En Guatemala se analizaron los desafíos del Ministerio Público en la región

El desarrollo en los últimos 20 años de procesos de reformas procesales penales en la región ha generado la necesidad de que los Ministerios Públicos modifiquen y re diseñen sus estructuras organizativas para cumplir con las exigencias del nuevo modelo procesal y para adecuarse a los distintas realidades locales.


Estos procesos de cambios y sus desafíos fueron los temas centrales del seminario “Desafíos Actuales del Ministerio Público en América Latina, una Visión sobre la Experiencia de Guatemala”, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas de Guatemala, que se realizó en marzo pasado en Ciudad de Guatemala.

El seminario, fue inaugurado por la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, Valerie Julliand; la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, Claudia Paz y Paz; y el Director Ejecutivo CEJA, Jaime Arellano, quienes coincidieron en la importancia de generar espacios de discusión e intercambio de opiniones y experiencias a nivel regional. La Fiscal de Guatemala resaltó los principales ejes de trabajo de su gestión al frente del Ministerio Público de Guatemala.

El primer panel abordó las experiencias regionales en el desarrollo institucional de los Ministerios Públicos. Erick Juárez consultor CEJA, destacó la necesidad de que los Ministerios Públicos avancen hacia modelos de organización en los cuales las fiscalías se estructuren de modo territorial, se especialicen las unidades en función de los tipos de delitos y se establezcan unidades focalizadas en flujos de casos. Alberto Ayala, Fiscal Regional del Ministerio Público de Chile, destacó la experiencia de su país y la importancia de diseñar mecanismos de control de gestión que muestren permanentemente los indicadores fundamentales del modelo que se ejecuta, para una adecuada toma de decisiones. Leticia Lorenzo, del Poder Judicial de Neuquén, Argentina, abordó la experiencia concreta de Guatemala, resaltando que el MP ha adecuado su estructura institucional según las recomendaciones de CEJA, lo que le ha permitido analizar el fenómeno criminal, optimizar sus recursos y establecer metas claras de política criminal.

En el segundo panel - “Avances en la Atención y Protección de las Víctimas y Testigos”- Alejandro Álvarez, representante del PNUD, destacó que la atención a víctimas es más que un objetivo jurídico-procesal y debe convertirse en un elemento de la política criminal. Puntualizó además que la correcta atención a las víctimas favorece la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia y consiste en un aspecto fundamental alrededor del cual deben organizarse las instituciones. Luis Enrique Manco Yaya, Fiscal Adjunto adscrito a la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Perú, explicó en el año 2004 se estableció un nuevo sistema de asistencia a víctimas y testigos que se ha ido implementando progresivamente en los 24 distritos fiscales, restando Lima y la provincia de El Callao. Destacó que dicha unidad está conformada por un equipo multidisciplinario, integrado por abogados, trabajadores sociales y sociólogos. Jenny Fonseca, representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, abordó los objetivos generales que debiera tener un programa de protección de testigos y las experiencias de Colombia y Guatemala. Sobre esta última, puntualizó que la Oficina de Protección es la responsable del diseño, organización y evaluación del servicio de protección de los sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal. Miriam Domínguez, representante de la Red Metropolitana de Derivación de Atención a la Víctima de Guatemala, explicó que la Red de Derivación de Víctimas agrupa a más de 60 organizaciones y es una experiencia altamente positiva desde el punto de vista de la coordinación interinstitucional y del impacto favorable sobre las víctimas.

El tercer panel, “La Coordinación Interinstitucional en la Investigación Criminal”, contó con la exposición de Luis Chichizola, ex Fiscal General del Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina, quien señaló que el MP debe ser independiente, autónomo y autárquico y que incluso a nivel de varias constituciones en América Latina es llamado a dirigir la investigación. Adela Parra, Subdirectora de Justicia y Gobierno, Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno de Colombia, expuso la experiencia del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, en base a los cuatro ejes estratégicos que tiene: desarrollo institucional y organizacional; gestión de recursos; atención a víctimas y testigos; condiciones operativas específicas para la investigación, juzgamiento y la sanción. Juan Pablo Ríos, asesor del Ministerio de Gobernación de Guatemala, quien explicó la experiencia de coordinación entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público de Guatemala, destacando que Fiscalía y Policía han colaborado en la generación de la coordinación, lo cual ha permitido trabajar estratégicamente y de modo inteligente los fenómenos delictuales más complejos. Jorge Nery Cabrera, Director General del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, relató el trabajo en conjunto que el Instituto Nacional para las Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, realiza con el Ministerio Público, resaltando que el mandato legal no es suficiente para asegurar la coordinación entre las distintas instituciones del sistema de justicia, sino que es necesario generar convenios para hacerlo operativo; pero sobre todo, hacer la coordinación una realidad, aun cuando formalmente no se encuentre consagrada.

El último panel del Seminario fue “Desafíos de la Persecución Penal Moderna: el Análisis del Fenómeno Criminal en Delitos Complejos”. Allí, Alberto Binder Vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Argentina, INECIP, quien hizo referencia a los desafíos para generar instrumentos que permitan avanzar en la modernización del sistema reformado: la construcción de nuevos sistemas de información acerca de la criminalidad; el desarrollo de planes de política criminal específicos; la elaboración de planes de persecución penal; y el rendimiento político-criminal del caso. Walter Espinoza, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Adjunta de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de Costa Rica y Secretario Técnico de la Red de Fiscales Contra el Crimen Organizado, expuso que en su país han organizado el trabajo de la Fiscalía para enfrentar los delitos complejos, coordinados con las policías y suscribiendo conjuntamente la política criminal que se ha determinado. Diego García Yomha, jefe de la Dirección de Análisis Criminal y Persecución Estratégica de la Procuración General de la Nación Argentina, contó que la Procuración General de la Nación ha adoptado un cambio en su organización a partir de la creación de procuradurías específicas y que recientemente se ha creado la Dirección de Análisis Criminal y Persecución Estratégica, la cual enfrenta gran dificultad para levantar datos, por su gran dispersión entre las policías y las fiscalías a nivel local. Cristián Gamboa, Jefe de la Unidad de Análisis de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, abordó el modo en que se debe analizar el fenómeno criminal en los delitos complejos, identificando cuatro ejes: establecer variables generales y específicas; comparar los casos, analizar la estructura criminal y el perfil general.

El panel fue clausurado por Catalina Soberanis, Asesora de la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, quien resaltó los logros que Guatemala ha alcanzado en materia de lucha contra la impunidad. Le siguió Jaime Arellano, Director Ejecutivo de CEJA, quien resaltó la relevancia de incentivar espacios de debate sobre el rol de los Ministerios Públicos, considerando que el trabajo realizado en Guatemala debe ser tomado como una referencia para el resto de los países de America Latina.

 

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