Revista Sistemas Judiciales
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INFORME DE REVISIÓN OPERATIVA DE MEDIANO PLAZO

PROYECTO CIDA No. A-032116
CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMERICAS

Presentado a: Inter-American Program
Americas Branch
Canadian International Development Agency

Por: Paul Chambers
Consultor Superior
Consulting and Audit Canada
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8 DE MARZO DE 2006

 

 

Resumen Ejecutivo

El estado de derecho la aceptación en la sociedad del principio fundamental de que las leyes, más que aquéllos que las promulgan, son la base principal de la toma de decisiones sociales es el pilar del contrato social y de un sistema moderno de gobierno. Para proteger a los ciudadanos contra el uso arbitrario de actos de autoridad estatal o actos de otros fuera de la ley, es esencial contar con un sistema legal predecible con instituciones judiciales justas, accesibles y efectivas. En muchos paí­ses en desarrollo, instituciones legales débiles y la falta de normativa ponen en riesgo el desarrollo y contribuyen a la pobreza.

El proyecto de Reforzamiento Institucional en la Reforma de la Justicia Criminal (ISCJR) financiado por la Americas Branch de CIDA surgió de los compromisos adoptados por Canadá en la Cumbre de las Américas en la Ciudad de Québec respecto de "Justicia, Estado de Derecho y Seguridad Individual", que reconoció que el acceso igualitario a una justicia independiente, imparcial y oportuna es una piedra angular de la democracia y del desarrollo económico y social. La meta del proyecto ISCJR es contribuir al cambio de prácticas en el sistema de justicia penal para lograr una mayor transparencia y eficiencia así­ como mejores condiciones para el respeto a los derechos humanos de mujeres y hombres. El propósito del proyecto ISCJPR es fomentar acercamientos y practicas innovadoras que apunten a resolver problemas concretos en la implementación de reformas de la justicia penal en algunos paí­ses latinoamericanos.

La Revisión Operativa de Mediano Plazo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) del proyecto de Reforzamiento Institucional en la Reforma de la Justicia Criminal (ISCJR) financiado por el CIDA se centró en aspectos claves respecto a los siguientes atributos de la iniciativa:

  • Consistencia con las prioridades de cooperación de CIDA;

  • Contribución a las prioridades de reforma de la justicia penal de los gobiernos nacionales, y

  • Logro de resultados, productos e impactos planificados.

La investigación y el trabajo en terreno para la Revisión Operativa de Mediano Plazo tuvieron lugar entre el 1 y el 25 de Febrero de 2006. El Consultor de la Revisión puso a prueba los resultados del proyecto en Guatemala, Honduras y Bolivia a través de entrevistas con funcionarios canadienses, ex-estudiantes que habí­an terminado los cursos ofrecidos por CEJA, y altos autoridades del sistema judicial de cada paí­s.

Las autoridades canadienses en Guatemala, Honduras y Bolivia no siempre estuvieron plenamente conscientes del rol de CIDA en el financiamiento de CEJA o las actividades de CEJA, pero respaldaron plenamente la participación canadiense y su apoyo a la reforma de la justicia, identificando las mejoras en el sector como un factor crí­tico para una mejor seguridad, dirección, protección de los derechos humanos y la marcha del desarrollo general de cada paí­s. Las entrevistas con otros donantes, ex estudiantes de CEJA y de las autoridades del sistema judicial nacional provocaron respuestas consistentemente positivas acerca del valor de los cursos ofrecidos, el éxito de su replicación en cada paí­s, y el valioso rol desempeñado por CEJA al complementar los esfuerzos de reforma de la justicia nacional con capacitación práctica y apoyo en la investigación.

