y aquella referida a la actividad jurisdiccional propiamente dicha. En este punto, recuerda que la información judicial es pública, salvo aquella expresamente reservada por la ley, como por ejemplo, el acceso de terceros a los expedientes. Este capítulo está íntimamente relacionado con el segundo, ya que en este último Pertile se refiere a la ética en la comunicación judicial, y expone que si bien la información judicial es pública, ésta no puede ser presentada de cualquier manera. Debido a ello, reseña diversos códigos de ética para periodistas latinoamericanos, en los que se destaca la responsabilidad de éstos en la presentación veraz de la información judicial.

Posteriormente, el autor presenta el capítulo de prensa y justicia, en el que se refiere a la necesidad de que exista comunicación, interna y externa, de las diferentes actuaciones del Poder Judicial. Para ello, recomienda la creación de oficinas de prensa en los diferentes Poderes Judiciales que, de manera cualificada, interactúen internamente con los miembros del sistema de justicia, y externamente, con los medios de comunicación entregando una información veraz sobre la labor judicial. Esto se considera necesario, ya que la exposición mediática de algunos casos judiciales -reseñados en el capítulo IV-, en especial, la presentación que los medios realizan de las decisiones judiciales, ha generado grandes controversias en la sociedad.

Adicionalmente, el autor señala la necesidad de una gestión de prensa aplicada al Poder Judicial, con el fin de determinar la forma en la que se expresan los medios de comunicación sobre la justicia, los temas, y la periodicidad con que se reseñan. Igualmente, se refiere a la importancia de la atención del ciudadano que se dirige a ésta, que constituye la expresión para el ciudadano del servicio público de administración de justicia.

Finalmente, la participación en este libro de la abogada y licenciada en comunicación social Maria Carolina Granja, se refleja en el último capítulo, donde se relata la comunicación y la política de transparencia judicial. En éste, ella se refiere a la corrupción como antítesis de la justicia, cita algunas cifras sobre la confianza y la corrupción de instituciones públicas latinoamericanas, incluyendo el Poder Judicial, y reseña aspectos de la política de transparencia para el Poder Judicial de la provincia de Córdoba (Argentina).

En síntesis, el libro presenta herramientas para la comprensión de la relación entre la justicia, la sociedad, y los medios de comunicación, señalando la importancia de una adecuada comunicación entre ellos, y estableciendo, la necesidad de un mejor entendimiento entre unos y otros.

(*) Abogada colombiana y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes de Colombia.

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Especial Poderes Judiciales (2da parte)

Información obtenida del Reporte de la Justicia de las Américas 2004-2005
www.cejamericas.org/reporte


JAMAICA
Corte Suprema de Justicia
www.sc.gov.jm
Sitio web de la Corte Suprema de Justicia de Jamaica. Información sobre jueces, seminarios, leyes, decisiones judiciales y temas relacionados. Programación de la Corte Suprema por semanas. Lista de jueces para ser contactados por e-mail. Disponible solo en inglés.

MÉXICO
Suprema Corte de Justicia de la Nación
www.scjn.gob.mx
A través de su sitio web, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, pone a disposición del usuario el acceso a los informes oficiales generados por la institución con las estadísticas del ingreso y egreso de causas del Pleno y la Primera y Segunda Sala, los procesos de licitación de servicios, diversas publicaciones en materia de justicia; así como la información esencial en cuanto a estructura, conformación y funciones que cumple. Posee una sección de consultas on line, en una base de datos sobre directorios de ministros, jurisprudencia, legislación federal, lista de acuerdos, resúmenes de sesiones, entre otras informaciones. Noticias, comunicados de prensa y vínculos a diversos sitios relacionados. Disponible solo en español.

NICARAGUA
Corte Suprema de Justicia
www.csj.gob.ni
Sitio del Poder Judicial de Nicaragua. Contiene información de jurisprudencia constitucional, publicaciones de los miembros del Poder Judicial y de juristas nicaragüenses. Solo en español.

PANAMÁ
Órgano Judicial
www.organojudicial.gob.pa
Sitio Web del Órgano Judicial. Además de estadísticas sobre carga procesal y movimiento de causas, el sitio provee documentos sobre estructura, atribuciones y funcionarios que componen la judicatura. Incluye información sobre concursos y convocatorias; proyectos en desarrollo e información sobre entidades dependientes como el Instituto de la Defensoría de Oficio. Contiene una explicación de los servicios judiciales, normativa interna y un link que lleva a la página de Transparencia del Órgano Judicial. Asimismo, tiene el link de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Disponible en español.

PARAGUAY
Poder Judicial
www.pj.gov.py
Portal que contiene información institucional, tal como la historia, Ministros, función y composición, deberes y atribuciones, y Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. A través del sitio se puede acceder al Presupuesto 2003, a la lista y mapa de las circunscripciones. Además, se encuentra completa documentación acerca del Centro Internacional de Estudios Judiciales, organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia; la Dirección de Proyectos y Planificación de la Corte Suprema, con su infraestructura y evaluación tripartita. Complementan este sitio el directorio de la Corte Suprema, Fiscalía y Defensoría; enlaces a sitios de derecho, gubernamentales y no gubernamentales, entre otros. Biblioteca, oficina de prensa y contactos. Disponible solo en español.

