18 octubre 2017.

 

  • “La renuncia del Procurador General de México, Raúl Cervantes, abre la oportunidad para diseñar una Fiscalía General que garantice su autonomía y efectividad para investigar y perseguir los delitos sin resolver, que tanto preocupan a las mexicanas y mexicanos”, dijo hoy el Director Ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano.

  • Para el organismo, este es el momento para avanzar en un debate de fondo, teniendo en consideración los aportes técnicos que CEJA y otras organizaciones han hecho.

  • “Esperamos que la tramitación legislativa sobre la nueva Fiscalía General, incorpore estos estándares y principios, y no se limite a reproducir la estructura de la actual Procuraduría General de la República”, agregó Arellano.


“La renuncia del Procurador General de México, Raúl Cervantes, abre la oportunidad para diseñar una Fiscalía General que garantice su autonomía y efectividad para investigar y perseguir los delitos sin resolver, que tanto preocupan a las mexicanas y mexicanos”, dijo hoy el Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, Jaime Arellano.

Informó además que CEJA (www.cejamericas.org), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (www.fundacionjusticia.org), y la Fundación para el Debido Proceso (www.dplf.org) han planteado principios que debieran regir la definición del perfil y selección del o la Fiscal General de México, de acuerdo a estándares internacionales. Dichos principios están contenidos en la investigación “Estándares Internacionales sobre la autonomía de los Fiscales y las Fiscalías”, de las instituciones señaladas y publicada recientemente.


“Este es el momento para avanzar en un debate de fondo, teniendo en consideración los aportes técnicos que CEJA y otras organizaciones han hecho”, agregó Arellano.


Se propone al Estado mexicano emplear procedimientos imparciales y criterios objetivos, la elección basada en el mérito más que en requisitos mínimos, y la publicidad del procedimiento, como algunos de los estándares internacionales que deben considerarse. Se trata de garantizar su funcionamiento autónomo y libre de interferencias, señala el estudio.


La investigación, que contó con el apoyo de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) para la revisión final del documento- fue solicitado por el colectivo #FiscalíaqueSirva, formado por más de 300 organizaciones civiles y personas que están impulsando en México la discusión sobre la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía General que sea autónoma y sobre el nombramiento de la máxima autoridad en materia de investigación y persecución de los delitos federales.


El estudio señala que para que el Fiscal General pueda actuar con autonomía e independencia, el procedimiento para su designación no debe verse afectado ni ser influenciado por las preferencias, predilecciones o prejuicios de las autoridades encargadas de adoptar la decisión. Por lo tanto, su nombramiento debe ser el resultado de una evaluación basada exclusivamente en el mérito; es decir, en el cumplimiento de una serie de condiciones que hacen de un(a) candidato(a) una persona idónea para ejercer el cargo.


La definición de ese perfil del fiscal, como la principal herramienta de identificación del mérito, constituye la principal salvaguarda frente a nombramientos que puedan basarse en motivos distintos, pues reduce de manera importante la discrecionalidad de los órganos que intervienen en la selección (Congreso y Poder Ejecutivo Federal en México).


La construcción de ese perfil garantiza que la selección de quien ocupe el cargo se realice considerando la idoneidad de los candidatos. Entre los elementos que integran ese perfil están la alta calidad moral, la independencia, el conocimiento legal sobresaliente, la trayectoria democrática, la experiencia y el conocimiento del sistema de justicia penal, y el conocimiento de los principales desafíos del sistema de procuración de justicia, lo que le permite liderarlos de la mejor manera. La incorporación del perfil en la ley refuerza su carácter normativo y no meramente referencial.


Asimismo, se concluye, el mecanismo debe excluir toda forma de discriminación, generar la confianza de la ciudadanía, el respeto de la judicatura y de las profesiones jurídicas, para lo cual la transparencia y la publicidad del proceso son indispensables.


En ese sentido, una medida fundamental es la realización de una entrevista o evaluación directa de los(as) candidatos(as), de manera individualizada, en una audiencia abierta al público. Dicha audiencia debiera tener por finalidad la evaluación y verificación de lo plasmado en las hojas de vida y otros informes sobre sobre los candidatos(as). Además, se trata de un espacio público para que cualquier persona pueda hacer llegar preguntas y oposiciones, mismas que debieran ser respondidas en la audiencia.


Dichos atributos, aclara el estudio, deben diferenciarse claramente de los requisitos mínimos para acceder al cargo, como edad, profesión, antigüedad del ejercicio, porque no brindan información acerca de quién puede ser la persona más idónea.


“Esperamos que la tramitación legislativa sobre la nueva Fiscalía General, incorpore estos estándares y principios, y no se limite a reproducir la estructura de la actual Procuraduría General de la República”, finalizó Arellano.


Revise el estudio completo aquí