La metodologí­a de CEJA para replicar los cursos en los paí­ses de origen de los graduados es única y ha demostrado ser altamente costo-efectivo. Se solicita a cada partí­cipe del curso que prepare un documento sobre la forma en que se aplica el contenido del curso a sus circunstancias especí­ficas y de ser de su interés, que presente una propuesta para replicar el curso en su paí­s. Se selecciona una cantidad limitada de las mejores propuestas. En Guatemala, una réplica del curso de capacitación para 48 jueces en Quezaltenango sobre las técnicas básicas del sistema de litigios se presentó al costo de $7.500. La Corte Suprema de Guatemala, responsable de la administración judicial, está ansiosa por obtener el respaldo técnico de CEJA para más cursos de replicación. Después de experiencias de éxito similares, el Presidente de la Corte Suprema de Honduras tiene una larga lista de nuevas propuestas que desea analizar con CEJA. El Director del sistema nacional de defensores píºblicos de Honduras y el Fiscal General de Bolivia desean que CEJA ayude dictando cursos para el nuevo personal profesional. Existe una gran demanda de ayuda del CEJA en los tres paí­ses visitados, todos los cuales participan en programas de reforma de la justicia a gran escala con apoyo internacional.

La estrategia de CEJA para la selección de estudiantes pone gran énfasis en reclutar partí­cipes que sean profesionales en medio del desarrollo de su carrera y relativamente jóvenes, inteligentes, dinámicos y comprometidos con el establecimiento del estado de derecho en sus sociedades. Ellos han formado el núcleo de una red impresionante de generadores de ideas en la esfera judicial latinoamericana, que pasarán a ser la siguiente generación de administradores superiores del sistema de justicia en la región.

CEJA integra en la capacitación sus investigaciones. Los hallazgos de los estudios de género y de personas indí­genas de CEJA fueron utilizados para diseñar nuevos módulos de capacitación que incorporaron estas áreas temáticas en el programa de estudio del curso. CEJA ha invertido fuertemente en tecnologí­a de información y ofrece un curso de aprendizaje ví­a Internet de seis meses. Graduados de este curso, que fueron entrevistados, lo encontraron conveniente, bien diseí±ado y fácil de usar con un acceso expedito a los instructores.

El monitor del proyecto ISCJR habí­a informado previamente que el proyecto estaba bien administrado y produciendo resultados más allá de lo esperado. La Revisión Operativa de Mediano Plazo confirmó sus informes de que CEJA estaba superando las metas originales de resultados del proyecto. CEJA tiene una fuerte administración del programa y de las finanzas y sus operaciones son eficientes y transparentes. Los sistemas de administración financiera y de la información son modernos, capaces de producir informes completos y al dí­a sobre el avance del proyecto y los desembolsos financieros (por actividad, resultados o centro de costos) y capaces de hacer un seguimiento del avance de cada estudiante individual no solamente por curso, sino además por un módulo separado del curso. El aprendizaje es valorizado, incorporándose procesos de retroalimentación / evaluación a los programas de capacitación e investigación, cuyos productos han obtenido reconocimiento a lo largo de América Latina por su alta calidad, relevancia y oportunidad.

CEJA todaví­a es una organización pequeña y joven. Está bien encaminada hacia su consolidación como un centro regional de excelencia, pero como prioridad necesita abordar el desafí­o de su sustentabilidad fiscal de largo plazo. CEJA se constituyó solamente con una base financiera de aportes voluntarios de Estados Miembros. Aunque CEJA ha formado un pequeño fondo de reserva, todaví­a tiene que crear un importante fondo de donaciones. CEJA ha complementado los aportes voluntarios con el financiamiento de donantes para proyectos de cooperación, asistencia técnica de costos recuperables, matriculas, etc., sin embargo, como era de esperar, ha pasado a depender del financiamiento de proyectos de corto plazo provenientes principalmente de EE.UU. y de Canadá (85% de su presupuesto). La dependencia de CEJA del financiamiento de proyectos podrí­a llevar a problemas en la cobertura de los costos centrales y en el largo plazo podrí­an traducirse en la búsqueda de contratos fuera de la competencia central de CEJA para aumentar el flujo de caja. CEJA deberí­a concentrarse sólo en lo que sabe hacer bien.

El Centro ha preparado un plan de financiamiento de largo plazo para la consideración de OEA, el que, una vez aprobado en los próximos meses, deberí­a resolver el dilema fiscal estructural a través de financiamiento institucional de la OEA o de estados miembros y a través de una campaña para obtener un financiamiento más diversificado de más donantes. Esta campaña deberí­a incluir una solicitud de aportes para crear un fondo adecuado de donaciones.

