DESCRIPCIÓN GENERAL

Producto de una serie de factores como la falta de información, los altos costos económicos (directos e indirectos), la percepción de corrupción, el extremo formalismo, los tiempos de demora, la ubicación geográfica y el origen y estructura misma de los tribunales, el acceso a la justicia aparece lleno de obstáculos para la población. Esto, se acentúa para aquellos grupos más desaventajados o que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, entendiendo por tales aquellos que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Algunas de las causales de vulnerabilidad más comunes en Latinoamérica, y que han sido recogidas en instrumentos como las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, son la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, entre otras. Por supuesto, la concreta determinación de las personas en esta condición dependerá de sus características específicas o incluso de su nivel de desarrollo social y económico.

Esta área de trabajo recoge los distintos mecanismos y estrategias que han sido implementadas en la región en el marco de las reformas a la justicia que han tenido por objeto ampliar el acceso o brindar un servicio judicial que tome en consideración la especial situación de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

OBJETIVOS

Investigar sobre los distintos mecanismos e instituciones implementadas en el marco de reformas a la justicia para ampliar el acceso o brindar servicios judiciales a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

 Levantar información sobre mecanismos implementados en la materia.

Promover y favorecer el intercambiando de buenas prácticas en la materia.