Según un estudio de ILANUD, entre los años 1978 y 1992, el porcentaje de las personas presas sin condena en quince países de América Latina presentaba un promedio por sobre el 50% del total de la población penitenciaria. En nueve de los países de la región, el promedio llegaba a un 70%. En la práctica, previo a las reformas procesales penales que se han llevado a cabo en la mayoría de los países de la región durante las últimas décadas, la prisión preventiva era la regla general respecto a la situación de las personas privadas de libertad en la región.

Con la reforma procesal penal, se buscó remplazar en la región los sistemas inquisitivos vigentes por modelos procesales de carácter acusatorio. Las reformas procesales han planteado un nuevo esquema normativo que reconoce la presunción de inocencia y que pretende hacer que la prisión durante el proceso sea excepcional y con objetivos puramente cautelares. En este contexto, se introdujo la audiencia como metodología para tomar decisiones judiciales –incluidas las audiencias preliminares para discutir la procedencia de la prisión preventiva–, se regularon normativamente un conjunto amplio de medidas cautelares distintas, y se buscó disminuir el número de persona privadas de libertad sin condena.

Esta área de trabajo se enfoca en los avances y desafíos que se han enfrentado en estos temas, así como en la necesidad de un debate en las audiencias preliminares y la racionalización de las medidas cautelares, para esto último explorando programas de la experiencia comparada como los servicios de antelación al juicio.