Aunque CIDA necesitará monitorear el avance en el frente fiscal, ha obtenido excelente valor por dinero en sus inversiones en CEJA en un sector en que los donantes bilaterales encuentran difí­cil operar. CIDA deberí­a considerar continuar financiando el Centro, el cual está preparado para proponer a la Agencia un proyecto de mayor plazo y de mayor presupuesto.

Principales Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto ISCJR es consistente con una prioridad clave de desarrollo para los paí­ses latinoamericanos. Los programas de investigación y capacitación de CEJA son apreciados en toda la región. La metodologí­a de capacitación es efectiva y se beneficia con el proceso continuo de evaluación y revisión. Los proyectos que se han replicado multiplican en forma importante el impacto de los programas de capacitación de CEJA.

Los objetivos del proyecto ISCJR son prácticos, relevantes e importantes para el éxito de los programas de reforma a la justicia.

La administración del proyecto ISCJR demuestra altos niveles de eficiencia, efectividad y economí­a.

El ISCJR es un ejemplo sobresaliente del éxito en la cooperación Sur/Sur, que utiliza las experiencias de la reforma judicial de Chile y Argentina como modelos en el diseño de nuevos enfoques a las reformas en otros paí­ses latinoamericanos.

La administración y el control financiero de JSCR, el abastecimiento y la contratación, la selección y evaluación de estudiantes y los sistemas y procedimientos de control de calidad de la investigación y la capacitación son buenos. JSCR está bien administrado y opera en forma eficiente. La administración es dinámica y competente - un raro ejemplo donde ocupación y vocación se reúnen para producir un equipo de profesionales de primer nivel.

El desafí­o de JSCR será abordar su estrecha situación de flujo de caja sin diluir su mandato, tomando actividades fuera de su competencia central en la búsqueda de mayores ingresos (es decir, convertirse en una sociedad consultora). El valor agregado de JSCR es el proporcionar un respaldo continuo a la educación y capacitar profesionales de carrera del sistema de justicia que trabajen en implementar programas de reforma a la justicia en toda América.

CEJA deberí­a continuar evitando la investigación altamente teórica o puramente académica. El programa de investigación de JSCR deberí­a permanecer centrado en identificar los vací­os prácticos del sistema formal de educación legal y preparar a los practicantes de la justicia para sus futuros roles y responsabilidades diseñando cursos de capacitación reparadores que ayuden a superar estas deficiencias en los programas nacionales de educación judicial.

Los principales clientes de CEJA son las autoridades nacionales responsables de implementar la reforma a la justicia en cada uno de los estados miembros del Centro. CEJA deberí­a suscribir contratos con el Poder Legislativo de cada uno de sus paí­ses colaboradores para formalizar esta relación.

CEJA deberí­a continuar consolidando su posición como centro de excelencia y lí­der en los estudios de reforma a la justicia en Latinoamérica y el mundo. CIDA deberí­a estar en condiciones de considerar el continuar con su relación con CEJA, que está preparado para presentar una nueva propuesta a la Agencia. CIDA deberí­a considerar adoptar un aporte de cinco aí±os basado en un programa que brinde la oportunidad de respaldar el conjunto integrado de actividades del programa de JCSA en vez de un conjunto limitado de actividades. Se deberí­a dar prioridad a los paí­ses más pobres y menos desarrollados de la región que son de mayor interés para CIDA.

También serí­a valioso establecer un comité de donantes para analizar la forma de apoyar la implementación de la estrategia de financiamiento de largo plazo de CEJA. En su calidad de uno de los donantes principales de CEJA, Canadá podrí­a considerar tomar un papel principal en el establecimiento de este comité. Canadá en este caso deberí­a incluir a representantes de CIDA, la Misión Canadiense para la OEA y /o DFAIT, y el Ministerio de Justicia. El presupuesto de CIDA normalmente no incluirí­a las evaluaciones de las cuotas o los aportes de los miembros, los que más bien provendrí­an de Becas y Aportes de DFAIT o posiblemente incluso de las principales asignaciones del Ministerio de Justicia de Canadá como es el caso de PAHO (Health Canada) o el Instituto Inter-Americano de Cooperación de Agricultura (Agriculture Canada) donde el ministerio principal del gobierno administre el aporte de Canadá.

