Tucumán, 19 de mayo


Recomendaciones para el diseño de una reforma a la justicia civil en la provincia de Tucumán hizo el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, a la Comisión Interpoderes, formada para estudiar cambios al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. El informe técnico fue presentado por el Coordinador de Estudios y Proyectos de CEJA, Marco Fandiño, y la investigadora de CEJA, Consuelo Ghisolfo, a dicha Comisión, presidida por el legislador Marcelo Caponio.


Cada uno de los miembros de la instancia - integrada por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como también las tres Universidades de la provincia, de los dos Colegios de Abogados y de miembros del Colegio de graduados en Ciencias Económicas de Tucumán- recibirá el documento en los próximos días para complementarlo.

La propuesta recomienda mejoras en seis áreas del funcionamiento actual de la justicia civil y comercial en la provincia, las que según CEJA conforman los ejes principales sobre los que debe elaborarse una reforma al sistema de esa jurisdicción. Estas se relacionan con los mecanismos autocompositivos de solución de conflictos; la organización judicial e infraestructura; la gestión judicial; la capacitación judicial, las tecnologías de la información; y los procedimientos.

El informe fue realizado por el organismo internacional en el marco del desarrollo del proyecto “Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América Latina” que ejecuta CEJA con el apoyo financiero de Goblal Affairs Canada, que entre sus líneas de trabajo considera la elaboración de propuestas de reformas relacionadas a mejoras en los sistemas de justicia civil en la región. Fue así como se inició esta cooperación técnica para apoyar el proceso de reforma a la justicia civil en Tucumán, gestado en abril del año 2016 con la creación de la Comisión Especial para el Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, conocida como la Comisión Interpoderes.

Para elaborar el informe, CEJA realizó 25 entrevistas a funcionarios del sistema de justicia, vocales y magistrados de las distintas Cámaras de Apelaciones, mediadores, académicos, abogados y jueces de paz, quienes proporcionaron información cualitativa sobre el funcionamiento del sistema. Además, se revisó bibliografía sobre el tema y se analizó información estadística proporcionada por algunas instituciones de justicia, como la Dirección de Estadística de la Corte Suprema de la provincia y el Centro de Mediación Judicial. Con ella, se elaboró un diagnóstico del funcionamiento de la justicia civil y sobre eso diseñó la propuesta presentada hoy.

Explicó Marco Fandiño que el objetivo del informe fue “presentar una propuesta de política pública integral que pueda servir a la Comisión para que debata y diseñe una reforma a la justicia civil. Se trata de una propuesta que abarca las dimensiones necesarias para desarrollar una reforma al sistema de justicia civil que sea apropiada, que implique un cambio real en las prácticas y pueda superar los problemas actuales que se viven en la provincia”.
En el documento, de más de 90 páginas, CEJA plantea que para la implementación de una reforma es necesario considerar tres objetivos esenciales, que permitirán dirigir y guiar el desarrollo e implementación de la reforma y serán útiles para medir y evaluar los resultados que se obtengan, y  para evaluar modificaciones posteriores.

El primer objetivo es mejorar el acceso a la Justicia, aspecto deficitario en la provincia, según CEJA, dada la existencia de múltiples barreras para acceder a ella (desconocimiento de derechos y de sus vías formales para protegerlos; barreras geográficas y económicas) y que impiden que los conflictos civiles puedan encontrar efectiva y real solución.

Para superar esto se requiere que la población tenga conocimiento sobre sus derechos, qué opciones tiene ante un conflicto y ante qué autoridad debe recurrir; se recomienda también mejorar los servicios de asistencia jurídica gratuita, que aunque existen en la provincia sufren deficiencias que desmotivan su uso. En este punto se plantea revisar el cómo se distribuyen las instalaciones judiciales en el territorio, las que en Tucumán están muy concentradas.
Asimismo, es necesario, según CEJA, reevaluar la regulación normativa de la justicia civil. Los procesos deben adaptarse a los conflictos que se viven en la provincia y, por otra parte, deben saber cómo hacer frente aquellos conflictos que hasta ahora no han podido ser alcanzados por el sistema. Aquí aparece el uso de procedimientos de pequeñas causas, procesos monitorios y procesos colectivos como herramientas útiles.

Para mejorar el acceso a la justicia es necesario también considerar la instancia de la ejecución de las sentencias en los procesos civiles, porque tras años para obtener una sentenciase inicia otro proceso para llevarla a cabo y velar que se cumpla. Esto es un aspecto deficitario en América Latina, constata CEJA.

También enfatiza la necesidad de las recomendaciones no dicen relación solo con el Poder Judicial, sino también con el uso de mecanismos autocompositivos, los que deben dejar de ser dirigidos a cubrir únicamente la demanda de ciertos grupos, que suelen ser caracterizados como desaventajados y son prácticamente aquellos excluidos del sistema de justicia formal.

Un segundo objetivo es conocer cómo el trabajo puede realizarse de forma eficiente, con mejores resultados y sin que ello signifique un gasto innecesario de recursos; es decir, mejorar la eficiencia del sistema de justicia civil. Para CEJA, el sistema escrito y el cómo se estructura en la provincia, es uno de los grandes obstáculos en la eficiencia del sistema. El trabajo por expediente genera que las labores del tribunal giren en torno a la confección y recolección de cada uno de los escritos presentados, con distintos plazos, donde el juez interviene escasamente y su decisión queda relegada a la sentencia definitiva, que se dictará años después.

CEJA plantea que los conflictos de naturaleza no penal no son homogéneos y abarcan distintas materias, desde aspectos contractuales o societarios, hasta temas familiares. Es así como para estructurar un sistema civil deben considerarse diversas modalidades de resolución de conflictos; los más complejos requerirán de un conocimiento judicial; otros, con menores niveles de controversia, podrán recurrir a uso de los mecanismos autocompositivos para intentar alcanzar acuerdos.

Esto en el contexto de un sistema basado en la oralidad como metodología de trabajo, en que las partes se reúnen en un mismo espacio, donde plantean todos sus puntos de vista, pruebas y apreciaciones, el juez presente aprecia directamente lo planteado, va tomando decisiones menores y luego, finalmente dicta sentencia.

Además, el contar con un sistema de gestión judicial apropiado, que pueda asignar el uso de salas, determinar la disponibilidad de jueces y otros funcionarios para el día de su desarrollo, así como asegurar la comparecencia de las partes y disponer de todo recurso material que sea necesario para el apropiado desarrollo de la audiencia, será trascendental.


El tercer y último objetivo de una política pública integral es aumentar los niveles de seguridad jurídica tanto para el ciudadano que recurre al sistema como para las grandes instituciones o personas jurídicas. CEJA plantea que el sistema de justicia civil de la provincia no ha podido cumplir con esta finalidad. Los fallos suelen ser disímiles entre diversos jueces de un mismo fuero, así como los mismos jueces no mantienen criterios uniformes en sus fallos, lo que genera incertidumbre en la población que no puede prever cuál será el resultado que obtendrá en la sentencia una vez que decida concurrir al sistema. Para ello será necesario, dice CEJA, contar con un sistema lo suficientemente transparente para poder transmitir y dejar ver cómo viene desarrollando su labor, que se muestre abierto a la sociedad y pueda dar cuenta de cómo se resuelven los conflictos sometidos a su conocimiento.