PERÚ
Poder Judicial de Perú
www.pj.gob.pe
Sitio en español con información institucional: Organización, funciones e historia; guía judicial con las Cortes Judiciales de todas las provincias de Perú; prensa; viaje virtual por el palacio de justicia; ejecutorías supremas por salas de competencia; estadísticas y presupuesto 2005; informaciones de los Centros Juveniles del Poder Judicial y de los Centros de Investigaciones judiciales; glosario de términos jurídicos; eventos, actividades y comunicados oficiales; enlaces, correo y orientaciones al litigante.

REPÚBLICA DOMINICANA
Suprema Corte de Justicia
www.suprema.gov.do
Información institucional sobre el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia. En el sitio se puede encontrar la historia, organigrama, directorio de jueces, resúmenes de prensa, comunicados, boletines judiciales y otras publicaciones. Foros de discusión, eventos, consultas y archivos multimedia. Resoluciones y sentencias. Disponible en español e inglés.

TRINIDAD Y TOBAGO
The Supreme Court of Judicature of Trinidad and Tobago
www.ttlawcourts.org
Sitio del Poder Judicial de Trinidad y Tobago. A través de la página se accede a la información institucional, como la misión, estructura, nombramiento, jueces, directorio y locación de la Corte Suprema y de la Magistratura. Documentación, funcionamiento y organización acerca del Departamento de Administración de Cortes, la Librería Legal, y del Instituto de Educación Judicial. Discursos y Reportes. Magistratura de Trinidad y Tobago. Links y contacto con la institución. Disponible solo en inglés.

URUGUAY
Poder Judicial de Uruguay
www.poderjudicial.gub.uy
Información institucional, datos sobre planificación presupuestal, modernización del sistema de justicia, y un sistema de identificación de expedientes, licitaciones, novedades y publicaciones. Contiene estadísticas desde el año 1999. Disponible solo en español.

VENEZUELA
Tribunal Supremo de Justicia
www.tsj.gov.ve
Sitio en español con información institucional (historia, organización, competencia y funcionamiento del TSJ); jurisprudencia por fecha e índice temático; decisiones por fecha e índice; Gaceta Oficial, notas de prensa y miscelánea; casos y servicios en línea.

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Entre las publicaciones ingresadas a la Biblioteca Virtual de CEJA, destacamos:

Título	Sistemas de Justicia Juvenil: La experiencia comparada Canadá, Estados Unidos, Reino Unido (Inglaterra y Escocia)
Autor	Francisca Werth W.
Reseña	A través de la revisión de los sistemas de justicia juvenil en Canadá, Estados Unidos, Escocia e Inglaterra se pretende aportar a la discusión nacional por medio de la recopilación.
Descargar	just.juvenil_pazciudadana.pdf  (795 Kb.)

Título	Informe Latinobarometro 2005
Autor	Corporación Latinobarometro
Reseña	Entre Mayo y Junio de 1995 se realizó el trabajo de campo de la primera ola de encuestas de América Latina efectuada por Latinobarómetro que incluyó 8 países: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Descargar	latinobarometro.pdf  (899 Kb.)

Título	Acceso a la información en el Sistema Jurídico Chileno
Autor	Pedro Mujica
Reseña	El acceso a la información es considerado como esencial en el logro de objetivos propios de una democracia efectiva. Profundizar en los mecanismos de acceso a información contribuye a darle transparencia y gobernabilidad a la gestión pública. Permite materializar un derecho contenido en la legislación interna y en declaraciones, convenciones y tratados ratificados por el Estado. Un aspecto que otorga gran relevancia al derecho de acceso es su carácter de supuesto indispensable para el ejercicio pleno de otros derechos, ya sean civiles, políticos, sociales o económicos. Corporación Participa - Septiembre 2006
Descargar	accesoinformacionsistemajuridicochileno.pdf  (160 Kb.)

Título	Impulsando a la Sociedad Civil a formar parte de la comunidad de las democracias
Autor	Corporación Participa
Reseña	Publicación que da cuenta de la integración de la sociedad civil a la Comunidad de las Democracias
Descargar	informecorporacionparticipa.pdf  (1132 Kb.)

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3 al 7 de abril. Viña del Mar, Chile
Curso Instrumentos para la Implementación de un Sistema Acusatorio Oral

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16 al 18 de marzo del 2006. Morelia, Michoacán, México
4o Congreso Nacional de Amparo

inicio

24 al 28 de abril del 2006. San Diego, California, Estados Unidos
Trial Skills Academy

inicio

25 y 26 de mayo del 2006. Lima, Perú
Séptimo Congreso de la Universidad de Florida sobre Temas Legales y de Políticas Públicas en las Américas

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Director Ejecutivo
Juan Enrique Vargas Viancos

Director Académico
Cristián Riego

Secretario del Consejo Directivo
Francisco Cruz

Capacitación
Mauricio Duce
Coordinador

Alvaro Castro Morales
Asistente Capacitación


Estudios
Directora de Programas
Mildred Hartmann



Gestión e Información
Cristián Hernández
Coordinador

AREAS DE APOYO

Prensa y Comunicaciones
Ximena Catalán Ancic
Encargada de Área

Andrea Cabezón
Asistente Prensa

Sandra Araneda Jofré
Digitadora


Centro de Información Virtual
Alejandro Fica
Encargado de Área

Claudio Riveros
Asistente


Administración
Cecilia Torche
Encargado de Área

Contabilidad
Ingrid Alvarez
Contabilidad

Gabriel Correa
Contabilidad

Eventos
Pilar Ávila
Responsable de Área

Traducción
Kate Goldman
Traductora

Secretaría
Pamela Varela

Auxiliares
Soledad Soto
Luis Huichaquelen