 

2009

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2005

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2001

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Informe Trimestral 2001-3 (Julio-Septiembre, 2001)
Informe Trimestral 2001-2 (Abril-Junio, 2001)
Informe Trimestral 2001-1 (Enero-Marzo, 2001)

2000

Informe Trimestral 2000-4 (Octubre-Diciembre, 2000)

 



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Decreto Supremo N°206/2002 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile Promulga Acuerdo con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas

Publicado en el Diario Oficial del 18 de octubre de 2002
Vistos:


El artí­culo 32 Nº17, y 50 Nº1), de la Constitución Polí­tica de la República.

Considerando:

Que con fecha 22 de enero de 2001, se suscribió el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, relativo al establecimiento de la sede del mencionado Centro en Santiago, Chile.

Que dicho Acuerdo fue aprobado por el Congreso Nacional, según consta en el oficio Nú3.857, de 18 de julio de 2002, de la Honorable Cámara de Diputados.

Que se dio cumplimiento a lo dispuesto al párrafo 1 del artí­culo XI del Acuerdo,

Decreto

Artí­culo Único:
Promúlgase el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, suscrito el 22 de enero de 2001, cúmplase y llévese a efecto como ley y publí­quese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.

Anótese, tómese razón, regÍ­strese y publí­quese.- Ricardo Lagos Escobar, Presidente de la República de Chile.- Marí­a Soledad Alvear Valenzuela, Ministra de Relaciones Exteriores.- José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- José Miguel Cruz Sánchez, Embajador, Director General Administrativo.


Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Centro de Estudios de las Américas
Considerando:

Que los Jefes de Estado y de Gobierno en el Plan de Acción adoptado en la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago, Chile, en abril de 1998, acordaron el establecimiento de un Centro de Estudios de Justicia de las Américas, tendiente a facilitar el perfeccionamiento de los recursos humanos, el intercambio de información y otras formas de cooperación técnica en el Hemisferio, de conformidad con los requerimientos especí­ficos de cada paí­s.

Que el Consejo Permanente de la OEA, en abril de 1999, estableció un Grupo Especial encargado de dar cumplimiento a las Recomendaciones de las Reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (en adelante REMJA), cuyo informe fue presentado en la sesión del Consejo Permanente, celebrada el 28 de septiembre de 1999; que concluyó con la aprobación del Proyecto de Estatuto del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Teniendo presente,

La resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos dictada en su Vigésimo Sexto Período Extraordinario de Sesiones, celebrada el 15 de noviembre de 1999, que estableció el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y adoptó su Estatuto. La solicitud del Gobierno de Chile de ser sede de dicho Centro.

Que la III REMJA de conformidad a las facultades que le han sido asignadas en el Estatuto del Centro y teniendo en cuenta la recomendación del Consejo Directivo decidió que la sede del Centro de Estudios de Justicia de las Américas sea establecida en Santiago, Chile.

Por tanto,

El Gobierno de Chile y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas han convenido lo siguiente:

Artí­culo I
Definiciones

Para los efectos del presente Acuerdo, se entiende por:

  1. "Gobierno", al Gobierno de la República de Chile;
  2. "OEA", la Organización de los Estados Americanos;
  3. "Centro", al Centro de Estudios de Justicia de las Américas;
  4. "Programa", al conjunto de actividades que conforme a sus objetivos realiza el Centro;
  5. "Autoridades competentes", a las Autoridades de la República de Chile de conformidad a sus leyes;
  6. "La sede del Centro", a los locales y dependencias, cualquiera sea su propietario, ocupados por el Centro;
  7. "Bienes", a los inmuebles, vehí­culos, derechos fondos en cualquier moneda, haberes, ingresos, otros activos y todo aquello que pueda constituir el patrimonio del Centro;
  8. "Archivos", a los documentos de cualquier naturaleza o en cualquier forma, sean de papel o electrónica, que sean de propiedad o estén en poder del Centro;
  9. "Consejo Directivo", al órgano máximo del Centro, integrado por siete miembros designados por la Asamblea General de la OEA;
  10. "Director Ejecutivo", al responsable del funcionamiento general del Centro, designado por el Consejo Directivo;
  11. "Personal Local", a las personas contratadas localmente por el Director Ejecutivo para tareas profesionales, administrativas o de servicio;
  12. "Personal Internacional", al personal no local contratado por el Director Ejecutivo. Este, a su vez, se distingue en:
    1. Personal Internacional permanente, que es aquel que cumple funciones en Chile en forma continua por un período superior a un año.
    2. Personal Internacional no permanente, que es aquel que cumple funciones en Chile por períodos inferiores a un año.


Artí­culo II
Objetivos del Centro

El Centro tiene como objetivos el facilitar el perfeccionamiento de los recursos humanos, el intercambio de información, el apoyo a los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en la región y otras formas de cooperación técnica en el ámbito de la justicia en el hemisferio, de conformidad con los requerimientos específicos de cada paí­s.

El Centro no podrá ser utilizado de manera incompatible con sus fines y funciones.

Artí­culo III
Capacidad Jurí­dica

El Centro gozará de personalidad jurí­dica en el territorio de la República de Chile y tendrá plena capacidad para:

  • contratar;
  • adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos, y
  • entablar acciones judiciales y administrativas.

La representación legal del Centro será ejercida por el Director Ejecutivo del mismo u otro representante debidamente facultado por el Consejo Directivo.

Artí­culo IV
Inmunidades y Prerrogativas del Centro

El Gobierno concederá al Centro, a su personal, a sus bienes, fondos y haberes las prerrogativas e inmunidades contempladas en este Acuerdo.

Artí­culo V
Facilidades de Orden Financiero

El Centro podrá:

1.-Tener en Chile fondos y divisas de toda clase y abrir y mantener cuentas en cualquier moneda;
2.-Transferir libremente sus fondos o divisas al exterior y dentro o fuera del territorio de la República de Chile.

Artí­culo VI
Exención de Impuestos y Otras Cargas

El Centro, sus bienes y haberes estarán exentos:

1.-De todo impuesto directo. Sin embargo, deberá satisfacer las tasas correspondientes a los servicios públicos de que se beneficie.
2.-De derechos de aduana y de prohibiciones y restricciones a la importación y exportación de artí­culos, publicaciones y bienes destinados a su uso oficial, los que no podrán ser comercializados sin la autorización del Gobierno.
3.-Del pago de ciertas cargas obligatorias, como las cotizaciones del régimen nacional de seguridad social exigibles al empleador, y del registro en dicho régimen del Director Ejecutivo y del personal internacional permanente.

Sin perjuicio de lo anterior, el personal local estará sujeto a la legislación laboral y seguridad social de la República de Chile. El Centro deberá efectuar los aportes previsionales correspondientes a dicho personal.

Artí­culo VII
Locales y Archivos del Centro

La sede, locales y archivos y, en general, todos los documentos del Centro que le pertenezcan o se hallen en su posesión serán inviolables.
No obstante lo anterior, no procederá dar asilo polí­tico.

Artículo VIII
Comunicaciones

El Centro gozará en el territorio de la República de Chile para sus comunicaciones oficiales, tanto nacionales como internacionales:

1.-De un trato no menos favorable que el otorgado por el Gobierno de Chile a cualquiera organización internacional, en materia de tarifas y tasas aplicables a la correspondencia, cablegramas, telegramas, comunicaciones telefónicas y otras, y
2.-Del derecho a despachar y recibir su correspondencia por correo o en valijas especiales que gozarán de las mismas inmunidades y prerrogativas concedidas a los correos y valijas diplomáticas.

Ninguna de las disposiciones del presente artí­culo podrá ser interpretada como prohibitiva de la adopción de medidas de seguridad adecuadas por razones de orden público.

Artí­culo IX
Inmunidades y Privilegios

1.- El Director Ejecutivo y el personal internacional permanente:
a.-Gozarán de inmunidades de jurisdicción en el ejercicio exclusivo de sus funciones oficiales;
b.-Gozarán de exención de impuestos a la renta sobre sueldos, emolumentos e indemnizaciones pagados por el Centro;
c.-Gozarán del derecho de importar, libre de derechos aduaneros y de otros gravámanes, prohibiciones y restricciones sobre la importación, su menaje de casa, incluso un automóvil, al momento de asumir sus cargos en Chile. El mismo régimen se aplicará para la importación de un automóvil para uso del Centro. Para los efectos de la transferencia del automóvil, se aplicarán las normas generales establecidas para el Cuerpo Diplomático residente.
2.-Las inmunidades y prerrogativas acordadas en el presente Acuerdo, se confieren en el interés del Centro para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones. El Centro y su personal cooperarán con las autoridades chilenas para facilitar la acción de la justicia, asegurar la observancia de los reglamentos de policí­a y evitar cualquier abuso en el ejercicio de las inmunidades y prerrogativas reconocidas en el presente Acuerdo.
  • En ningún caso la inmunidad de jurisdicción establecida en la literal a) de este artí­culo, se extenderá a actos que constituyan una infracción o contravención a las normas del tránsito o a la legislación laboral vigentes en Chile.
  • Al personal internacional transitorio le será aplicable lo dispuesto en el literal b) del presente artí­culo.
  • Los miembros del Consejo Directivo, que no sean nacionales del paí­s Sede, gozarán de inmunidad de jurisdicción por las opiniones que emitan en el ejercicio exclusivo de sus funciones, mientras se encuentren en el territorio de Chile.

Artí­culo X
Solución de Controversias

Toda diferencia relativa a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será resuelta por las Partes mediante las consultas pertinentes. Si la diferencia no fuera solucionada mediante tales consultas dentro de los seis meses siguientes al inicio de éstas, cualquiera de las Partes podrá recurrir al arbitraje, decisión que comunicará a la otra Parte por escrito.

El tribunal arbitral deberá constituirse dentro de 30 dí­as después de efectuadas las designaciones a que se refiere el párrafo siguiente. Dentro de dicho plazo, las Partes fijarán la competencia del tribunal y establecerán el procedimiento a que éste se ajustará.

Cada Parte nombrará un árbitro de su elección, y los dos árbitros así­ designados elegirán a un tercero, quien presidirá el tribunal.

En caso que una de las Partes no nombre al árbitro de su elección dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la comunicación a que se refiere el párrafo primero de este artí­culo, la otra Parte podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que haga la designación de dicho árbitro. Las costas serán de cargo de cada Parte.

Artí­culo XI
Disposiciones finales, entrada en vigor y modificación

1.-El presente Acuerdo entrará en vigencia al trigésimo dí­a siguiente hábil a aquél en que el Director Ejecutivo del Centro reciba del Gobierno de Chile la notificación por escrito comunicando que se ha dado cumplimiento a los procedimientos constitucionales chilenos necesarios para su entrada en vigor.
2.-A solicitud de cualquiera de las Partes se podrán celebrar consultas para modificar el presente Acuerdo. Toda modificación se efectuará por mutuo consentimiento de las Partes, las que entrarán en vigor en la misma forma señalada en el párrafo anterior.
3.-El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida. Podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes, mediante notificación por escrito a la otra, con una anticipación de a lo menos seis meses, de su intención de ponerle término. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos y programas en aplicación seguirán hasta su conclusión. En lo que respecta a la disposición de los bienes del Centro, las Partes acordarán un plazo que no podrá exceder de un año para su realización y liquidación. En ambos casos continuarán aplicándose las normas del presente Acuerdo.

Hecho en Santiago, Chile, a los 22 días del mes de enero del año dos mil uno, en cuatro ejemplares en idiomas español e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. Por el Gobierno de Chile, Ministro de Justicia.- Por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Director Ejecutivo.

 

 

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